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/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
La sesión de la Sala Superior del TEPJF del miércoles pasado, que trató sobre la validez de la elección judicial, mostró una buena fotografía del futuro de la justicia en México. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, avalado por la magistrada Janine Otálora, quiso decirlo fuerte y claro: “las consecuencias institucionales de validar un proceso contaminado por la operación acordeón comprometen el objetivo mismo de la reforma y abren un riesgo efectivo para la autonomía judicial, ante la suplantación de la voluntad popular por mecanismos de coacción y propaganda prohibida”.
El análisis de los números es contundente. Sólo un dato (hay muchos más): habiendo 7,400 millones de combinaciones posibles de votos para integrantes de la Suprema Corte, 45% de los votos válidos se centró hacia una sola combinación de 9 candidatos. Es incontrovertible que en la elección judicial existieron acordeones y que estos fueron una pieza clave del resultado final. Eso debería dar lugar al menos a una investigación del INE.
Sin embargo, para la magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Fuentes y De la Mata, lo que es claro y evidente para todos, lo convierten en cuestionable, dudoso o, de plano, falso. Fuentes: “No se puede anular una elección con sospechas”. De la Mata: “El proyecto convierte la llamada operación acordeón en una trama paranoica, conspiratoria de coacción al electorado, sin pruebas meritorias para ello”. Soto: “No toca al TEPJF ser autoridad investigadora para ir a buscar pruebas que no fueron entregadas por las personas inconformes”.
¿Me esperaba algo distinto? Claro que no. El bloque Soto-Fuentes-De la Mata es infalible: no se rompe y casi siempre le da la razón a Morena, sin importar el mérito del asunto. Así es y, lo más importante, así va a ser por un periodo largo. La nueva conformación de la Sala Superior viene a reforzar este patrón de comportamiento. ¿Qué impacto va a tener en la gobernabilidad del país esta pérdida tan visible y abierta de la independencia judicial?
Desde siempre hemos tenido un sistema de justicia imperfecto, con casos de corrupción y de influyentismo desde arriba hasta abajo. Sin embargo, lo realmente novedoso de este momento es que, poco a poco, ya no esperamos otra cosa cuando se trata del TEPJF. A priori sabemos que casi ningún asunto relevante para Morena se va a perder. Me pregunto: ¿seguimos estando ante un tribunal independiente?
En materia electoral, la certeza de que habrá un tercero imparcial dispuesto a evaluar pruebas, escuchar a las partes y decidir conforme a la ley reduce la intensidad del conflicto político. La decisión judicial no elimina la existencia de disputas, pero lo que hace es que las procesa, las encauza, las hace soportables y, algunas veces, las pacifica. Esa es la razón por la cual se invierten recursos públicos en construir tribunales independientes. Si alguna de las partes en el conflicto o ambas no confían en lo absoluto en que el juez es imparcial, la impartición de justicia deja de cumplir su función de pacificar el conflicto y dotar de legitimidad jurídica a nuestros actos y los de la autoridad.
Por ejemplo, aunque la Sala Superior haya minimizado el impacto de los acordeones en el resultado, su sentencia no dota de legitimidad a la elección. Esa legitimidad ya no la puede dar la Sala Superior porque ha perdido visiblemente su independencia. Un árbitro tan sesgado no puede ser percibido como árbitro. Las y los jueces sin independencia son meros gestores que facilitan un trámite. Eso fue tan común en el México de la hegemonía priista. De ahí venimos no hace mucho tiempo.
Un tribunal alineado ostensiblemente con el poder pierde relevancia como espacio de procesamiento institucional del conflicto. Su debilidad no solo erosiona la confianza en la legalidad; también abre un vacío sobre quién o qué pacificará las disputas políticas en el país.
La pregunta de fondo es qué y quiénes van a llenar los vacíos que dejan los tribunales que se están desmoronando. Con la Sala Superior, ésto sólo empieza.
