*Astrolabio Político.
/ Por: Luis Ramírez Baqueiro /
“En lo necesario, unidad; en la duda, libertad; y en todo, comprensión”. – San Agustín de Hipona.
En política, como en las finanzas públicas, los errores más peligrosos no siempre nacen de la mala fe. Muchas veces surgen de diagnósticos incompletos o de explicaciones a medias. Y cuando se trata del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), una interpretación equivocada puede convertirse en un riesgo para la estabilidad de miles de familias veracruzanas.
Durante años, el IPE ha logrado recuperar credibilidad, fortalecer su patrimonio y demostrar una capacidad de gestión que parecía impensable hace apenas una década. Sin embargo, detrás de las buenas cifras existe una realidad técnica que no puede ni debe ignorarse: el sistema pensionario veracruzano sigue siendo estructuralmente deficitario.
Este punto resulta fundamental para entender el debate que comienza a surgir alrededor de las finanzas del Instituto.
De acuerdo con la información financiera disponible, durante 2025 el IPE obtuvo ingresos por 12 mil 467 millones de pesos. De ese total, aproximadamente el 53 por ciento provino de cuotas y aportaciones de trabajadores activos y de los entes públicos incorporados al sistema.
La cifra parece robusta. Lo es. Pero también resulta insuficiente para cubrir por sí sola la totalidad de las obligaciones pensionarias.
Y ahí es donde aparece un elemento que algunos parecen olvidar o minimizar deliberadamente: el subsidio estatal respaldado en buena medida por recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Conviene recordar para qué fue creado este fondo federal. Su propósito no se limita a infraestructura o saneamiento financiero general. También contempla expresamente el fortalecimiento de los sistemas de pensiones estatales, precisamente porque los gobiernos locales enfrentan crecientes desafíos derivados del envejecimiento poblacional y del aumento en la esperanza de vida.
En el caso de Veracruz, el FAFEF ha sido una pieza estratégica para garantizar la viabilidad operativa del sistema.
Durante 2025, el apoyo proveniente de esta fuente alcanzó aproximadamente 4 mil 300 millones de pesos. Para 2026 la cifra ronda los 4 mil 600 millones. Estamos hablando de recursos que representan cerca del 35 por ciento de los ingresos totales del Instituto.
No es un dato menor.
Por el contrario, es un dato decisivo.
Porque si alguien pretendiera presentar la situación financiera del IPE como un sistema plenamente autosuficiente únicamente con cuotas, aportaciones y rendimientos propios, estaría ofreciendo una visión parcial de la realidad.
La pregunta entonces resulta inevitable: ¿se le ha explicado con absoluta claridad esta situación a la gobernadora Rocío Nahle García?
La interrogante cobra relevancia porque en distintos círculos administrativos comienza a escucharse una narrativa preocupante: la idea de que la Reserva Técnica podría convertirse en una fuente recurrente para financiar obligaciones corrientes del sistema.
Y ahí es donde surge el verdadero riesgo.
La Reserva Técnica no fue creada para sustituir los ingresos ordinarios ni para reemplazar el respaldo institucional del Estado. Su función histórica consiste en actuar como un mecanismo de protección, una garantía financiera para enfrentar contingencias futuras y fortalecer la sostenibilidad del sistema.
De hecho, uno de los mayores logros de la administración actual ha sido precisamente incrementar esa reserva. En diciembre de 2018 ascendía a poco más de mil 222 millones de pesos. Para marzo de 2026 supera los 3 mil 282 millones.
Un crecimiento superior al 168 por ciento.
Ese fortalecimiento patrimonial constituye una buena noticia. Pero precisamente porque representa una reserva estratégica, su utilización debe analizarse con extremo cuidado.
Sería un error considerar esos recursos como una caja de disponibilidad permanente para cubrir déficits estructurales.
La lógica financiera es simple: una reserva puede amortiguar problemas temporales, pero difícilmente puede sustituir indefinidamente una fuente de financiamiento recurrente.
Por ello resulta indispensable distinguir entre fortaleza patrimonial y autosuficiencia financiera.
El IPE es hoy una institución más fuerte que hace ocho años. Tiene mayor patrimonio, mejores niveles de recuperación de cartera, activos inmobiliarios más valiosos y una administración más eficiente.
Pero sigue formando parte de un sistema solidario que requiere del respaldo estatal y federal para garantizar el pago oportuno de miles de pensiones.
Confundir una cosa con la otra podría llevar a decisiones equivocadas.
Y cuando hablamos del ingreso mensual de más de 20 mil pensionados que dependen directa o indirectamente de esos recursos complementarios, las equivocaciones dejan de ser un asunto técnico para convertirse en un asunto profundamente social.
Porque el futuro del IPE no depende únicamente de cuánto dinero tiene hoy.
Depende, sobre todo, de entender correctamente cómo se financia realmente su presente.
Próxima entrega: La reconstrucción financiera del IPE. Cómo el orden administrativo, la recuperación de adeudos, el fortalecimiento de la Reserva Técnica y la valorización de sus activos permitieron rescatar una institución que durante años fue símbolo de incertidumbre.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx