La Constitución, las alianzas y el cambio sin cambio

Jorge Francisco Cabral Bravo.

Honestidad: la mejor de todas las artes perdidas (Mark Twain).

La política es muy clara o muy obscura, dependiendo del perfil paradigmático que tengan los participantes en ella.

Para paradigmas pretendo referirme a aquellos perfiles que tienen algunos políticos y que son coincidentes con el molde clásico e indubitable de sus respectivos partidos. Es decir, los que son de a de veras.

Cuando uno trata con políticos paradigmáticos el juego es una delicia.

En cambio qué ingrato es tener que convivir con remedos o malas imitaciones de políticos. Confunden y desorientan a propios y extraños.

Una victoria pírrica, como se sabe, no es aquella que provoca éxito efímero, sino que es un triunfo que más valdría no haber tenido. Como le ocurrió al general Pirro. Entre las promesas compartidas al final se nos dijo que, durante los tres primeros años de gobierno del 2016, no habría aumento de impuestos y aún al inicio de este año el discurso se mantuvo a pesar de que en los hechos venimos contribuyendo más para el sostenimiento del gasto público. El problema, no obstante, se presentará a partir del segundo semestre del 202, cuando inicie propiamente la segunda parte del sexenio y la promesa haya terminado. La cuestión es que, a ciencia cierta, no sabemos bien en qué consiste el proyecto.

Podría tratarse del restablecimiento del presidencialismo de la segunda mitad del siglo pasado, o del impulso de una agenda populista, totalitarista, que cambiaría totalmente el concepto de país democrático que a lo lardo de las últimas décadas se ha venido diseñando.

Partiendo de la base de que la materialización del proyecto demandaría una reforma constitucional sin precedentes. ¿Qué requisitos establece la Constitución para ser modificada? En la antesala de un proceso electoral intermedio como el del año entrante, ¿Qué implicación constitucional tiene la victoria electoral de Morena en el ámbito estatal?

Se escuchan y aparecen publicados análisis que giran en torno de la importancia que tendrá el año entrante en la renovación del Congreso General en el que por primera vez podrán ser reelectos los diputados; sin embargo, poco se dice de la renovación de los órganos legislativos estatales. La culminación de una alianza opositora al interior de las entidades federativas se aprecia como un tema estrictamente local y se soslaya su importancia a nivel federal, propiamente, para efectos de lograr la votación mayoritaria necesaria a la que está sujeta una reforma del Pacto Federal.

El artículo 135 constitucional establece que la propia Carta Magna puede ser adicionada o reformada, siempre que concurran las dos terceras partes de los votos de los legisladores integrantes del Congreso de la Unión que se encuentren presentes, además del voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El tema inherente a la 4T está íntimamente ligado a la consolidación de mayorías parlamentarias suficientes que permitan transitar una reforma a la Constitución, lo cual no se agota con el Congreso Federal, sino que trasciende al ámbito estatal. El gobierno, su partido y los partidos de oposición tienen absoluta conciencia de la trascendencia de esta cláusula de conservación constitucional.

En el 2021 se llevarán a cabo comicios para la elección de 500 diputados federales, 15 gobernadores y 20853 representantes populares integrantes de los congresos de los estados, ayuntamientos y municipios pertenecientes a cada una de las 32 entidades federativas, entre diputados y alcaldes, presidentes municipales, síndicos, regidores y concejales.

Morena ostenta el gobierno en seis entidades de la Federación, de las cuales sólo Baja California competirá el año entrante. Esto los coloca en la necesidad de ganar por sí mismos o en alianza con otros partidos, las gubernaturas o mayorías parlamentarias en diez entidades federativas. Por otro lado, hoy, Morena, en unión del PT, PVEM y el PES, y cinco diputados independientes, ostentan 338 de los 500 votos de la Cámara de Diputados, con los cuales tienen el poder suficiente, incluso, para poder impulsar desde ahí una reforma constitucional. En la Cámara de Senadores tienen 78 representantes, sumando los 61 de Morena más los de sus aliados, que los dejan siete votos por debajo de la mayoría necesaria para impulsar una reforma Constitucional.

