/ Ana Laura Magaloni Kerpel/
El pleito del Ejecutivo con la Suprema Corte se ha vuelto parte de la cotidianidad en el país. Es interesante que, cuando las descalificaciones del Presidente a las y los ministros y a su presidenta se vuelven recurrentes, éstas dejan de ser tan estridentes y alarmantes. También es cierto que no es tiempo de grandes reformas ni de Planes B para la Suprema Corte. Ya estamos en la contienda electoral del 2024, lo cual disminuye sustantivamente los riesgos para la Corte en general y para las y los ministros en lo individual. No obstante, ello no significa que el riesgo sea igual a cero. Sin duda, uno de los más importantes asuntos en la discusión del siguiente Presupuesto de Egresos 2024 va a ser el recorte al Poder Judicial y a la Suprema Corte en específico. Esa va a ser, para la Suprema Corte, su última batalla del sexenio.
Mientras tanto, la Corte está resolviendo asuntos de enorme relevancia para el país. Las cartas están a favor de determinados consensos entre ministras y ministros. Pocas veces en la historia del máximo tribunal he visto tantos asuntos relevantes resueltos de manera ejemplar. Quizá, y sólo lo digo a manera de hipótesis, sea un efecto secundario de las descalificaciones del Presidente. No lo sé.
Esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte, por tres votos a favor (Laynez, Aguilar y Pérez Dayán), uno en contra (Esquivel) y la ausencia de otra (Ortiz), decidió otorgar la suspensión definitiva al INAI para que pueda sesionar sin el quórum que marca la ley en la materia. Con dicha suspensión, el INAI puede retomar sus labores. La sentencia señala que, en caso de empate en las votaciones, la Presidenta tendrá voto de calidad y que la suspensión estará vigente hasta que el Senado designe al menos a uno de los dos comisionados pendientes de nombrar. El proyecto lo elaboró el ministro Laynez y, mi opinión, es un proyecto ejemplar.
Un Tribunal Constitucional existe teóricamente para resolver este tipo de asuntos. Si el Ejecutivo decide congelar los nombramientos pendientes para que el INAI deje de operar, la Corte tiene el deber de establecer el límite constitucional que permita regresar a la normalidad institucional. Si el Presidente quiere desaparecer al INAI, tiene que conseguir las mayorías legislativas que se necesitan para reformar la Constitución. Los poderes electos sí pueden desaparecer al INAI, pero a través de reglas del juego que establece la Constitución. Congelar los nombramientos del órgano no está permitido en el juego democrático entre mayorías y minorías. Y la Corte hizo valer este principio. Qué importante que sea así para hoy y para el futuro.
Sin embargo, este no es el único asunto reciente que tensa la liga entre el Ejecutivo y la Suprema Corte. La semana pasada, el pleno de la Suprema Corte decidió otro caso de extrema relevancia que tenía que ver precisamente con la transparencia y acceso a la información pública. En esa ocasión, seis de ocho ministros y ministras (tres ausencias) ordenaron a la Secretaría de la Función Pública transparentar las declaraciones patrimoniales de los ingenieros militares que construyeron el AIFA. La autoridad responsable había considerado dicha información como reservada por razones de seguridad nacional. La Corte señaló que esa clasificación no es constitucionalmente válida tratándose de los ingenieros militares, quienes, como todos los demás funcionarios públicos, están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales en los términos que marca la ley. Una vez más, la Suprema Corte dibuja los límites constitucionales indispensables para que las Fuerzas Armadas no excedan las fronteras del conjunto de atribuciones que deben tener en una democracia constitucional.
Sin duda, un precedente importantísimo en el contexto actual. Enhorabuena por nuestra Suprema Corte.
Quién lo hubiese pensado, pero a veces parece que el mejor contexto para la independencia judicial es este: el Presidente enojado con la Corte.
