Por Yamiri Rodríguez Madrid.
Este jueves 26 de marzo fue negro para dos personajes de la función pública veracruzana: Jorge Winckler Ortiz y Yolli García Álvarez, quienes fungían como Fiscal General del Estado y comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), respectivamente. Al primero, finalmente y después de tanto jaloneo por más de un año, lo lograron destituir del cargo de manera definitiva; la segunda fue aprehendida por presuntos actos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, prácticamente a la hora de haber dejado el cargo.
En el caso del panista, quien había sido nombrado para dicho cargo por un periodo de nueve años, sus días estaban contados desde que perdieron la elección a la gubernatura. Al igual que su antecesor, el priista Luis Ángel Bravo Contreras, fueron las urnas las que marcaron su destino y, en esa férrea persecución en su contra, también podría ir a la cárcel.
Sobre la sudcaliforniana pesan una serie de presuntos señalamientos. De los menos escándalos, está el hecho de que supuestamente los sueldos de los dos consejeros faltantes en el pleno del IVAI, se lo repartían entre los que estaban, como si los más de cien mil pesos mensuales que ganaban fueran insuficientes. Pero hay también quienes afirman que de la bolsa del Instituto pagaba viajes, estadías, choferes y viáticos de sus familiares cada vez que asistía a un congreso o seminario a otra parte del país. Lo cierto es que esto no habría tronado si Yolli García Álvarez no hubiese despertado la furia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Por eso, previo a su salida por término constitucional del encargo, se preparó la solicitud de juicio político contra ella y los otros dos consejeros.
Es una pena que la corrupción, la omisión y demás faltas de los funcionarios, solo se castigue en este estado por móviles personales o políticos. Y vendrán otros casos más…
@YamiriRodriguez
