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/ Sara Lovera /
SemMéxico.- La justicia para las mujeres requiere un compromiso a largo plazo: transformar instituciones, aplicar políticas públicas integrales y fomentar la participación activa de la sociedad.
En 2025, urge que el gobierno tome medidas para garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos de forma plena, libre de violencia y en igualdad de condiciones.
Eso sigue siendo insuficiente. En todo el país, una ciudadanía organizada clama justicia, fin a la impunidad y respeto a los derechos humanos.
En los últimos 30 años, México ha recibido casi 4 mil recomendaciones de 33 organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos. Algunas se atendieron parcialmente, pero la mayoría fueron desechadas.
Una investigación nacional realizada hace 20 años por la Cámara de Diputados sobre la violencia feminicida reveló la urgencia de transformar los ministerios públicos, los juzgados y la formación de quienes los operan. Así lo sostuvo, entre otras voces, la magistrada Alicia Elena Pérez Duarte. No se hizo nada.
En su lugar, se impuso una política policiaca y militar. Y con ella, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, como lo documenta puntualmente Amnistía Internacional.
Sobran los ejemplos de impunidad y de mala impartición de justicia. Uno es el de la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien perdió a su hija, la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, víctima de feminicidio el 2 de junio de 2018. Hasta hoy, una maraña burocrática y política inexplicable ha dejado el caso sin justicia. Miles de madres y familias viven esa misma tragedia.
En breve conoceremos un informe lleno de palabras huecas y una lista de acciones administrativas. El gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo deberá presentar al comité de expertas de la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) respuestas a 209 observaciones sobre la política en derechos humanos, género e igualdad.
¿El ejercicio electoral del 1 de junio —calificado como el más democrático de la historia— garantiza algún cambio? No. Reducirlo a la paridad tampoco es suficiente. Que el 54% de los votos haya sido emitido por mujeres no es más que un dato; usarlo como argumento es simple mujerismo. Mientras tanto, reina la impunidad y la injusticia.
Pensar que una votación transformará mágicamente el sistema judicial es absurdo. La reforma no convenció al 90% del electorado. Mexicanas y mexicanos no acudieron a las urnas. ¿Un fracaso? El gobierno dice que fue un éxito. Lo cierto es que solo votaron 13 millones de los 99 mil posibles; 4 millones menos que en la consulta de revocación de mandato de 2022. Al grupo en el poder debería darle vergüenza. No se justifica la inmensa inversión humana y económica, ni la aturdidora propaganda.
La gente indignada se manifestó en la calle y en las casillas. Lo expresó en las boletas anuladas, donde escribió demandas y mostró su desconfianza. Según la observación nacional e internacional, hubo reclamos, consignas y descalificaciones. Sería una lástima no conocer su contenido, y dudo que el Instituto Nacional Electoral lo informe. La bajísima participación no puede ocultarse. Algo debería decirle esto al partido y al grupo en el poder.
También a la oposición, que ya pide la nulidad del proceso. Sería sano y democrático que todo esto generará una reflexión profunda, humilde y objetiva. ¿O se lanzarán al vacío? Veremos.
Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
