- Escrito por Luz Cecilia Andrade .
Ciudad de México.- En un país como México, donde las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), reportan que el número de mujeres desaparecidas y no localizadas desde 1952 a la fecha asciende a 27 mil 323, los despidos masivos a especialistas forenses y funcionariado encargados de identificarlas, se vuelve agravante de la crisis forense que atraviesa el país.
En promedio, se calcula que 18 mujeres desaparecieron diariamente en México entre 2008 y 2023. De estas, el 21% aún no se conoce su paradero, resaltó la ex comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en 2023.
“No son cifras: son vidas suspendidas mientras sus familiares, mayormente mujeres, las buscan sin cesar”.
México vive una crisis humanitaria de personas desaparecidas, donde mujeres han tenido un papel protagonista en la búsqueda de sus familiares, han sido las Madres Buscadoras de sus hijas e hijos quienes realizan el trabajo que el Estado ha dejado de hacer.
De acuerdo con el mismo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, señala que hay 116 mil 302 personas desaparecidas y existe un subregistro que impide conocer con certeza cuántas mujeres son encontradas con vida, cuántas sin vida y las razones de su desaparición. La mayoría de las víctimas son menores de edad.
Ejemplo de esta crisis que afecta a las víctimas en este país es el caso de Virginia de la Cruz en Zacatecas, cuando el pasado 17 de julio, expuso las graves fallas del sistema forense mexicano. Desde hacía 8 meses que buscaba a José, su hijo, las autoridades no avanzaban en la investigación y para ella, se convirtió en una rutina asistir y llamar al servicio médico forense (Semefo). La respuesta durante esos meses fue negativa.
José desapareció un 23 de noviembre, por lo que Virginia, quien se desempeñó como policía al servicio del estado zacatecano durante toda su vida, sabía bien el protocolo e interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, pero nadie le avisó que su hijo había llegado a ese sitio a los pocos días de desaparecer.
Nadie se comunicó con Virginia durante los ocho meses que permaneció su hijo en el Semefo.
Virginia es uno de miles de casos en el país y a pesar de esto, el Gobierno de México decidió realizar recortes al personal encargado del sistema forense.
Entre las personas que dejaron de laborar en la CNB a principios de 2024, se encontraban expertas y expertos en antropología, arqueología y genética; personal médico, dactiloscópico, forense, de psicología y de trabajo social así como expertas y expertos en temas jurídicos y de relaciones internacionales, especialistas sin los cuales se obstruyen los procesos de búsquedas.
Al parecer, 45 de las y los ex trabajadores estaban adscritos a la Dirección General de Búsqueda, 40 al Centro Nacional de Identificación Humana,11 a la Dirección General de Vinculación y 8 a la Dirección de Administración. Además, 12 especialistas que estaban dedicados a la búsqueda generalizada en campo no firmaron el contrato trimestral prometido.
Las personas que laboraban en la Dirección General de Búsqueda atendían las áreas de desaparición de migrantes, búsqueda generalizada e individualizada y asuntos internacionales. También realizaban los análisis de contexto para ayudar a comprender las desapariciones bajo ciertos criterios y no como casos aislados.
Por su parte, las personas del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) estaban dedicadas a implementar el enfoque masivo previsto en la Ley General sobre Desaparición de Personas; mientras que en la Dirección General de Vinculación, la mayoría de las y los ex trabajadores atendían temas de subsidios, con lineamientos específicos para evitar el desvío de recursos.
Lo anterior ha contribuido a recrudecer la crisis forense en México, reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunció la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atender lo que llamaron la “crisis forense”.
Esto se recrudeció luego que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, iniciara en el 2024 despidos masivos a decenas de especialistas forenses y funcionarios como parte de la reconstrucción de este organismo.
Un ex trabajador del mismo señaló que al menos 50 empleados fueron cesados de su cargo o se les solicitó la renuncia. Otro trabajador señaló en entrevista para A dónde van los desaparecidos, que estos despidos afectaron a alrededor de 160 empleados.
La reconstrucción de Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el abandono de la sede del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y el anuncio de que del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) ya no recibiría más fondos por parte del Gobierno Federal, también fue un duro golpe, pues significó retomar el antiguo modelo en el que las fiscalías eran las únicas instituciones encargadas de la identificación forense, algo que en principio las familias buscadoras exigían que ya no pasara.
Aún sin avances tangibles
Aunque se prometió en su momento una mejor gestión forense, para mayo de 2023 había 111,000 personas desaparecidas, de las cuales más de 9,000 son mujeres, cifra que sigue creciendo y hiere a miles de familias que buscan a sus familiares desaparecidos.
Desde su creación, en menos de un año y medio el CNIH ha tenido cuatro directores. De agosto de 2022 a mayo de 2023 estuvo al frente David Alejandro Jiménez Padilla, quien fue sustituido por Ariadna Jakeline Cruz Cuevas, que solo permaneció hasta agosto de ese año en el cargo.
En octubre de 2023, Reyes Sahagún nombró titular a Rosendo Gómez Silván, hijo del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, pero sólo duró un mes en el puesto porque el 1 de noviembre asumió la dirección el contador público José Muñoz Gómez, lo que retrazó las operaciones en el CNIH.
En entrevista, con A dónde van los desaparecidos, Cruz Cuevas señaló que el CNIH, fue la primera autoridad para muchas familias en la que confiaron para buscar a su ser querido, de ahí su importancia, no obstante, aunque el CNIH se creó en mayo de 2022, el personal comenzó a ser contratado entre agosto y diciembre, y fue hasta 2023 cuando empezó a operar.
Pese a no contar con un laboratorio genético, las labores del CNIH, en coordinación con las fiscalías estatales, obtuvieron más de una decena de coincidencias genéticas entre septiembre y noviembre de 2023, aunque los resultados no son atribuidos al organismo, pues las fiscalías estatales son las que resguardan los cuerpos, completan el proceso de identificación y notifican a los familiares.
Así mismo, en una entrevista para el programa Los periodistas llevada a cabo el 17 de enero, el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina Padilla aseguró que el CNIH es objeto de una reestructuración “administrativa y de funciones”. Además, señaló que nunca fue desmantelado, solo “nunca estuvo en uso”. “Tenemos que ser realistas, este centro no se concluyó y tenemos que trabajar para que lo que está se optimice”.
Por su parte, Viridiana Bahena Leyva, presidenta del colectivo Voz con Dignidad y Justicia México, que trabaja principalmente en Chilpancingo, Guerrero, aseguró que el desmantelamiento del CNIH ha sido un golpe fuerte para las familias.
“Dijeron en el Congreso [cuando se aprobó su creación] que con el centro se garantiza la búsqueda efectiva y la entrega digna de cuerpos; entonces, al desaparecer le están diciendo a las familias: ya no te garantizamos eso”, afirmó en entrevista.<
