**Rúbrica.
/ Por Aurelio Contreras Moreno /
La “colonización” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ministros y ministras afines al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” mostró esta semana la ruta a la que necesariamente lleva la anulación de facto de la división de poderes: la del retroceso autoritario.
Primer acto: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al inicio de la semana, aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en la que se establece que el secreto bancario “no opera” tratándose de información requerida por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, otorgando con ello al Sistema de Administración Tributaria la facultad de intervenir cuentas sin necesidad de resolución judicial de por medio.
A pesar de que los integrantes de dicha Sala reconocieron “la relevancia del derecho a la privacidad”, justificaron la vulneración del secreto bancario con que, como todo derecho, “no es absoluto”, y entonces debe “ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional, como cuando una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana de contribuir al gasto público, el cual puede mermarse a través de conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada”.
Semejante disparate fue propuesto por la ministra lopezobradorista Ana Margarita Ríos Farjat, quien en su ponencia –que fue aprobada por cuatro votos contra uno- determinó que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito que implica la desaparición de derecho al secreto bancario “no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada, al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial”.
Con esta resolución, todos los ciudadanos quedamos expuestos a ser víctimas de terrorismo fiscal por parte de las autoridades hacendarias, que ya no saben de dónde sacar dinero para financiar los delirios, caprichos y ocurrencias del aspirante a tiranozuelo que habita en Palacio Nacional.
Además, le da “garras y colmillos” al SAT para hurgar en información sensible como la bancaria, que luego podrá ser usada para agredir a adversarios políticos o a críticos, como ya de por sí hicieron con el periodista Carlos Loret exhibiendo sus presuntos ingresos y propiedades. La diferencia es que ahora podrán hacerlo amparados por la ley, sin necesidad de violarla como acostumbran.
Pero si eso representa un retroceso descomunal, lo que aprobó la Corte este jueves abre la puerta a la anulación del mismísimo Derecho a la Información, quizás el que ha sido el logro más importante de la sociedad mexicana –junto con la alternancia en el poder- de los últimos 25 años.
Segundo acto: la “tremenda” Corte que preside Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –quien “graba con cincel” su nombre en la historia como el principal y más ruin facilitador de la destrucción de la división de poderes- invalidó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la que ordenaba entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal que realiza tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la FGR, entre los que se incluyen agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales ministeriales y peritos.
Más allá de los argumentos que se adujeron, las ministras y ministros violentaron el principio de inatacabilidad de las resoluciones en materia de Derecho a la Información emitidas por el INAI, anulando en los hechos al organismo autónomo, algo que el presidente López Obrador públicamente ha admitido buscar y desear desde el inicio del sexenio.
Si cualquiera –en este caso, fue la Fiscalía General de la República- podrá atacar judicialmente las resoluciones del INAI, entonces asistimos a la defunción del Derecho a la Información, de la rendición de cuentas y la transparencia en México. De ese tamaño es lo que hicieron los serviles ministros y ministras.
El camino está trazado: después anularán la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral sin necesidad de reforma constitucional; someterán la fiscalización de las cuentas públicas a los vaivenes de los intereses políticos –de por sí ya ocurre- y hundirán a México en el más profundo retroceso autoritario, cuyas consecuencias tardarán décadas en revertirse.
A eso llegó la “4t” al poder: a restaurar al viejo PRI. Al más autoritario y antidemocrático.
Ataques cibernéticos a La Clave
Acusamos recibo del ataque cibernético sufrido por el portal informativo La Clave online esta semana. El régimen detesta la crítica, pero como no tiene manera de desmentirla, opta por el intento de censura. No nos van a callar.
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