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14.08.2026 Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó que la Consejera Jurídica del Gobierno Federal la haya incluido, con nombre y apellido, en un listado de personas señalado desde el Ejecutivo, al considerar que la difusión de este tipo de señalamientos representa una práctica de estigmatización y una expresión de autoritarismo.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que la inclusión de su nombre, junto con el de ciudadanos, periodistas y otros actores políticos, representa un límite que, a su juicio, no debió rebasarse desde una instancia del Gobierno Federal.
López Rabadán calificó como “lamentable” que desde el gobierno se le ubique como enemiga del régimen y afirmó que su actuación como presidenta de la Cámara de Diputados se ha mantenido dentro de los cauces institucionales y con respeto hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La diputada sostuvo que las listas utilizadas para identificar públicamente a personas por sus posiciones políticas o críticas pueden tener consecuencias para el ejercicio de derechos y para el funcionamiento democrático. En ese sentido, cuestionó que una funcionaria del Gobierno Federal participe en acciones que, según su planteamiento, pueden contribuir a señalar o desacreditar a quienes mantienen una postura distinta.
“La consejera jurídica rebasó un límite ético y demuestra un talante autoritario terrible”, declaró ante representantes de medios de comunicación.
La presidenta de la Mesa Directiva insistió en que su posición institucional requiere mantener una relación respetuosa con los demás poderes y con la titular del Ejecutivo Federal. Señaló que, pese a sus diferencias políticas, ha procurado conducirse con respeto hacia la presidenta de la República.
El señalamiento de López Rabadán ocurrió también en medio de la controversia generada por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre este caso, la legisladora reconoció que Estados Unidos tiene la facultad soberana para decidir quién puede ingresar a su territorio y, por lo tanto, consideró que la determinación corresponde a las autoridades de ese país.
Sin embargo, planteó que sería conveniente conocer las razones específicas que llevaron al retiro de la visa, debido a que las leyes estadounidenses contemplan diferentes supuestos para negar o cancelar permisos de ingreso al territorio de ese país.
López Rabadán mencionó entre esos posibles escenarios actividades delictivas, riesgos para la seguridad pública o vínculos con organizaciones consideradas terroristas por las autoridades estadounidenses. A partir de ello, consideró necesario conocer cuál fue el motivo concreto aplicado en el caso del hijo del expresidente.
“Una vez que ve uno la lista o las posibilidades de por qué te podrían retirar la visa, pues sí es preocupante pensar que un mexicano se ubique en uno de esos supuestos”, manifestó.
La legisladora también planteó que México debe conservar una relación institucional con Estados Unidos debido a la importancia de los vínculos entre ambos países. Recordó que Estados Unidos constituye el principal socio comercial de México y que en ese territorio se encuentra la mayor comunidad de mexicanos fuera del país.
En otro asunto, López Rabadán fue cuestionada sobre el eventual proceso de desafuero contra el senador priista Alejandro Moreno. Al respecto, señaló que el tema continúa pendiente en la Cámara de Diputados y que serán los grupos parlamentarios los encargados de establecer sus respectivas posiciones.
La diputada también respondió sobre los señalamientos relacionados con una posible persecución política y afirmó que existe un trato diferenciado en la aplicación de la justicia.
En ese contexto, mencionó el caso de Ernesto Ruffo, quien, según sus declaraciones, permanece en prisión, y contrastó su situación con el trato que reciben otros actores políticos.
“Aquí hay un doble rasero: mientras Ernesto Ruffo está en la cárcel, hoy claramente se acompaña a unos y se señala y se encarcela a otros”, sostuvo.
López Rabadán planteó que la aplicación de la justicia debe sujetarse a los mismos criterios independientemente de la identidad, filiación política o posición pública de las personas involucradas.
La presidenta de la Cámara de Diputados concluyó que las leyes deben mantener un carácter general, abstracto e impersonal. A su consideración, cuando las normas o las acciones institucionales terminan aplicándose de acuerdo con el nombre, apellido o ideología partidista de una persona, se pierde el principio de imparcialidad que debe regir la justicia.
La legisladora vinculó así sus cuestionamientos sobre la lista difundida por el Gobierno Federal, la cancelación de la visa de López Beltrán y la aplicación de la justicia en México con una misma exigencia: que las instituciones actúen bajo criterios generales y sin distinciones derivadas de posiciones políticas.