/Dulce María Sauri Riancho/
Dos temas han dominado la agenda de la vida pública de México en las últimas semanas.
Uno es la reforma al Poder Judicial, en la que destaca la elección por voto directo de ministr@s de la Suprema Corte de Justicia, magistrad@s y jueces.
El otro importante asunto es la sobrerrepresentación en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados.
Ambos han logrado traspasar el anillo de bronce de las y los especialistas, para volverse cuestiones de interés colectivo.
Hay un tercero: la ilegal Asamblea del PRI y el grotesco intento de su presidente nacional de reelegirse, también ha llamado la atención de militantes del partido y de la ciudadanía, que, perpleja, se pregunta si con esos partidos las oposiciones podrán contribuir a la lucha democrática que se avecina.
Voy a concentrarme en comentar la sobrerrepresentación, por su inminencia (tendrá que estar resuelto antes del 30 de agosto próximo) y porque es, hasta ahora, el único obstáculo que se interpone entre el poder Judicial y la intención del oficialismo de disolverlo.
Desde la lejana década de 1990 se estableció la entonces denominada “cláusula de gobernabilidad” por la cual ningún partido por sí mismo podía tener más del 8 por ciento de diputad@s por encima del porcentaje de la votación obtenida en las urnas. Se consideró entonces que un mecanismo de esta naturaleza permitiría al partido más votado contribuir a la estabilidad del gobierno electo que, de otra manera, estaría sujeto a la “tiranía de las minorías”.
No puedo dejar de mencionar que esta disposición corresponde a los tiempos en que el PRI había dejado de ser partido hegemónico y comenzaba a registrar los avances de los opositores en el poder Legislativo.
Fue una manera de atemperar y acompasar el tránsito hacia un sistema de plena competencia electoral. El 42% era entonces el “número mágico”, porque sumado al 8% daba un total de 50%, es decir, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Huelga decir que desde 1997 ningún partido obtuvo esos resultados y, por tanto, por sí mismo no pudo alcanzar la mayoría absoluta.
Sin embargo, en la reforma político-electoral de 2014 se estableció la figura de la coalición electoral y, a la vez, la exigencia de contar individualmente los votos de cada partido integrante de la coalición. Fue el mecanismo contra la cláusula de “vida eterna” al que habían acudido los partidos pequeños para salvar su registro: hacer un convenio previo a la elección con una asignación de porcentaje de votación previamente definida y así, librar el peligroso escollo de la obligación de obtener al menos el 3% del total de votos.
Las y los legisladores de 2014 no previeron que, al establecer el conteo individual de los votos de cada partido, afectaban el principio fundamental de este enredado conjunto de disposiciones: que nunca una sola fuerza política tuviera por sí misma la facultad de reformar la Constitución, esto es, alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados.
Ya se habían registrado problemas previamente, en 2015 y 2018, con la aplicación de la norma originalmente diseñada para partidos políticos, pero nada nos preparó para lo que viene, esto es, la integración de la 66 Legislatura, la que funcionará a partir del 1º de septiembre.
El 2 de junio pasado, la coalición oficialista obtuvo el 54.7% de la votación total: Morena, 40.8%, Verde, 8.4%; PT, 5.5%.
Por su parte, las oposiciones sacaron en conjunto el 41.4% (PAN, 16.9%; PRI, 11.1%; PRD, 2.44%; MC, 10.9%). (1)
A Morena y sus aliados se les pretende asignar más de las dos terceras partes de las y los futuros legisladores, esto es, más de 334 diputad@s. La ambigüedad (o el truco) está en que cada partido del bloque oficialista reclama el número de legisladores como si hubieran competido solos, no en coalición.
El asunto no es menor. Si prospera la interpretación literal de la norma constitucional, tendremos una legislatura completamente dominada por Morena que, en los próximos tres años puede cambiar por sí mismo TODAS las leyes del país, incluyendo la Constitución.
Esta posibilidad significaría un auténtico “borrado” de los contrapesos políticos y legislativos. Y si le sumamos que, al no tener las oposiciones ni siquiera un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados, les será imposible interponer acciones de inconstitucionalidad contra las leyes reformadas.
En cambio, si los responsables en última instancia de interpretar la Constitución realizan un análisis sistémico del mecanismo de la “sobrerrepresentación”; si acuden al Diario de los Debates en el que quedaron registradas las exposiciones de motivos, los dictámenes y las discusiones que acompañaron el proceso de aprobación de esta norma; si analizan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la controversia constitucional de 1998, que se volvió jurisprudencia (interpuesta, por cierto, por Andrés Manuel López Obrador, presidente del PRD), se encontrarán prístinamente con la voluntad del Constituyente para evitar que una sola fuerza política pueda por sí misma reformar la Constitución o incluso, abolirla.
Mucha carga para la Sala Superior del Tribunal Electoral, la misma que está sufriendo actualmente el embate contra el Poder Judicial en su conjunto. Porque el Tribunal Electoral forma parte de este poder que amenaza Morena y sus aliados con desaparecer en su actual integración.
No deja de ser irónico que seis magistrado/as, incluyendo a la recién integrada Claudia Valle Águilasocho, vayan a tomar una determinación que impacta, incluso, en su misma permanencia. No en balde sus compañeras y compañeros del poder Judicial están haciendo un llamado desesperado para que realicen una interpretación con sentido de la historia y perspectiva de un futuro democrático.
Si prevalece el criterio letrístico, adiós. Si contra viento y marea oficialista el Tribunal interpreta el sentir profundo de las reformas democráticas realizadas a partir de 1977, entonces habrá una nueva integración de la Cámara de Diputados en la que Morena será mayoría, pero las oposiciones pueden hacer valer su número para evitar los cambios a la propia Constitución que podrían dañar la vida democrática del país. Son seis, tres hombres, tres mujeres, en cuya decisión está el futuro cierto de un régimen autoritario o mantener la incertidumbre de la democracia.— Mérida, Yucatán.
1) El porcentaje restante corresponde a votos nulos o por candidatos no registrados.
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
