*Escrito por Paola Piña
26.01.2025 / Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Kenia Inés Hernández Montalván, activista indígena amuzga, enfrenta 10 causas penales en su contra tras ejercer su derecho a la protesta, lo que ha resultado en su privación de libertad. Sin embargo, ha logrado un avance significativo en su caso, luego de que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) decidieron evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio.
En conferencia de prensa, el Comité de Apoyo por la Libertad de Kenia instó a CAPUFE a concretar el acuerdo de manera integral. Esto implicaría evitar un juicio y optar por un mecanismo alternativo de solución de controversias que, tras cuatro años, permita poner fin a las ocho causas penales en contra de ella.
Sin embargo, la abogada Faviole Vite, coordinadora nacional del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que, si se llegara a un acuerdo con CAPUFE, sería necesario interponer un amparo para anular las dos sentencias condenatorias restantes por presunto robo con violencia. Además, destacó que existe suficiente evidencia para demostrar la inocencia de Kenia y con ello lograr su liberación.
“Existen peritajes de geolocalización que determinan que ella no se encontraba en el lugar en donde se le acusa de robo. Creemos que hay elementos suficientes para llevar a cabo un amparo que evidencie las violaciones al debido proceso” -Faviole Vite, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Carta a Sheinbaum
El pasado 18 de enero, Joel Silvino, hijo de Kenia Hernández, entregó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a la región de La Montaña en Guerrero, la cual elaborada por el Frente Popular de la Montaña (FPM). En el documento se expone el panorama completo del caso y se solicita una audiencia con la presidenta para buscar una solución conjunta que permita alcanzar justicia pronta para Kenia.
La carta detalla tres demandas puntuales:
- La libertad inmediata de Kenia Inés Hernández Montalván.
- La aceleración de los procesos legales para su liberación, con un enfoque basado en derechos humanos, justicia social y equidad.
- La reparación del daño causado a Kenia y a su familia, en cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres.
Tras recibir la carta, Claudia Sheinbaum Pardo mostró disposición y apertura para brindar apoyo a Kenia y a su familia. Sin embargo, la abogada Fabiola Vite señaló que, hasta el momento, ni la presidenta ni su gabinete se han pronunciado oficialmente sobre el caso.
En este contexto, se ha planteado la posibilidad de establecer un diálogo con la Secretaría de Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, con la esperanza de lograr avances significativos. Cabe mencionar que, aunque se intentó un acercamiento con el gobierno durante el sexenio pasado, no se obtuvo ningún apoyo concreto para el caso.
“Cinco veces estuvo la pregunta en la conferencia matutina, preguntando sobre la situación jurídica de Kenia. En esas cinco ocasiones el tema fue turnado a la maestra Rosa Icela Rodríguez (titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sexenio de AMLO). A cada una de esas veces, la respuesta fue ‘lo observamos´, pero hasta al momento ella sigue privada de su libertad” -Faviole Vite, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Año de la mujer indígena
El Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia destacó la importancia de recordar que el 2025 ha sido declarado como el Año de la Mujer Indígena por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ante este emblema, expresaron su esperanza de que la presidenta demuestre un verdadero compromiso con su promesa de impulsar un «tiempo de mujeres», brindando apoyo concreto a las defensoras indígenas de derechos humanos.
“Consideramos que el actuar de Claudia Sheinbaum es decisivo para todas aquellas mujeres que luchan y se defienden y que apuestan por lo comunitario, tal y como lo ha hecho nuestra compañera Kenia Hernández” -Sergio Gallardo del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social.
A pesar de los esfuerzos del gobierno actual por reconocer y defender los derechos de las mujeres de los pueblos originarios, persiste una falta de congruencia entre el discurso y las acciones. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México se estima que hay 7 millones 364 mil 645 personas indígenas, de las cuales el 51.4% son mujeres. Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 reveló que el 40.8% de las mujeres indígenas considera que sus derechos humanos no son respetados, lo que subraya la brecha entre las promesas gubernamentales y la realidad que enfrentan estas mujeres.
Es fundamental destacar que el caso de Kenia no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de agresiones sistemáticas contra defensoras de derechos humanos. Según el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) entre 2012 y 2023, se documentaron 35,077 actos de violencia dirigidos a 8,926 mujeres defensoras, así como a 953 organizaciones y colectivos que luchan por los derechos.
¿Quién es Kenia Hernández?
Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres en los pueblos indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, además de ser beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde febrero de 2019, Kenia y los miembros de su colectivo comenzaron a ser objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio de 2020, durante una manifestación por la liberación de los presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México. Posteriormente, Kenia estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, antes de ser liberada.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos de la policía, quienes no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron una orden judicial. Al día siguiente se comunicó a sus familiares que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se le acusó de ataques a las vías de comunicación contra CAPUFE.
Actualmente, Kenia Hernández se encuentra privada de su libertad en el CPRS Neza-Sur, donde enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión, derivada de 10 causas penales. De estas, dos han resultado en sentencias condenatorias por cargos fabricados de robo con violencia y uso de arma, mientras que las otras ocho se basan en acusaciones por supuestos ataques a las vías de comunicación
