*El Ágora.
/ Octavio Campos Ortiz /
La polarización social provocada por el gobierno, la maniquea narrativa oficial para justificar los yerros en la conducción del país y las supuestas bondades o logros de un trasnochado populismo setentero han subido al debate público el ignominioso delito de traición a la Patria, contemplado en la Carta Marga. Conducta que contempló, dada nuestra experiencia histórica, la pena de muerte. Desde nuestra independencia, las ambiciones de poder provocaron continuos golpes de Estado, asonadas militares, complots civiles, invasiones extranjeras y traiciones entre grupos. Ello devino en inestabilidad política y social, por lo que los constituyentes implantaron desde la Ley Suprema el más severo de los castigos: la pena capital, aunque también contemplaron la figura del indulto presidencial.
Al derrocamiento del segundo imperio mexicano, fueron fusilados en el Cerro de Las Campanas Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía -otrora honrados cadetes del Colegio Militar-, por los delitos de traición a la patria y a la soberanía nacional. En el transcurso de la historia, se modificó el precepto para derogar la pena de muerte y solo mantenerla para el Ejecutivo en turno. Hoy es tan laxo el término que ha dejado de tener un sentido patriótico, de defensa de la soberanía y de la seguridad nacional, lo que ha servido como pretexto para el cachondeo político y argumento falaz de ataque, descalificación, confrontación, estigmatización y alentar la visión maniquea de la realidad. La 4T incorpora la figura del renegado -como los irlandeses sacrificados o herrados que defendieron a México-, solo falta que a los opositores les marquen con hierro candente la R. Además, hacen uso político del argumento para encubrir sus propias fechorías. Versión moderna de “al ladrón…al ladrón”.
El tlatoani tabasqueño es quien más uso político del término hizo para exaltar la crispación social contra sus antecesores, a quienes les endilgó, como a todo opositor a su proyecto, el sambenito de traidores al pueblo, además de responsabilizarlos de haber saquear al país, lo cual no deja de ser cierto, aunque hoy también lo hacen -pero el PRI robaba más-, aunque nunca formalizó las denuncias, solo era un recurso retórico que respaldaba su narrativa y mantenía la irritación de la gente que encontraba a los responsables de todos sus males. El ex presidente lanzó acusaciones contra sus colegas -curiosamente nunca menciona a Echeverría o a López Portillo, seguramente porque son sus ideólogos, a pesar de que la “docena trágica” fue una de las épocas más desgraciadas de México-, pero incluso llegó a la consulta popular para ver si la gente quería que se les juzgara, sabedor de que no votarían en improvisado proceso. Puro cachondeo político.
Este régimen, agobiado por las presiones externas de la Casa Blanca, la sospecha de su colusión con el crimen organizado, la evidente corrupción de sus políticos, rebasada en su estrategia de control de daños y de comunicación recurre al sambenito de la traición a la Patria, argumento que no es nuevo, ya que se utilizó cuando el republicano sugirió la intervención directa para eliminar a los barones de la droga, considerados terroristas. Muchos mexicanos pidieron considerar la posibilidad y de inmediato vino el anatema: traidores, vende patrias y se envolvieron en el llamado patriotero y reiterado petate del muerto: ¡mexicanos al grito de guerra! Ante tanta adversidad, ahora hacen uso faccioso y político de la justicia. Con una juez de consigna, de esa del acordeón, encarcelaron al ex gobernador de Baja California y empresario Ernesto Ruffo Appel por defraudación fiscal y delincuencia organizada. Pero nada que incomode a los creadores del huachicol fiscal y la corrupción en aduanas. Viva México cabrones.
Apostilla: Solo como dato curioso. En el siglo XXI, ha habido 13 indultos presidenciales. Vicente Fox otorgó ocho a militares, a quienes computó la pena de muerte por 20 años de prisión; Felipe Calderón Hinojosa cuatro, destaca el caso de Antonio Ortega Gallardo, acusado sin pruebas en un juicio viciado y violatorio de los derechos humanos, y Enrique Peña Nieto uno, el del profesor chiapaneco Alberto Patishtán. Por cierto, el inquilino de Palenque no otorgó ninguno, a pesar de haber sido una promesa de campaña para, supuestamente, corregir tantas injusticias.