** Alguien como tú.
/ Gladys de L. Pérez Maldonado. /
De la lectura del artículo 1º, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se lee que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos…”.
En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Sentado lo anterior, entendemos que la vida, la libertad y las seguridad de las personas son derechos fundamentales que deben ser protegidos por la autoridad, evitando su vulneración a través de políticas públicas eficientes de aplicación real a favor de las y los gobernados.
El feminicidio es la manifestación más grave de discriminación y violencia contra las mujeres por razones de género, que atenta en contra de la vida, la libertad y la seguridad. Tienen sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de ellas en la sociedad.
Marcela Lagarde impulsó la utilización de esta categoría incluyendo la variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la inacción o desprotección estatal frente a la violencia hecha contra la mujer.
El Estado mexicano a través de la implementación de la política pública de la Alerta de la Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) pretende combatir la comisión del delito de feminicidio.
¿En qué consiste la AVGM? Son acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Federación en coordinación con los Estados y Municipios, para erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado y/o resolver una situación de agravio comparado, que se traduce en una ley o política pública que proteja los derechos fundamentales de la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres.
Para que sea declarada la alerta, se lleva un procedimiento, el cual consiste en primer término, en que las organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, ya sea internacionales, nacionales o locales, soliciten la activación de la alerta al Instituto Nacional de las Mujeres; así, INMUJERES convoca un grupo de trabajo, que estará conformado por representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como, integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad y dos académicos nacionales y dos locales, el cual realiza un informe con un diagnóstico y propuestas para atender el problema.
Hecho lo anterior, el gobierno estatal solicitante tiene seis meses para implementar las acciones; acto seguido el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre las acciones implementadas y la Secretaría de Gobernación decidirá si activa la alerta de género para algunos municipios o para toda la entidad, en caso de que así sea, la alerta de género incluirá medidas preventivas de seguridad, de reparación del daño y asignaciones presupuestales que se aplicarán en un territorio determinado.
Un procedimiento por demás tardío y burocrático, mientras las mujeres siguen siendo muertas por un feminicida.
El 56% del territorio mexicano se encuentra en Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres. Actualmente solo en tres estados se ha activado la alerta para todo su territorio: Durango, Zacatecas y Veracruz. En Veracruz, existen dos AVGM, una por feminicidio (2016) y otra por Agravio comparado (2017), actualmente se analiza la posibilidad de solicitar una tercera Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres en el Estado de Veracruz.
En materia de feminicidios, Veracruz sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional, en 2019 fueron reportados 167 feminicidios, en 2020 en Veracruz de enero a septiembre hubo 71 homicidios de mujeres, 74 feminicidios y 233 desapariciones de mujeres.
En 2021, se reportaron 62 homicidios de mujeres, 69 feminicidios y 509 desapariciones y de enero a septiembre de 2022, 68 feminicidios, 79 homicidios de mujeres y 499 desapariciones.
A nivel nacional en lo que va del año 2022, las mujeres víctimas de homicidio doloso suman en total 1, 398, la clasificación de los asesinatos contra mujeres como feminicidios queda a criterio de las fiscalías estatales.
Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México, sostiene que en nuestro país la violencia contra las mujeres no se ha reducido y sus formas más extremas se han agravado durante los últimos años, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que México ha asumido un firme compromiso como Estado, requieren un foco irrestricto en la lucha contra esta forma de violencia.
Las estadísticas demuestran que la AVGM no es la solución al feminicidio, que es un caso fallido, pues siete de cada diez muertes en 2019 han ocurrido en los dieciocho estados que cuentan con ella. La alerta de género únicamente ha logrado visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres y ha colocado el tema en la agenda de gobierno, lo cual está muy bien, sin embargo, terriblemente los datos anteriores los hemos ido naturalizando.
De manera evidente el Estado a través de las autoridades encargadas de atender las recomendaciones emitidas a partir de la declaración de las AVGM en el caso específico del Estado de Veracruz, han vulnerado los derechos humanos de las mujeres, por falta de voluntad política e incompetencia en la implementación de esta política pública con perspectiva de género, las estadísticas lo evidencian.
En el caso de la primera Alerta de Género por feminicidio declarada en el año 2016, según declaración emitida por Myriam Lagunes Marín, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la autoridad ha sido omisa en mejorar el alumbrado público, arreglar los caminos viales y peatonales, incrementar los rondines de patrullas de policía, mejorar las medidas de protección a las mujeres y entre otras cuestiones, impulsar capacitaciones al personal de procuración e impartición de justicia que coadyuve a transversalizar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones con eficiencia.
Aunado a que los presupuestos encaminados a dar atención y prevención a la violencia contra las mujeres por razón de género han sido disminuidos, quedando esta política pública en un discurso electorero y retórico que sirvió para obtener el triunfo en las urnas.
Las mujeres mexicanas nos hemos manifestado en las calles ante tanta inseguridad con un grito desesperado de impotencia, tememos por nuestra integridad física y somos criticadas por violentas, ahora resulta que las agredidas resultamos ser las agresoras, y esto es a razón que la sociedad y el Estado mexicano no ve, no escucha, no palpa que la vida de las féminas está en peligro día a día, que no se puede someter a procedimientos burocráticos nuestra seguridad, que tenemos miedo de salir a trabajar, a divertirnos, a realizar nuestras actividades diarias, que tenemos miedo de subirnos a un transporte público, se deben agilizar las acciones de respuesta ante tanto feminicidio cometido diariamente por discriminación y odio.
Las mujeres merecemos salir a la calle con libertad, con seguridad, merecemos el respeto del otro sin importar condición social, etnia y preferencia sexual, merecemos que la autoridad cumpla con sus obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. El Estado debe dejar de politizar una problema social de seguridad pública, debe dejar la foto y el discurso, queremos resultados que se reflejen en los números estadísticos, las mujeres no dejaremos de gritar hasta ser escuchadas…
