La “estafa maestra” y El Maestro de la Estafa

Diego Fernández de Cevallos

Cualquier caso judicial merece comentarse responsablemente, y los particulares no debemos condenar o absolver a persona alguna, por ser función exclusiva de los jueces.

Ahora bien:

1) En la llamada estafa maestra es tan sólida la información (principalmente las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación) que permite inferir, sin duda razonable, que fue un desfalco a la Nación por más de 5 mil millones de pesos; que no se trató de una conducta individual y aislada, sino de acciones concertadas entre funcionarios federales, autoridades de universidades públicas y terceros a través de “empresas fantasma”. Fue un complejo modus operandi mafioso y de gran lesividad que debe castigarse y recuperar el quebranto.

Observe usted que ninguna persona o institución —así sean las señaladas— han sostenido que esos recursos tuvieron un destino final lícito y que rindieron los beneficios públicos esperados.

2) En cuanto al fondo del caso no se puede afirmar que sea una “cacería de brujas” o una vendetta política, pues la Carpeta de Investigación se inició por autoridades del sexenio anterior. Habrá que analizar, de momento a momento, las acciones y decisiones de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y los jueces, para saber si se aplica estrictamente la ley o si se repiten historias de abusos de poder para ensañarse con opositores y servir al poderoso en turno, mientras la nueva administración sigue rampante cometiendo delitos y derroches con grosera opacidad.

3) Por ahora hay un hecho preocupante: el juez decretó prisión preventiva “justificada” a Rosario Robles “por riesgo de fuga”; pero esa mujer, que pudo sustraerse de la acción judicial, no huyó, no fue capturada en cumplimiento de una orden de aprehensión, compareció libremente ante el juez y se sometió de manera voluntaria al imperio de la ley, a esa ley que le confiere el derecho de llevar su proceso en libertad.

Toda persona puede tener simultáneamente dos o más domicilios (lo que es legal y frecuente) y ello no constituye indicio de riesgo de fuga, pero el juez resolvió lo contrario.

4) Conforme a nuestras leyes la prisión preventiva justificada debe ser excepcional, por el derecho humano a la presunción de inocencia. ¿No sería suficiente imponerle localizador electrónico y retener su pasaporte?

5) Esa decisión judicial producirá efectos indeseables: cualquiera en su sano juicio (es decir, yo no) si se sabe investigado preferirá fugarse o pegarse un tiro; sobre todo si carece de dinero para pagar la obligada protección en la cárcel, y abogados que algún día lo liberen.

Termine como sea la estafa maestra, el mayor problema de México es NO CASTIGAR EFICAZMENTE LOS DELITOS, incluidos los que ahora comete con absoluta impunidad, exultante y soberbio, El Maestro de la Estafa.

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