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/ Eduardo Sadot /
Los acontecimientos recientes parecen confirmar una tendencia que desde hace tiempo se venía anunciando: el combate al narcotráfico, particularmente al tráfico de fentanilo, está dejando de ser un asunto exclusivamente bilateral para convertirse en un tema de seguridad regional e incluso hemisférica.
La reciente reunión encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mandatarios de diversos países para fortalecer la Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats, confirma que Washington busca construir un frente internacional cada vez más amplio contra las drogas sintéticas.
El objetivo formal de esta coalición es coordinar acciones para controlar los precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo, fortalecer el intercambio de inteligencia entre agencias de seguridad y perseguir las redes financieras del crimen organizado. Sin embargo, detrás de estos objetivos técnicos existe también una dimensión política que no debe subestimarse.
El narcotráfico se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político en Estados Unidos. Las decenas de miles de muertes por sobredosis han generado una presión social creciente para adoptar medidas cada vez más duras contra las organizaciones criminales que participan en esta cadena de producción y distribución.
En ese contexto, México aparece inevitablemente disminuido y cuestionado en el centro de la discusión. Diversos informes de agencias estadounidenses señalan que una parte importante del fentanilo que llega a su territorio se produce en laboratorios clandestinos operados por organizaciones criminales en territorio mexicano, utilizando precursores químicos provenientes principalmente de Asia.
Por ello resulta significativo que, en los mecanismos internacionales que se están construyendo para enfrentar este fenómeno, México no siempre figure en el centro de las decisiones como participante activo. Cuando las grandes potencias promueven coaliciones de seguridad sin la participación directa del país más señalado en el problema, el mensaje diplomático es claro: se busca generar presión política para modificar determinadas estrategias y desconfianza evidente en el gobierno de México.
Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y para el proyecto político de Morena, este escenario representa un desafío de gran magnitud. La seguridad pública y la relación con Estados Unidos se convertirán en uno de los ejes fundamentales mediante los cuales será evaluado su gobierno.
La historia demuestra que las coaliciones internacionales en materia de seguridad no sólo persiguen objetivos operativos. También suelen convertirse en instrumentos de presión diplomática y en mecanismos para construir consensos políticos que terminan influyendo en las decisiones internas de los países involucrados.
México enfrenta así una tarea compleja: fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia — hoy tan disminuidas — para combatir al crimen organizado, pero al mismo tiempo preservar su capacidad soberana de definir la estrategia con la que enfrentará este fenómeno.
Porque, en política internacional, las coaliciones rara vez son neutrales. Con frecuencia son también una forma de marcar el rumbo que otros esperan que un país siga. Y esa será, sin duda, una de las pruebas más delicadas para la política exterior mexicana en los próximos años, con repercusiones en la firma de tratados comerciales. Nunca en la historia diplomática de México el país había perdido tanta influencia y autoridad en el concierto internacional, la resaca de una reciente presidencia irresponsable y proclive al narcotráfico hace estragos en las relaciones con Estados Unidos y Latinoamérica. Pero lo peor, la imagen del país a nivel internacional frente a comunidades como la europea y los países asiáticos.
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