Alguien como tú.
Gladys de L. Pérez Maldonado.
El 29 de julio pasado, se vivió una mañana de expectación vibrante, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutirían el amparo en revisión 639/2019, relativo a la omisión legislativa del Congreso del Estado de Veracruz, en cuanto a reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, en relación a despenalizar el aborto hasta la duodécima semana de gestación, incluir la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer y la eliminación del plazo de noventa días para el aborto en caso de violación.
Por una votación de mayoría, cuatro ministros de la Primera Sala consideraron que el amparo en revisión era improcedente pues no existe omisión legislativa del Congreso del Estado de Veracruz. Esto es, un requisito de forma en la técnica del amparo que no se actualizó evitó que se continuara con la discusión de fondo y no se analizó en cuanto a la constitucionalidad o no de la despenalización del aborto en el Estado de Veracruz.
Debemos insistir: los ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada dijeron en relación la despenalización del aborto en el Estado de Veracruz, ni siquiera fue discutido ese tema, en relación al Estado de Veracruz no se ha dicho la última palabra al respecto.
El lector se preguntará porque la mujer está tan interesada e insistente, o al menos algunas mujeres, en que la interrupción del embarazo sea constitucional, pues bien, el aborto en México es un crimen, la vida y la salud reproductiva de millones de mujeres depende de prejuicios, creencias religiosas, cárcel y muerte.
El aborto es la quinta causa de muerte materna en el país. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), cada año se practican entre 750 000 y 1 millón de abortos clandestinos; y seis de cada diez mujeres fallecen por complicaciones que se presentaron durante la interrupción del embarazo, debido a que fueron atendidas bajo condiciones insalubres y en la clandestinidad.
Además, en 30 de las 32 entidades federativas, el aborto es un delito, según cifras (2019) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se registraron 2,135 carpetas de averiguaciones previas contra mujeres que abortaron, sólo en el periodo comprendido entre 2015 y 2018.
Esto significa que mas de 2,000 mujeres fueron encarceladas, sancionadas con multas u obligadas a realizar servicios comunitarios porque en Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Nuevo León el aborto es criminalizado.
En Guanajuato y Querétaro, la interrupción del embarazo sólo es permitida en casos de violación o debido a un accidente, esto quiere decir que si el embarazo de una mujer pone en riesgo su vida, el embarazo no puede ser interrumpido y ella tendría que morir. Como dato curioso, en Michoacán y Yucatán, se considera la pobreza una causa legal para admitirlo, menos mal.
En los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo exigen en caso de violación la autorización de un juez o del fiscal y en San Luis Potosí y Tabasco requieren además de una “comprobación de los hechos” de violación para autorizar el aborto.
En Veracruz cabe hacer notar que existen dos alertas de violencia de género, una que data de 2016 y fue declarada en varios municipios y otra de 2017 que fue decretada por agravio comparado, conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en ella se prevé realizar la modificación de los artículos 149, 150 y 134 del Código Penal de la Entidad, implementar la Ley General de Víctimas y hacer efectiva la NOM 046 para la adecuada y diligente atención de víctimas de violencia sexual garantizando el acceso a la Interrupción legal del embarazo por violación, sin embargo, la falta de seguimiento por parte de las autoridades involucradas, conlleva a que las mujeres veracruzanas sean criminalizadas por la comisión de la interrupción del embarazo.
Afortunadamente, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) que ordena a todos los hospitales públicos garantizar la interrupción legal de los embarazos que sean producto de violación, sin necesidad de que las solicitantes del servicio presenten una denuncia previamente por el delito.
Esta es la realidad de la mujer en México, como consecuencia de hacer uso de su libertad de conciencia para interrumpir un embarazo por el motivo que se presente, pues ojo, el preguntar el motivo de su decisión, violentaría su derecho a la intimidad.
No se puede olvidar que los Derechos Humanos no tiene religión, vivimos en un Estado laico y las políticas públicas no se pueden encaminar en función de creencias religiosas, si no en aras de la protección de la salud y la vida de sus gobernadas.
