*Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La peor decisión es la indecisión”. – Benjamín Franklin.
Las cuentas del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez están lejos de cerrarse. Y no se trata únicamente del juicio político que pueda hacerse sobre su administración, sino de algo mucho más concreto: dinero público que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación y que deberá ser aclarado, solventado o, en su caso, recuperado.
Solamente en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno cuitlahuista, la ASF determinó mil 896 millones de pesos pendientes de aclarar. Al incorporar observaciones de ejercicios anteriores, particularmente las correspondientes a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), la dimensión del problema supera los 2 mil 600 millones.
El epicentro vuelve a ser Salud.
En la revisión de 2024 aparecen mil 78 millones de pesos relacionados con recursos federales transferidos para servicios sanitarios. Las observaciones incluyen movimientos entre cuentas, mezcla de fuentes de financiamiento, pagos sin suficiente trazabilidad y operaciones cuya documentación deberá demostrar que los bienes y servicios contratados efectivamente fueron entregados.
Y ahí aparece inevitablemente Jorge Eduardo Sisniega Fernández, exdirector administrativo de SESVER durante el gobierno anterior.
Sisniega no enfrenta solamente señalamientos periodísticos. Desde mayo de 2025, la gobernadora Rocío Nahle García confirmó públicamente que la Contraloría General del Estado presentó una denuncia en su contra por presuntas irregularidades detectadas en Salud.
Más recientemente, un procedimiento administrativo derivó en su inhabilitación temporal junto con otros exfuncionarios.
Pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿hasta dónde llegará el caso?
Porque una inhabilitación administrativa parece poca cosa frente al tamaño de los recursos observados. Si las investigaciones acreditan conductas delictivas, corresponderá a las autoridades ministeriales determinar responsabilidades individuales. Y será ahí donde deberá demostrarse si existieron simplemente irregularidades administrativas o algo mucho más grave.
La rendición de cuentas no puede convertirse en espectáculo político ni tampoco en mecanismo de protección partidista.
Y aquí aparece otro elemento interesante.
La gobernadora Rocío Nahle ha mantenido diferencias con algunas conclusiones de la ASF. Incluso ha señalado que existen expedientes y documentación entregados para solventar observaciones que, desde su perspectiva, deben ser revisados integralmente.
Por eso adquiere relevancia una eventual reunión -confirmada por la misma mandataria a este reportero el pasado lunes- con el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, misma que ser realizaría este miércoles 12 de agosto.
En esas gestiones, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, juega nuevamente el papel que mejor parece desempeñar dentro de la administración estatal: construir puentes donde existen diferencias.
Ahued entiende que institucionalmente Veracruz necesita aclarar dos cosas distintas: defender aquello que la actual administración considere incorrectamente observado y, simultáneamente, deslindarse de cualquier irregularidad heredada.
No son asuntos contradictorios.
Defender las cuentas actuales no significa proteger las anteriores.
En este proceso también resulta interesante la presencia de un economista veracruzano, actual director general de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.
Ex alcalde y diputado federal, históricamente identificado con Movimiento Ciudadano, ha marcado públicamente distancia de la actividad partidista para concentrarse en sus responsabilidades institucionales. Su posición puede convertirse en un puente técnico importante para facilitar entendimientos, aunque debe precisarse que su función corresponde a la estructura de vigilancia legislativa sobre la ASF y no directamente a la operación fiscalizadora del organismo.
Eso hace todavía más relevante cualquier participación suya: deberá ser institucional, técnica y transparente.
Porque después de seis años en los que desde Palacio de Gobierno se presumió honestidad, austeridad y combate frontal contra la corrupción, resulta indispensable explicar por qué permanecen semejantes cantidades bajo observación.
Cuitláhuac García construyó buena parte de su discurso político asegurando que Veracruz había dejado atrás los tiempos del saqueo.
Ahora toca demostrarlo documentalmente.
Y si no puede demostrarse, entonces alguien tendrá que responder.
Porque cambiar de partido en el gobierno jamás puede significar cambiar solamente el nombre de quienes administran las mismas viejas prácticas.
La verdadera prueba para Rocío Nahle será precisamente esa: investigar incluso cuando los responsables potenciales pertenezcan al mismo movimiento político.
Ahí comienza la diferencia entre discurso y gobierno.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx