*Escrito por Lucía Lagunes Huerta.
Nadie nos imaginábamos lo largo y difícil que serían los últimos 15 días del actual gobierno, quien congruente con su política de símbolos, hizo que septiembre no solo sea recordado como el mes de la patria por la conmemoración de la independencia de nuestro país, sino que a partir de este año será el mes del avasallamiento de la supuesta voluntad popular.
Pues en nombre del pueblo se han hecho reformas constitucionales exprés, sin escucha, sin diálogo, sin sustento en evidencia, dicen, por la voluntad popular.
Tal como en su momento el PRI se apropió del legado revolucionario e incluso de los colores patrios; el Gobierno de Andrés Manuel, que concluye en cuatro días se apropió, junto con su partido, de la voluntad popular y en su nombre hacer cualquier cosa. Por eso tenemos encima la Guardia Nacional en el Ejército.
Al mejor estilo de Carlos Salinas de Gortari, la mayoría morenista junto con sus aliados, ni vio y ni escuchó la evidencia que especialistas tienen sobre los impactos que esta reforma tendrá en nuestras vidas y cuyos costos cobrarán intereses para las y los más jóvenes, porque esta reforma recaerá sobre ellas y ellos.
Entre quienes no fueron vistos ni escuchados, estamos también las mujeres, quienes desde febrero levantamos la voz para alertar de los peligros de militarizar la Guardia Nacional, especialmente por la vulneración que esto conlleva para las mujeres desde las niñas hasta las adultas.
En febrero de este año la Red Feminista Antimilitarista hizo una carta pública para señalar que era de preocupación darle a la Guardia Nacional facultades de investigación y persecución del delito, lo cual decían entonces y hoy se confirma, es un retroceso en acceso a la justicia, máxime que se les otorga fuero militar lo cual dificulta el acceso a la verdad y la justicia, cuando son los perpetradores de violaciones a derechos humanos.
Y no es que sea una percepción o sea un sentimiento, de lo que se está hablando, claro que no. El abuso de poder, la impunidad, el ocultamiento y la injusticia están tatuadas en el cuerpo de las mujeres sobre todo cuando se involucra a militares.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021 más de 68 mil mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o marinos.
En tanto, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol, 2021) revela que, en las detenciones de mujeres, las instituciones que ejercen mayor violencia son la Marina (86.4%) y la Sedena (77.4%). Además, detalla que la violencia sexual está presente en los arrestos de mujeres en 19.4% de las detenidas por la Marina y el 11.5% por la Sedena.
Porque lo que la evidencia nos dice es que el actuar militar viola derechos humanos y en el caso de las mujeres involucra la violencia de género y entre ella, la violencia sexual.
Desde las mujeres desaparecidas en la guerra sucia hasta las mujeres que en la actualidad han sido desaparecidas, torturadas, asesinadas por elementos de las fuerzas armadas.
En un ejercicio de memoria quiero traer a Nitza Paola Alvarado Espinosa e Rocío Irene Alvarado Reyes quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte del ejército en Chihuahua; las hermanas González, niñas violentadas sexualmente en un retén militar en Altamirano Chiapas; Inés y Valentina, agredidas sexualmente también por parte del ejército en Guerrero y Doña Ernestina Ascencio en Zongolica Veracruz, atacada sexualmente también por militares.
Y las traigo a la memoria porque son los casos que han logrado la luz pública y por su gravedad la atención de la Corte Interamericana, algunas con resoluciones condenatorias contra el Estado Mexicano, otras en proceso de ser admitidas y otra más con acuerdos reparatorios.
Todas en épocas distintas de nuestra historia mexicana, lo cual muestra un patrón del actuar de las fuerzas castrenses, no son casos aislados, son abusos misóginos uniformados. Todos sus agresores están en la impunidad en nuestro país, por ello acudieron a las instancias internacionales en busca de justicia, verdad y reparación de los daños cometidos.
Por eso digo que las preocupaciones feministas que se expresaron en febrero sobre la militarización de la Guardia Nacional están tatuadas en las vidas de las mujeres, porque cada una de ellas somos todas.
El riesgo es para todas, eso fue lo que se dijo en el pasado y se dice en el presente, pero ninguna voz fue escuchada, ninguna víctima fue vista, porque todas y todos los legisladores que aprobaron la adscripción de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas votaron con disciplina partidaria escudados en la llamada voluntad popular.
Esta es la realidad que vivimos hoy y en la cual llegará a gobernar la primera mujer presidenta de nuestro país, y me pregunto con esto, ella ¿qué hará?, cómo logrará la llamada República de las Mujeres, cuando recibe un ejercito empoderado no solo por las armas y la impunidad que les rodea, sino por los negocios multimillonarios que hoy tiene en sus manos y no están dispuesto a perder.
Estos son los marcos estrechos en los cuales ella se moverá y será juzgada por lo que ahí ocurra.
Cimac Noticias.com
