Análisis
José Luis Camacho Vargas
El Congreso del Estado de Baja California ha violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al pretender reformar los términos bajo los cuales resultó electo el 2 de junio de 2019 el próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, ampliando su periodo que iniciará el 1 de noviembre próximo de dos a cinco años.
Argumentando que la derogación de un artículo transitorio constitucional no constituye la reforma de la Constitución local, los legisladores locales buscan infructuosamente justificar su ilegal y fraudulento proceder, pero el sentido común, la verdad jurídica y el juicio de la historia los ha marcado como sujetos delincuenciales que deben ser sometidos a juicio político por el Congreso de la Unión.
El 9 de septiembre de 2018 dio inicio el proceso electoral en el Estado de Baja California para renovar su Poder Ejecutivo, Poder Legislativo e integrantes de los ayuntamientos. Todas las fuerzas políticas y actores políticos tuvieron certeza de las reglas porque se encontraban vigentes en la legislación nacional, Constitución Política del Estado y leyes secundarias. Hubo piso parejo y certidumbre jurídica.
Como parte de ese conjunto constitucional y legal, el artículo octavo transitorio del Decreto 112 de reforma a la Constitución de Baja California, de fecha 17 de octubre de 2014, establece que el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. Es decir, su duración es de dos años.
Al respecto, es necesario destacar que la misma observancia y obligatoriedad tiene un artículo primario constitucional que un artículo transitorio constitucional.
De igual forma, se trata de una norma general y abstracta, que se dirige a toda la ciudadanía del Estado de Baja California.
Bajo esas reglas los candidatos se postularon e hicieron campaña y la ciudadanía los votó.
Una vez que se dio el veredicto de las urnas, hubo ganadores y perdedores y el régimen democrático se cumplió, dando a cada quien lo que en derecho corresponde. Pero 36 días después el gobernador electo cambió de parecer y como considera que la ciudadanía lo votó y merece más, está queriendo cambiar retroactivamente las reglas bajos las cuales fue electo, y en lugar de acatar la ley y cumplir un periodo de dos años, utiliza al Congreso local para, a través de una norma inconstitucional que ya no es general ni abstracta sino particular y concreta, ampliar su periodo a cinco años, vulnerando con ello el estado de derecho que los mexicanos nos hemos dado.
De madrugada y a escondidas, 21 diputados del Congreso de Baja California aprobaron eliminar el artículo octavo transitorio del Decreto 112.
No se trata de un asunto menor, pues está en peligro, ni más ni menos, que la prevalencia del régimen democrático en México.
Esta acción ilegal no puede permitirse ni tolerarse y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará prevalecer el estado de derecho, el interés público y la ilegalidad, sobre el interés grupal.
@jlcamachov
