JUSTICIA JUSTICIERA.

Alma Delia Hernández.

“Eres el dueño de tu vida y tus emociones nunca lo olvides, para bien y para mal”. Antoine de Saint-Exupéry (en El Principito).

Uno de los grandes pendientes de todo gobierno es el de la impartición de justicia. Pero no me refiero a la justicia social, esa que se adecua y muta conforme pasan las generaciones y las dinámicas sociales van evolucionando (o involucionando); me refiero a esa justicia que causa amargura y sin sabores a las y los ciudadanos, a la que es cercana a ellos, a la justicia que impacta sobre su cotidianidad.

Aunque no existe un concepto universal y absoluto de lo que es la justicia, hemos optado por alinearla a la idea de que es lo que nosotros mismos merecemos; aunque esto pueda convertirse en algo sumamente subjetivo.

El gran problema con la impartición de justicia es el excesivo “formalismo” de los procesos y lo poco transparentes que estos pueden ser, amén de que los mismos – en muchos casos – no son del conocimiento directo del juez, sino que están bajo el comando y control de funcionarios menores que han encontrado en esa práctica un coto de poder que les genera dividendos. Esto es algo sumamente complicado de erradicar si no existe el compromiso de los abogados y funcionarios judiciales por combatir la impunidad y la corrupción y, por otro lado, tampoco existe el interés de gran parte de los juzgadores para asomarse a los procesos, a los proyectos y, sobre todo, a las circunstancias particulares que vive cada persona que acude a un juzgado en busca de justicia.

Por eso, es agradable escuchar a abogadas y abogados que traen otra idea de la justicia, cuya percepción de los procesos ha cambiado y que se preocupan por las circunstancias particulares de las personas que acuden a un procedimiento jurisdiccional.

Entre los comentarios que esta nueva generación de litigantes surge una constante común entre ellos: la mediación nos facilita todo, permite que las partes de un conflicto se vayan moderadamente conformes, nos reivindica como facilitadores de la justicia y no entorpecedores de la misma y le quita de encima numerosos expedientes a los juzgados, que a la postres se convertirían en rezago y números negativos.

Esta mediación a que se refieren los abogados se imparte a través de Centros de Justicia Alternativa, algunos dependientes del Poder Judicial y otros son operados de manera privada por abogadas y abogados certificados que permiten a las personas alcanzar una resolución en sus conflictos sin necesidad de acudir a procedimientos tortuosos y costosos (a menos que sea necesario).

Los Centros Privados Justicia Alternativa vienen a ser un gran aliado en el combate a la impunidad y a la corrupción en los temas de impartición de justicia; son organismos a los que el Poder Judicial les ha puesto especial cuidado y ya comienzan a caminar, ahora sólo falta que la sociedad civil los conozca y se acerque a ellos.

Quien dice que las cosas no pueden cambiar, pues está claro que están del lado equivocado de la historia. Bien por la Justicia Alternativa.

MI RESTO.
Le entró el Poder Judicial Federal a los Sistemas Anticorrupción.
En los últimos días que ha causado revuelo el tema del Sistema Estatal Anticorrupción a nivel local y en donde ya varias firmas de abogados se han acercado a ofrecer su apoyo y su respaldo en uno de los temas que marcarán la vida jurídica local al defender al Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz del recorte presupuestal del que fue objeto, la Suprema Corte también dio dos manotazos certeros en el tema.

Y es que el Tribunal Superior del país le dio revés a 2 acciones que se estaban perpetrando en Baja California y en la Ciudad de México, ambos sumamente relevantes, exquisitamente argumentativos y, sobre todo, plenamente esperanzadores para los Sistemas Anticorrupción del país y que hoy, además, han unido a toda la comunidad CPC para luchar en su defensa.

Y es que lo que comenzó como un ataque a los Integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción del país, hoy queda evidenciado como una estrategia para debilitar a los propios Sistemas y seguir haciendo de la lucha contra la corrupción un mero discurso.

Los casos de Baja California y Ciudad de México se convirtieron en los más mediáticos, pero ahí están en la lucha ya San Luis Potosí, Chiapas, Campeche y, seguramente, en unos días más Veracruz.

El de Baja California es sumamente revelador, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad había impugnado algunas disposiciones en relación a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, en la que básicamente se disponía que a algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Baja California no se les pagaría pero tampoco podrían ocupar un trabajo que impidiera sus actividades como CPC (¿se les hace conocido?), aspecto que la Corte estableció como violatorio de derechos y contrario al espíritu de los Sistemas Anticorrupción, puesto que tales derivan de una controversia constitucional y son regulados por una Ley General, es decir, una cláusula constitucional obligatoria para todos en esa materia. En tal sentido, la Corte al resolver una Acción de Inconstitucionalidad, da la razón a quienes luchamos por la viabilidad de un Sistema más cercano a la gente, más del pueblo y menos burocrático.

El otro, el de la Ciudad de México, básicamente tiró el Sistema Anticorrupción de la Capital por la falta de seriedad en el proceso legislativo del mismo; esto pone en duda los nombramientos que giran en torno a la creación de dicho Sistema, pues – como ya lo he dicho antes – nacieron con él y podrían estar viciados de legitimidad.

En Veracruz seguimos esperando a que dicten la última línea para poder interponer las acciones correspondientes, pues a falta de interlocutor válido con el gobierno estatal sólo resta la acción judicial; pues cabe destacar que nunca hemos estado en contra del gobierno, siempre hemos buscado que juntos busquemos respuestas para la gente, pero al parecer alguien se encarga de malinformar y descomponer el entorno.

Todo se revela al final.

Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz
RRSS: almadeliahs

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