* La gobernadora, por su parte, no fue incluida en la lista de sancionados anunciada este martes.
29.09.2026 Baja California.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó tener vínculos con las personas y empresas sancionadas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, fuera incluido en una lista de personas señaladas y sancionadas por Washington por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa (los Mayos) en Baja California.
El Departamento del Tesoro informó el 29 de septiembre que OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas relacionadas, según la autoridad estadounidense, con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. Entre los señalados aparecen operadores asentados en Tijuana y Mexicali, así como personas a las que el gobierno estadounidense identifica como facilitadores financieros y políticos.
En el caso de Mexicali, el Tesoro de Estados Unidos sostiene que la zona está bajo influencia de “Los Rusos”, una subfacción de Los Mayos dirigida por Juan José Ponce Félix, identificado también como Jesús Alejandro Sánchez Félix y conocido como “El Ruso”. De acuerdo con el documento estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades de esa organización y protegerla de acciones de las autoridades.
El gobierno de Estados Unidos también afirma que Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien señala de haber recibido sobornos de “El Ruso”. La acusación sostiene que esos recursos tenían como propósito permitir que el grupo criminal operara con relativa impunidad en Baja California. Tanto Torres como su hermano Luis Alfonso Torres Torres fueron incluidos en las designaciones de OFAC.
La autoridad estadounidense recordó además que a Carlos Torres le fue revocada la visa estadounidense en mayo de 2025, decisión que ahora, en el comunicado del Tesoro, vincula con una presunta afiliación al Cártel de Sinaloa y con actividades realizadas en favor de esa organización.
Marina del Pilar rechazó que las acusaciones contra su exesposo tengan relación con su administración y afirmó que no asumirá su defensa pública.
“Entiendo que Carlos, mi exesposo, emitió su postura, y pues este gobierno no va a ser vocero… ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de estas circunstancias. Y serán las autoridades quienes puedan dar más información al respecto”, declaró la gobernadora.
La mandataria también aseguró que desconoce los hechos contenidos tanto en la denuncia que, según dijo, fue presentada ante la Fiscalía General de la República como los señalamientos formulados por el gobierno estadounidense.
“Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia, y lo vamos a seguir haciendo siempre. Yo desconozco todos los hechos que se presentan en esta acusación, de la denuncia anónima que se presentó ante la FGR, y desconozco también los señalamientos que se hacen por parte del gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.
Uno de los puntos señalados por OFAC es la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., incluida entre las compañías designadas por Estados Unidos. El Tesoro sostiene que esta empresa se encuentra vinculada con Luis Alfonso Torres Torres.
Al respecto, Marina del Pilar afirmó que dejó de formar parte de esa sociedad desde 2023 y que cedió sus derechos a quien entonces era su esposo.
“Desde el 2023 yo decidí salirme de ese mercadito (…) cedí mis derechos a quien en ese entonces era mi esposo. Hoy les recuerdo pues que soy divorciada de Carlos, y pues nuestro interés es el bienestar de nuestro hijo”, declaró.
La gobernadora agregó que instruyó a las autoridades estatales a revisar si las empresas incluidas en las sanciones estadounidenses tienen contratos con el Gobierno de Baja California.
“Le pedí a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Honestidad que revisen qué empresas están en estos supuestos que mencionas, y evidentemente pues se cancelará o se terminará cualquier tipo de contrato que exista con ellas”, afirmó.
El Gobierno de Baja California emitió posteriormente un posicionamiento oficial en el que estableció cinco puntos. Señaló que Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres y que el vínculo que mantienen actualmente corresponde al bienestar de su hijo. También precisó que la gobernadora no aparece entre las personas sancionadas por OFAC.
El comunicado agregó que Ávila Olmeda no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas. Asimismo, informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor para verificar si las empresas señaladas por OFAC han celebrado contratos con el Gobierno del Estado y, en caso de encontrar alguna relación, remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se determine lo procedente conforme a la ley.
La administración estatal también sostuvo que las personas señaladas por las autoridades estadounidenses deberán atender su situación directamente ante las instancias competentes y que el Gobierno de Baja California no hablará en su nombre.
En sus declaraciones de este martes, Marina del Pilar rechazó además cualquier relación personal o política actual con Torres más allá de su hijo y descartó separarse del cargo.
“Yo no estoy ni vinculada ni incluida en esta situación (…) He resistido cinco años infamias, calumnias, mentiras, difamaciones de todo tipo. Voy a resistir los próximos 11 meses, que son los más importantes para cerrar la administración con resultados”, expresó.
Ante las preguntas sobre su situación personal después de las nuevas acusaciones, añadió: “Tranquila, con las manos limpias y la conciencia tranquila. Y trabajando, concentrada en la chamba”.
El antecedente de la visa
La inclusión de Carlos Torres en las sanciones de OFAC ocurre después de que, en mayo de 2025, tanto él como Marina del Pilar informaran públicamente que Estados Unidos había cancelado sus visas. En ese momento, la gobernadora sostuvo que la pérdida del documento migratorio no impedía el ejercicio de sus funciones como titular del Ejecutivo estatal.
Torres había colaborado de manera honoraria en el Gobierno de Baja California durante la administración de Marina del Pilar. Posteriormente dejó esa función en medio de los señalamientos derivados de la cancelación de su visa.
Ahora, el Departamento del Tesoro incorporó formalmente a Torres y a su hermano a las sanciones financieras bajo las órdenes ejecutivas estadounidenses 14059 y 13224. OFAC establece que los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También quedan prohibidas, salvo autorización específica, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.
El expediente estadounidense incluye además a Vida Orgánica Tijuana y otras compañías relacionadas con la red que Washington atribuye a los señalados.
Carlos Torres, por su parte, rechazó las acusaciones y afirmó que buscará aclarar su situación ante OFAC y las autoridades correspondientes. Sostuvo que niega cualquier vínculo con el crimen organizado y cuestionó que los señalamientos tengan como origen denuncias anónimas presentadas ante la FGR en 2025.
La Unidad de Inteligencia Financiera mexicana informó además que inició acciones después de los señalamientos de Estados Unidos y que identificó operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, por lo que procedió al bloqueo de cuentas de Carlos Torres y de Pedro Ariel Mendívil, de acuerdo con información difundida este martes.
Hasta ahora, los señalamientos de vínculos con el crimen organizado contenidos en la acción de OFAC corresponden a las autoridades estadounidenses; su inclusión en una lista de sanciones financieras no equivale por sí misma a una sentencia penal en México.
La gobernadora, por su parte, no fue incluida en la lista de sancionados anunciada este martes, de acuerdo con el comunicado oficial de Baja California y el listado difundido por el Departamento del Tesoro.