Morena tendrá que repetir la hazaña de conservar el mismo número de curules en la Cámara de diputados, y construir mayorías con partidos aliados en diez más de las entidades federativas, a sabiendas de que éstas normalmente acompañan al partido al que pertenezca el gobernador electo.

Las elecciones del año entrante marcarán un parteaguas en la historia de México, no por el riesgo solo de que una incierta reforma populista desdibuje un camino democrático que todo el pueblo de México ya ha acariciado, sino por el temor fundado de que se reimponga una hegemonía partidista que fue abandonada hace treinta años.

Esa razón explica cómo, ante la popularidad electoral que sigue ocupando el partido en el poder y sus aliados, deviene imperativa la construcción de alianzas y coaliciones de la oposición.

El país debe estar muy atento al proceso electoral del año entrante, no por el temor a transformar el país, sino por el inequívoco fracaso que sería la concreción de un cambio en el que la razón y la voluntad legítima de la mayoría de los integrantes del pueblo de México, no se halle ciertamente representada en la voz de aquellos legisladores que lleguen a tener la intervención que la Constitución ordena, como condición infranqueable para ser adicionada o modificada.

En otro contexto, si el arte de la política es saber leer los tiempos, como lo mencionamos en entregas anteriores con la salida de Alfonso Romo del gobierno de AMLO se termina, hay que decirlo de inmediato, una relación que siempre bordeó el conflicto de interés.

Todo este tiempo se supo que el regiomontano estuvo lejos de construir una muralla china entre la función pública y sus negocios. No estoy diciendo que los mezclara para su beneficio, pero no hizo lo que los empresarios de otros países suelen hacer cuando entran en política: poner de manera pública en manos de terceros sus negocios y no pisar más la oficina privada. En fin. O no. Porque algo hay de cierto en lo que dice AMLO al anunciar la salida de su colaborador: el regiomontano seguirá con encargos aunque no tenga cargos. Como se ha detallado en columnas financieras. Romo ha ayudado al Presidente en asuntos delicados.

Y es que, a pesar del cambio en tan importante cargo, no hay que olvidar que el gabinete de AMLO es él.

Entonces, como lo ha dicho Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal cambiar a una persona sin cambiar la mecánica que llevó a esa persona a desgastarse o a ya no funcionar, pues es un cambio sólo de membrete, uno de nula relevancia. Cambio sin cambio.

Porque de Romo sabíamos que estaba frustrado, que perdiendo posiciones y credibilidad.

Un poco como Penélope: trataba de tejer acuerdos sólo para que más tarde el Presidente de la República, su jefe, los destejiera o los llevara a un punto de ruptura o asumiera personalmente la negociación, como el casi de la al parecer inminente legislación para cancelar el modelo de subcontratación. ¿Este cambio en el gabinete abre la puerta de un reajuste más amplio?

La mera verdad con AMLO nunca se sabe. Porque es mapas o menos convencional que a los dos años de gobierno en cualquier administración los desgastes pasan factura y en la inminencia de elecciones, ayuda mucho refrescar el equipo, mostrar la capacidad de convocatoria, renovar la confianza de los interlocutores, relanzar algunas iniciativas que otro colaborador o no pudo sacar o de plano no supo cómo, e incluso algo de gatopardismo: cambiar por cambiar sin modificación de fondo.

Puestos a revisar la salida de Romo, también hay que decir que se va uno de esos personajes que hicieron que otros confiaran en que el proyecto de AMLO para 2018 había madurado o, para decirlo de otra manera, fue importante valedor y ahora se desentiende de la tirante relación del Presidente con la IP. Lo complejo de esa relación debería ocuparnos y preocuparnos más que la salida de Alfonso Romo.