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23 Agosto 2025.- El juez William Orrick frenó los recortes de Trump a las ciudades santuario en medio de la controversia sobre la politización de los recursos públicos que podría extenderse a otras subvenciones .
El juez federal detuvo el intento de la administración Trump de recorte, una medida que plantea preguntas más amplias sobre la coerción política, la autoridad presupuestaria y las amenazas inminentes al apoyo a la agricultura estadounidense.
El nuevo fallo del juzgador impide que el gobierno de Trump retenga fondos federales de 34 jurisdicciones santuario, calificándola de “coercitiva” e inconstitucional y que atenta contra autonomías locales en esta carrera presidencial por la concentración del poder.
Si bien este fallo representa una victoria para la autonomía local, también es una llamada de atención. La politización de los fondos federales, ya sea para ciudades santuario o para apoyos agrícolas, amenaza la estabilidad a largo plazo de la agricultura estadounidense, especialmente ante las crecientes presiones climáticas y económicas.
La administración Trump ha intensificado la presión sobre los gobiernos estatales y locales para que cumplan con las leyes federales de inmigración, amenazando con retener miles de millones de dólares en subvenciones.
Si bien la batalla legal se centró en las políticas de santuario, los líderes rurales y los actores del sector agrícola están cada vez más preocupados por la posibilidad de que este tipo de amenazas a la financiación ejecutiva se extienda a programas agrícolas vitales , seguros de cosechas y fondos de desarrollo rural, especialmente a medida que los subsidios agrícolas se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor en el marco del presupuesto federal.
“El gobierno federal está utilizando la financiación como arma. Hoy se trata de la inmigración; mañana podría ser la agricultura”, señalan analistas locales.
La orden ejecutiva, impulsada por Trump y ejecutada por la entonces fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem , no solo amenazó a las ciudades santuario sino que también señaló una voluntad más amplia de politizar la distribución de subvenciones federales .
Este precedente alarma a las cooperativas agrícolas, los departamentos estatales de agricultura y las oficinas de extensión universitaria que dependen de las subvenciones del USDA y los fondos de ayuda en caso de desastre .
Con la Ley Agrícola de 2025 aún incierta y el aumento de los costos de los insumos , la estabilidad del apoyo federal es crucial para que los productores puedan gestionar los márgenes ajustados y la volatilidad climática .
El fallo del juez Orrick extiende una orden judicial previa e impide que el Departamento de Justicia y el DHS impongan condiciones migratorias a dos importantes programas de subvenciones federales. Criticó las medidas de la administración, calificándolas de extralimitación inconstitucional, y citó una “amenaza coercitiva” para la gobernanza local .
Esta misma lógica coercitiva es lo que preocupa a los líderes agrícolas. Justo este año, varios condados rurales fueron señalados en un informe del DHS sobre “jurisdicciones incumplidoras”, algunas de las cuales reciben ayuda federal para la conservación y la infraestructura .
“Estas amenazas ejecutivas crean un efecto paralizante en la gobernanza local, especialmente en regiones que dependen del apoyo federal para sobrevivir a sequías, inundaciones y fluctuaciones de los productos básicos”, señaló un economista agrícola de la Universidad Estatal de Kansas.
La administración Trump ha defendido sus acciones como necesarias para la seguridad nacional. Pero a medida que se multiplican las demandas y los tribunales se pronuncian, el sector agrícola sigue siendo una parte involuntaria, pero vulnerable, en este tira y afloja por el poder federal.
El fallo del juez federal William Orrick, permite que 34 ciudades y condados santuario en Estados Unidos continúen con fondos por el momento antes de que sea impugnada la decisión del .
