*
SCJN anunció que los ministros no usarán y devolverán camionetas de lujo tras la presión social que ocasionó el hecho.
*Dicen que las unidades podrían reasignarse a otros jueces que requieran blindaje
25.01.2026.- En medio de un creciente debate sobre transparencia y austeridad en el Poder Judicial, se dio a conocer que un grupo de jueces del denominado Bienestar fue señalado por utilizar camionetas de alta gama por un monto de 20 millones, sin el costo del blindaje, que no fueron adquiridas directamente por ellos, sino asignadas para su servicio.
El escándalo se intensificó al revelarse que las unidades fueron registradas en el estado de Morelos con el propósito de evitar el pago de la tenencia vehicular en la Ciudad de México, donde normalmente deberían cumplir con esa obligación fiscal.
La medida generó decenas de miles de críticas tanto en círculos políticos como en la opinión pública, ya que se considera contradictoria con el discurso de austeridad que se promueve desde el gobierno federal.
Aunque los jueces argumentaron que las camionetas no fueron compradas con recursos propios, sino que forman parte de un esquema de asignación institucional, la polémica se centra en el uso de bienes de lujo y en la aparente evasión de impuestos locales.
El Poder Judicial ha informado que se revisará la situación administrativa de las unidades y que se establecerán lineamientos más estrictos para el uso de vehículos oficiales, con el fin de evitar prácticas que puedan interpretarse como privilegios indebidos.
Organizaciones civiles han pedido que se investigue si hubo irregularidades en el registro de las camionetas y si se incurrió en responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios involucrados.
El tema de los vehículos oficiales ha sido recurrente en México, especialmente en el contexto de las políticas de austeridad impulsadas en los últimos años.
En distintas dependencias se han detectado casos de uso de automóviles de lujo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso oficial y las prácticas cotidianas de los servidores públicos.
En el caso de los jueces del Bienestar, la polémica se suma a otras críticas relacionadas con la creación de nuevas estructuras judiciales y su papel dentro del sistema de justicia.
La utilización de camionetas emplacadas en otro estado para reducir cargas fiscales revive el debate sobre la necesidad de mayor vigilancia en el manejo de recursos públicos y sobre la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos de relevancia en el Poder Judicial.
