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/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Ya pasó un año de la elección judicial. Para evaluar sus efectos hay que comenzar por una distinción básica. En México no existe una sola justicia. Hay una justicia federal y 32 sistemas de justicia local. Tampoco es lo mismo un litigio contra la autoridad que un conflicto entre particulares. La reforma está teniendo efectos distintos en cada ámbito.
La justicia federal, a través del juicio de amparo, ha sido el principal mecanismo para defenderse de la arbitrariedad del poder. Es ahí donde una empresa puede cuestionar una decisión del SAT, un trabajador controvertir al IMSS o una comunidad defenderse de una obra pública. Ésa es la función contramayoritaria de la justicia constitucional: poner límites al poder, incluso cuando ese poder cuenta con respaldo electoral. Para cumplirla no basta con que los jueces conozcan la ley. Necesitan independencia, estabilidad y la certeza de que una sentencia incómoda no destruirá su carrera.
Es justamente ahí donde se percibe con mayor claridad el impacto de la reforma. La Suprema Corte ha dejado de ser un árbitro creíble para muchos. Además, jueces y magistrados federales saben que su permanencia, sus posibilidades profesionales y los procedimientos disciplinarios están inscritos en un nuevo contexto político. No hace falta que les den una instrucción. La subordinación también funciona mediante señales, incentivos y silencios. Cuando el poder político se concentra en una misma mayoría, resulta mucho más difícil que un tribunal se asuma como contrapeso. Por eso hoy cuesta imaginar que alguien pueda ganar un litigio relevante contra el SAT, Aduanas, Pemex, el IMSS u otra institución. No significa que ningún amparo vuelva a concederse. Significa que el nivel de protección y la expectativa de independencia se han reducido significativamente.
El panorama es distinto en los litigios entre particulares. Los conflictos familiares, civiles, mercantiles, laborales casi siempre comienzan y se resuelven, en primera y segunda instancia, ante los poderes judiciales locales. Sólo después pueden llegar a la justicia federal mediante el amparo directo.
La justicia local ha estado históricamente mucho más expuesta al dinero y al poder. En asuntos que involucran cantidades importantes, intereses políticos o actores influyentes, la resolución puede depender de relaciones, presiones o pagos. Al día de hoy, sólo una tercera parte de los jueces locales fue sustituida y únicamente 19 entidades celebraron elecciones en 2025. Los circuitos de poder, las burocracias y las prácticas informales siguen ahí en las 32 entidades federativas. Antes de la reforma, un tribunal federal podía corregir una sentencia local arbitraria, técnicamente deficiente o comprada. Esa protección nunca fue perfecta ni estuvo al alcance de todos. Exigía abogados, tiempo y dinero. Pero establecía un límite externo a los poderes judiciales locales.
Esa tabla de salvación se está debilitando. Entre litigantes existe la percepción de que los tribunales federales están más desorganizados, más sensibles al contexto político y más expuestos a nuevas formas de corrupción. Todavía faltan datos para medir el deterioro. Sin embargo, el resultado de la reforma apunta hacia una justicia local que conserva sus antiguos mecanismos de captura y una justicia federal cada vez menos capaz de corregirlos. Lo malo permanece y el contrapeso se debilita.
México diseñó por décadas un sistema de justicia que sirvió a las élites y no a todos. Fue lento, caro, desigual y distante para la mayoría. Pero la reforma no corrigió esas fallas, más bien debilitó lo que funcionaba para que las élites sintieran alguna protección y dejó inalteradas las estructuras que han hecho inaccesible y disfuncional a la justicia local.
Quizá ahí se encuentre la única oportunidad que deja esta reforma. Al llevar al sistema completo hacia la inviabilidad, nos obliga a pensar en su reconstrucción. No se trata de regresar al Poder Judicial federal como tabla de salvación. Se trata de construir algo que México nunca ha tenido: una justicia local sencilla, profesional, independiente y accesible para todos.