*En el proceso que se le sigue no hay alusión al feminicidio de la periodista ultimada durante la gestión del amigo del entonces presidente AMLO.
24.03.2026 Baja California – En una audiencia que se prolongó durante varias horas, un juez determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y abuso de poder, descartando por ahora cualquier imputación relacionada con el feminicidio de la periodista Lourdes Maldonado, un caso que marcó la agenda pública por su gravedad y contexto.
Durante la diligencia judicial en el proceso que se le sigue actualmente, la Fiscalía presentó diversos datos de prueba que, a consideración del juez, permiten presumir que el exmandatario incurrió en el uso indebido de recursos públicos y en actos de autoridad fuera del marco legal durante su administración estatal.
Con base en estos elementos, se ordenó su vinculación a proceso, lo que abre la etapa de investigación complementaria.
En el proceso presente, quien acusa directamente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, es la Fiscalía General del Estado de Baja California, a través del Ministerio Público estatal, que llevó el caso ante un juez con base en una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su administración.
La acusación tiene su origen en denuncias impulsadas por el actual gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila, luego de detectar posibles anomalías en el manejo de recursos públicos y en la contratación de proyectos estratégicos, particularmente el relacionado con la empresa Next Energy.
Según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, el exmandatario habría autorizado decisiones administrativas que comprometieron recursos públicos sin sustento legal suficiente, lo que derivó en un posible daño al erario.
Entre los señalamientos se encuentra la aprobación de contratos y pagos millonarios sin que existiera una contraprestación clara o un avance real del proyecto energético.
La parte acusadora sostuvo que, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal en ese momento, Bonilla tenía responsabilidad directa sobre el uso de los recursos públicos y las decisiones de gobierno que ahora están bajo investigación, por lo que se le imputan los delitos de peculado y abuso de poder.
De esta manera, el proceso penal en curso está sustentado exclusivamente en estas acusaciones por presunta corrupción y no en el caso del feminicidio de la periodista Lourdes Maldonado, el cual tiene una línea de investigación distinta.
Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es que en esta resolución no se incluyera ninguna imputación relacionada al amigo de Andrés Manuel López Obrador, con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, pese a que el nombre del exgobernador fue señalado públicamente tras el cobarde crimen.
El caso de la periodista sigue siendo emblemático por las circunstancias en las que ocurrió. Lourdes Maldonado fue asesinada en enero de 2022 en la ciudad de Tijuana, cuando llegaba a su domicilio, apenas días después de haber ganado un litigio laboral contra una empresa vinculada a Jaime Bonilla, tras un proceso legal que se extendió por años
La comunicadora había denunciado previamente conflictos legales y laborales con el exgobernador, caso que llevó a la mañanera del ex presidente López Obrador para solicitar protección, responsabilizando al hoy imputado de lo que pudiera ocurrirle, lo que colocó el foco público sobre una posible relación entre ambos hechos.
El crimen ocurrió poco tiempo después de que Maldonado obtuviera un fallo a su favor en tribunales, lo que desató indignación y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para periodistas en México y sobre la posible existencia de represalias. A pesar de ello, las investigaciones oficiales no han derivado en una imputación directa contra Bonilla por este caso. Y si contra tres delincuentes a los que acusaron de la autoría material del feminicidio quedando en una investigación inconclusa la autoría intelectual
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 han señalado en reiteradas ocasiones la importancia de agotar todas las líneas de investigación en crímenes contra periodistas, incluyendo aquellas que contemplan posibles móviles relacionados con su actividad profesional o conflictos legales.
Asimismo, instancias internacionales como Reporteros Sin Fronteras han advertido que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, por lo que casos como el de Maldonado requieren procesos transparentes y exhaustivos que eviten cualquier margen de impunidad.
La decisión judicial de vincular a proceso a Jaime Bonilla por delitos de carácter administrativo y patrimonial, pero no por el feminicidio de la periodista, ha reavivado el debate público sobre la separación de investigaciones y la necesidad de esclarecer completamente uno de los asesinatos más sensibles de los últimos años.
Mientras tanto, el proceso penal por peculado y abuso de poder continuará su curso, con un plazo para que la Fiscalía fortalezca la acusación y la defensa del exgobernador presente sus argumentos.
En paralelo, el caso de Lourdes Maldonado permanece como una herida abierta en el país, a la espera de justicia plena y del esclarecimiento total de los hechos que rodearon su asesinato.
