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/ María Amparo Casar /
Mauricio Merino nos ha recetado una dosis de realismo en su más reciente artículo (El Universal, 15/VII/24). El título habla por sí mismo, “No habrá marcha atrás”. “Muchos siguen creyendo que habrá marcha atrás en la reforma al Poder Judicial (PJ) y/o que podrá modificarse la supermayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y/o que la doctora Sheinbaum matizará o incluso detendrá, … el plan C concebido por el presidente López Obrador y/o que no se tocará el INE y/o que el Inai quedará intacto. En una palabra, creen que no pasará nada … de lo que se ha venido anunciando. Se equivocan. El proyecto político que ganó las elecciones del 2 de junio se ha propuesto modificar el régimen político mexicano y tiene los medios, la voluntad y el respaldo político suficientes para lograrlo”.
Sus argumentos tienen toda la lógica política. No tengo manera de refutarlos. A la vez, deseo que esté totalmente equivocado. Me resisto a seguir su conclusión fatalista de que “hace falta poner los pies en el suelo de que México está en los umbrales de un nuevo régimen”. Una autocracia electoral, la llama.
En ese umbral andamos, pero no es momento de rendir la plaza. No se trata sólo de tener esperanza, sino de contribuir a que las cosas pasen de manera distinta. Hay frentes en los que los demócratas de cualquier denominación partidaria o social tienen que seguir intentando.
Los analistas, academia y comentocracia debemos seguir esgrimiendo las razones por las que la sobrerrepresentación es una violación a la Constitución y alertando sobre las consecuencias del plan C. Continuar haciendo propuestas e intentar que los decisores —gobierno, legisladores, consejeros o magistrados— las tomen en cuenta. Es imperativo aprovechar los pocos resquicios de apertura e interlocución con todos ellos para que aquilaten lo que significaría dejar de ser una democracia.
El sector privado tiene un importante papel que jugar. Están mejor posicionados que nadie para hablar y negociar con el Presidente saliente y la Presidenta entrante (sobre todo con ésta última y su equipo) para llegar a acuerdos que incluyan sus intereses particulares con el interés general de mantener una nación democrática. Están en buena posición para utilizar todos sus recursos reales para convencer al nuevo gobierno de que el plan C, lejos de ayudar, atenta contra ellos. No se trata de amenazar, sino de dialogar y colaborar en una vía de ida y vuelta. La hiperconcentración de poder puede resultar atractiva a la nueva Presidenta y beneficiar a algunos empresarios con nombre y apellido, pero no al sistema en su conjunto. Ni a los objetivos económicos y sociales declarados por Sheinbaum ni a los intereses del sector empresarial. No es momento de persistir en la estrategia del actual sexenio. Todos hemos aprendido. A muchos les afectó la reforma energética o los intentos de equiparar el fraude fiscal con el crimen organizado o los decretos expropiatorios o el cobro extorsivo de impuestos o las asignaciones directas. En el PJ y en la Corte tuvieron un dique contra el ejercicio discrecional del poder, ya no lo tendrían.
Un tercer “sector” que no puede tirar la toalla es el internacional. Los inversionistas extranjeros, los gobiernos democráticos del mundo y los organismos globales tienen los instrumentos para influir en el futuro próximo. Los tratados comerciales y las cláusulas democráticas tienen reglas y es necesario hacerlos valer. Los partidos de oposición, por más debilitados que estén, tienen un rol que jugar. Una vez asignada la distribución de diputados tienen cuatro días para interponer sus recursos de inconformidad. Argumentos hay de sobra para que no se perpetre una violación a la Constitución. No pueden dejar a los votantes de la oposición sin una representación que refleje medianamente su preferencia electoral. No pueden permitir que, con una votación del 41%, ocupen únicamente el 25% de los asientos en la Cámara de Diputados.
El Judicial ya está actuando y debe seguir haciéndolo para defender su autonomía e independencia. Todos podemos contribuir, pero a estas alturas sólo hay 9 responsables de la decisión más trascendente que habrá enfrentado la democracia mexicana desde que comenzó la transición: son seis consejeros y consejeras del INE y tres magistrados y magistradas (cuatro, si nombran a uno más) del TEPJF. A todos ellos y ellas debemos enfilar nuestras baterías, cada uno con los instrumentos e influencia a su disposición. A todos nos corresponde contribuir a que el dictum de Mauricio Merino no se convierta en realidad.
Una última ingenuidad. En el equipo que va construyendo Sheinbaum hay opositores a la enorme concentración del poder que supone el plan C y al proyecto de crear un sistema electoral que nos regrese a las supermayorías. Hay defensores de un sistema electoral de representación proporcional. A ellos también les corresponde su cuota de responsabilidad.
