** La Corte .
/ Azul Etcheverry /
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la minuta que reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se entrega el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Miembros de Morena y sus aliados votaron la modificación de las leyes secundarias que regulan el funcionamiento de la Guardia Nacional, tal y como se recibió desde el Ejecutivo federal.
El proyecto de reforma se aprobó en lo general con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. La discusión en lo particular quedó con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. En ese sentido, cabe señalar que el artículo 21 constitucional afirma a la Guardia Nacional como una institución de carácter civil adscrita a la SSPC, no obstante, las reformas a las leyes secundarias propuestas otorgan el control administrativo y operativo a la Sedena, incluida la transferencia presupuestaria a dicha secretaría.
Esta medida no sólo viene a confirmar el proceso de militarización del engranaje institucional que viene ocurriendo desde que inició el sexenio, sino del propio reconocimiento público y justificación de la administración federal para recurrir al uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública después de años de asegurar que era necesario regresar a los militares a sus cuarteles. Sin embargo, es preciso contextualizar los alcances de esta estrategia y las múltiples implicaciones que surgen, no sólo en materia de seguridad, sino de gobernabilidad.
Si bien el uso de las fuerzas castrenses como una estrategia de seguridad no es algo novedoso, en este sexenio se han ido materializando aspectos inusitados como el incremento exponencial de efectivos y su capacidad de despliegue, así como la transferencia histórica de funciones del Estado y recursos públicos, además de la politización de su imagen, representatividad y simbología, como ese “pueblo uniformado” al servicio de la sociedad.
A través del tiempo, este mensaje ha ido reafirmando una percepción sólida, de confianza y honorabilidad con respecto a las Fuerzas Armadas y su labor con la sociedad mexicana, al punto en el que en las últimas encuestas respecto a su participación en la lucha en contra del crimen organizado la población aprueba sus labores, ya que la mayoría de la gente no tiene contacto con efectivos del Ejército, la falta de resultados tangibles y el agravio acumulado por la violencia en el país incentiva a desear el uso más estricto de la fuerza, aunado a la carencia de propuestas para combatir el crimen organizado afianzan estas ideas pro-militaristas.
En realidad, no hay una reflexión de fondo respecto a los diversos fenómenos sociales que la seguridad pública acarrea, así como la serie de implicaciones procedimentales y doctrinales para los cuales el Ejército mexicano no está formulado. Ejemplo de ello es el número de quejas en contra de la Guardia Nacional ante la CNDH por tratos crueles e inhumanos en 2021, rebasando a la Sedena. La supervisión, fiscalización y observancia de los derechos humanos no son prioritarios, la construcción de aeropuertos, refinerías y trenes ahora lo es.
Si bien reconozco la labor de las Fuerzas Armadas en su tarea de la salvaguarda de la soberanía e interés nacional, la politización a la que irresponsablemente se han visto malinterpretados sus valores fundacionales, sus objetivos y tareas nos tienen que hacer reflexionar sobre sus alcances y lo que representa una institución armada con disponibilidad de recursos y poder político.
