*
/ Darío Pale /
23.12.2023 Xalapa, Ver.-.- A casi diez años de las agresiones sufridas durante una manifestación pacífica, jubiladas y jubilados del estado de Veracruz continúan exigiendo justicia y el fin de la impunidad, tanto por el uso indebido de la fuerza pública como por el presunto desfalco millonario a la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Integrantes del movimiento de jubilados recordaron que, tras haber sostenido pláticas con el Gobierno del Estado en aquel entonces, se ordenó el desalojo de una protesta mediante el uso de la fuerza pública, acción que calificaron como agresiva y ofensiva a la dignidad de los adultos mayores.
Desde ese momento, señalaron, cada año acuden a conmemorar lo ocurrido, al considerar que se trató de una traición por parte del gobierno hacia quienes dedicaron más de 30 años de servicio al estado de Veracruz.
“Fue una agresión directa a la dignidad de las jubiladas y jubilados. Personas de edad avanzada fueron reprimidas injustamente, y eso no puede olvidarse”, expresaron.
Avances en denuncias tras una década
Respecto a las acciones legales emprendidas, informaron que existen dos denuncias interpuestas contra quien resulte responsable. La primera corresponde al uso y disposición ilegal de recursos de la Reserva Técnica del IPE, ocurrida principalmente en 2016, cuando dichos fondos fueron utilizados para el pago de pensiones y gastos operativos del instituto ante la falta de presupuesto asignado por la Secretaría de Finanzas, lo cual calificaron como ilegal.
Detallaron que, tras diez años, la Fiscalía General del Estado emitió una primera determinación en la que consideró que no había delito que perseguir por prescripción; sin embargo, dicha resolución fue impugnada por el movimiento. Posteriormente, un juez determinó que la impugnación era válida y ordenó la reapertura de la investigación, la cual continúa vigente.
Los jubilados subrayaron que el recurso utilizado nunca fue reintegrado al Instituto de Pensiones del Estado, situación que sigue pendiente y que afecta directamente la estabilidad financiera del sistema de pensiones.
La segunda denuncia corresponde a las agresiones derivadas del operativo policiaco ordenado para desalojar la manifestación. En este caso, informaron que recientemente un juez vinculó a proceso a tres mandos policiales de distintas corporaciones, quienes ya se encuentran sujetos a investigación.
Responsabilidades aún por esclarecer
Recordaron que en su momento el entonces secretario de Gobierno, Julio Ríos Alvarado, declaró públicamente haber sido el responsable de ordenar el uso de la fuerza pública; no obstante, hasta ahora la Fiscalía únicamente ha identificado y procesado a mandos operativos, sin determinar responsabilidades políticas de mayor nivel.
Pese a ello, manifestaron un “optimismo moderado”, al considerar que después de una década las investigaciones finalmente comienzan a avanzar, confiando en que los cambios en el Poder Judicial contribuyan a combatir la impunidad.
Daño millonario al Instituto de Pensiones
Sobre el daño patrimonial al IPE, señalaron que existen diversas cifras. Recordaron que el propio director del Instituto declaró recientemente que el quebranto asciende al menos a 2 mil millones de pesos, aunque, de acuerdo con expedientes y análisis del movimiento, el monto total podría alcanzar hasta 10 mil millones de pesos, considerando préstamos, intereses no devueltos y la utilización indebida de la Reserva Técnica.
Exigen respeto y memoria
Los jubilados reiteraron que su lucha no solo busca justicia, sino también sentar un precedente para que las y los trabajadores en activo no enfrenten en el futuro las mismas consecuencias. Asimismo, demandaron respeto a los derechos y la dignidad de las personas adultas mayores.
“Que hayan sido jubilados de edad avanzada quienes resistieron la agresión demuestra la dignidad del pueblo y su capacidad de resistencia”, afirmaron.
Como parte de sus acciones, informaron que están impulsando una iniciativa ante el Congreso local para que el 23 de diciembre sea reconocido oficialmente como el Día de la Dignidad de las Personas Jubiladas en Veracruz, con el objetivo de mantener viva la memoria de lo ocurrido y contribuir a la reparación del daño institucional y social.
Indicaron que la solicitud formal ya fue presentada y que existe una iniciativa en curso, por lo que esperan que el próximo año pueda aprobarse y conmemorarse oficialmente esta fecha en la entidad.