El derecho de las mujeres a su intimidad y plena decisión de su cuerpo no debe estar limitado por una colectividad impositiva de creencias religiosas y prejuicios egoístas. Sería interesante realizar una encuesta con aquellas personas que se pronuncian en contra del aborto, nos llevaría a entender mejor su postura.
La lucha continúa y en Veracruz la despenalización del aborto será Ley.
EL LINCE: GATELL Y LEGISLATURA VIVEN EN EL ERROR
Por: César A. Vázquez Lince
BINIZA: ¿Quien maneja las granjas de Bots de la RedAMLO que se atacan entre ellos?
El discurso oficial desde principios de abril era que se estaba aplanando la curva y que se había domado la pandemia y, recientemente, que muertes y contagios iban para abajo. Ayer los muertos fueron 688, para llegar a 46 mil 688, el tercer lugar en el mundo, y los casos aumentaron en 8 mil 458, para sumar 424,637 mil. Y los que faltan.
Desde un principio se minimizó la pandemia, salgan abracen decían, de esto modo el Gobierno de México tuvo una reacción tardía y dejó caminar al virus. Peor no podemos culpar al Presidente López Obrador porque a pesar de lo que la groupie de John Ackerman el jefe del ejecutivo no es científico es lo que es, un político y actúa como tal.
El verdadero responsable es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell, quien en lugar de actuar como científico y epidemiólogo, actuó servilmente a las necesidades políticas de su empleador, olvidando su responsabilidad con los mexicanos.
En consecuencia tenemos blandengue encargado de la estrategia contra el COVID, uno que tiene frases memorables como él más o menos señor presidente, no es necesario hacer pruebas, el presidente es una fuerza moral, no de contagio y etc.
Lo más lamentable es que ante los resultados obtenidos, Gatell comienza a repartir culpas de las muertes por COVID, primero intentó culpar a la población, porque no toman las medidas sanitarias para evitar contagios, pero el fue mismo que decía que no era necesario él cubre boca, es mismo a dicho que se está aplanando la curva, es el mismo que dice una cosa y al día siguiente otra, ¿como va a ser tomado en serio?.
Y cambió el discurso porque salió contraproducente culpar al pueblo sabio y empezó a señalar las refresqueras, que porque son causantes de muchas de las enfermedades crónicas que aquejan a los México.
Aunque esto no es negable, hay países que tienen mayor índice de obesidad, un ejemplo es Egipto que supera a México en prevalencia de diabetes (15.6% contra 10.4%, de acuerdo con la OMS), hipertensión (26.3% contra 25.5%) y tabaquismo (20.3% contra 14.5%). Y tiene una tasa de mortalidad por el coronavirus casi ocho veces menor que la de México.
Hugo López Gatell fallo en si manejo del H1N1 y falló en su manejo del COVID-19, cedió ante los caprichos políticos de López Obrador y Marcelo Ebrard. Por si fuera poco ante su creciente popularidad perdió el piso y no acepta cuestionamientos.
Sin importar la excusa, hoy México está en el Top3 de países con más muertes con coronavirus.
CONGRESO EN LA ILEGALIDAD
Los diputados en el estado de Veracruz, al parecer desconocen su función y las leyes. Primero hacen una reforma electoral dejando afuera la revocación de mandato, lo cual es anticonstitucional y se las adelanto el recurso promovido por PAN,PRI y PRD va a proceder por que les corresponde la razón jurídica.
A quien también le corresponde la razón jurídica es a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), Sofía Martínez determinó no reconocer los más recientes nombramientos al interior del Consejo de la Judicatura.
Por dos razones hay intromisión de poderes de parte del congreso hacia el poder judicial y que 3 amparos federales fueron violados por la legislatura local, parece que los diputados no saben las consecuencias de estos actos.
Hasta el mismo Presidente López Obrador acata los amparos por temor a sus consecuencias.
Así que los que deben estar pegando de brincos son los suplante de 39 diputados, ya que por violar los amparos pueden ser destituidos.
