**GENTE COMO UNO.
/ MÓNICA GARZA /
“Hoy me tocó madrazo”, dijo en sus populares ‘instastories’ Mariana Rodríguez Cantú —esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García—, el pasado 10 de enero, cuando compartió el video del manotazo que le dio “Nacho”, un pequeñito con discapacidad intelectual.
Nacho vive en Capullos, un refugio perteneciente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuyo objetivo es brindar protección y asistencia social a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y de violencia familiar.
Quizá el manazo que le propinó Nacho directo en la cara a la primera dama, resultaría la primera llamada de atención, de las muchas que recibiría días más tarde, cuando apareció en el perfil de sus redes, Emilio, el bebé que pasó el fin de semana en el domicilio del gobernador del estado.
“Pedí un permiso de convivencia familiar”, explicó a sus seguidores la influencer, quien compartió detalles del bebé, como la condición de discapacidad con la que vive, además de su rostro y necesidades particulares.
Por dos días el menor fue exhibido, con diferentes cambios de ropa, con el uniforme de su equipo de futbol, comiendo, tomando biberón, jugando y durmiendo, como un accesorio para demostrar la “responsabilidad y generosidad” de la primera dama.
El hecho resultó para la mayoría muy lastimoso, sobre todo para los expertos en materia de derechos de la infancia. Porque los niños no son un juguete y romper las reglas que se han creado para proteger sus derechos es un delito, por muy bien intencionada que haya sido la señora Rodríguez.
Los artículos 68 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe la difusión de imágenes de NNA, sobre todo cuando éstos son víctimas, como el caso de Emilio, quien fue claramente expuesto en redes sociales, dejando huella digital de su persona.
“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales”, señaló la organización Save The Children México, pues como es bien sabido, las redes sociales de Rodríguez y García están monetizadas.
La organización señaló que el niño fue víctima de diversas violaciones a sus derechos, como a la vida privada, a la identidad y otros relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, presume su “adopción temporal”.
Por su parte Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, apuntó que el “permiso de convivencia familiar” por el que el pequeño habría sido sustraído durante un fin de semana, solo puede ser solicitado por familiares hasta de un cuarto grado de consanguinidad, que no es el caso de Mariana Rodríguez.
Al respecto, el propio Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia detalló que la legislación vigente en México establece que la adopción es “un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales”.
Los niños no son ningún accesorio, mucho menos un modo de “ensayo” para maternidad, por eso la Red por los Derechos de la Infancia solicitó al gobernador Samuel García y a su esposa, “actuar por la no cosificación de este niño, ni de ningún otro” y solicitó la revisión del trámite que les permitió llevarse a Emilio a casa.
Asimiso lo hizo la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que hizo un llamado al DIF del estado para garantizar el derecho a la intimidad de los menores bajo su resguardo.
El hecho evidenció varias situaciones, pero en particular dos que habría que atender con urgencia:
Primero, que los inquilinos de la casa de gobierno del estado de Nuevo León, requieren mucha información y asesoría sobre la diferencia que existe entre la responsabilidad inmensa de gobernar un estado con las complejidades de Nuevo León, y las actividades propias de montar escenas para campañas en redes sociales.
Segundo, vulnerar con semejante frivolidad los derechos de los niños en una entidad, enciende las alarmas, y no por las intenciones de Mariana Rodríguez, quien actuó de manera ingenua —por decir lo menos—, sino porque evidencia la fragilidad de las instituciones que pueden ver violados sus protocolos con semejante facilidad, atentando en este caso, contra uno de sus grupos más vulnerables.
