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25/07/2022/ Oaxaca .- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destaca la lucha del feminismo y se pronuncia por exigir justicia para las mujeres asesinadas al asegurar que no se puede minimizar este problema que en los últimos años se ha desbordado.
Previo a la presentación del libro “Diosas vírgenes y mujeres libres” del periodista Marco Levario, en Oaxaca, Monreal Ávila aseguró: “No podemos simplemente justificar y atribuirle a la descomposición social la pérdida de vidas de las mujeres; no, hay que exigir justicia y no pueden mantenerse en la impunidad”.
Ricardo Monreal reconoce que hay asignaturas pendientes en el acceso a la justicia para las mujeres por lo que escribió el libro “El Acceso de las Mujeres a la Justicia. Una visión para transitar a la igualdad de derechos y de oportunidades”, a fin de que sirva de aportación para el inicio de un proceso que llevará a la creación de leyes que favorezcan la impartición de justicia con perspectiva de género.
“El libro pretende provocar el debate constructivo sobre el derecho de las mujeres a la justicia, y el levantamiento de un diagnóstico y un camino para avanzar tanto en la jurisdicción federal como en las jurisdicciones locales”, añadió.
Además, Ricardo Monreal en artículo publicado en su página el 26 de abril, reconoce que apenas se ha conceptualizado el delito y diseñado políticas de seguridad y procuración de justicia para enfrentar el feminicidio.
“Son pasos importantes, pero insuficientes, porque la violencia contra las mujeres sigue creciendo y es una de las manifestaciones más inmediatas del grado de descomposición social que atraviesa el país”, señaló.
Monreal consideró que gracias a la organización, manifestación y presión del movimiento feminista y de la sociedad civil organizada se ha logrado activar en el conjunto del Estado mexicano una serie de iniciativas y políticas públicas tendientes a promover una vida libre de violencias para las mujeres, adolescentes y niñas.
En el texto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado enunció diez acciones y medidas evitar la violencia contra la mujer:
1. Visibilización: las manifestaciones de protesta, denuncia y alertamiento sobre todas las formas de discriminación, marginación y victimización de niñas, adolescentes y mujeres son útiles para crear conciencia sobre este problema.
2. Marco normativo de cero impunidad: las leyes y penas severas contra los agresores de mujeres, así como acciones judiciales afirmativas a favor de las víctimas, inhiben comportamientos y prácticas socialmente tolerados de violencia o discriminación en contra de las mujeres.
3. Gobernar con perspectiva de género: promover la igualdad de género como uno de los objetivos fundamentales de los tres poderes del Estado y de los tres órdenes de gobierno, y hacer de la equidad de género la estrategia específica para alcanzar esa igualdad.
4. Educación y cultura de derechos humanos: encuadrar la igualdad y la equidad de género orientadas a una vida libre de violencias, como parte fundamental de los derechos humanos de las mujeres. Ésta es una de las medidas más importantes para superar el pacto patriarcal.
5. A trabajo igual, salario igual: una de las medidas de mayor empoderamiento de las mujeres es garantizar el principio de igualdad salarial en todas las actividades económicas y laborales.
6. Programas de inclusión social y económica: políticas de desarrollo orientadas al autoempleo de las mujeres y al apoyo de las microempresas familiares encabezadas por jefas de familia, tanto en el campo como en las zonas urbanas marginadas.
7. Corporaciones paritarias: mayor participación de mujeres en las direcciones y los mandos de las corporaciones, privadas y públicas, en las que se toman las decisiones de gobierno.
8. Políticas de salud pública para el cuidado oportuno y especializado de las enfermedades que mayormente afectan a las mujeres.
9. Políticas de seguridad ciudadana especializadas en la atención, el cuidado, la salvaguarda y protección de las mujeres víctimas de violencias.
10. Impulsar leyes con perspectiva de género, que reconozcan y regulen la llamada “discriminación positiva” como un recurso para igualar el piso en las relaciones laborales, económicas, sociales y políticas entre mujeres y hombres.
