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/Verónica Malo Guzmán/
Literal. El tremendo juez de la tremenda Corte… No en Televisión Cubana, ni como episodio delirante de ‘Tres Patines’, sino como la terrible realidad que se vislumbra día con día en los comentarios, procedimientos y decisiones de jueces, magistrados y ministros mexicanos electos mediante el sistema del “acordeón”. Y cuyas resoluciones ahora son vistas en vivo —a través de los juicios orales y las sesiones públicas del Poder Judicial.
Llevan menos de dos semanas en sus cargos, y ya hay pifias judiciales que se han vuelto virales por lo descomunales. Incluso para quienes no tienen formación jurídica, los errores saltan a la vista.
Nadie esperaba que en tan poco tiempo dominaran todo el oficio, pero sí que al menos algo aprovecharan los talleres intensivos. Ni formación jurisdiccional rigurosa, ni acompañamiento técnico. Los despidos masivos de quienes sabían hacer ponencias, redactar autos, atender a las partes, no fueron acompañados por una transición eficaz.
Varios de esos despedidos ya han sido recontratados sin respetarles la antigüedad ni los derechos laborales, mientras los nuevos equipos —que nos están costando una fortuna— parecen improvisados: no saben lo que hacen, y no cuentan con formación jurisdiccional básica.
La incompetencia no es un rumor. Es operativa. Algunos jueces no saben siquiera lo que han fallado o despachado; otros, directamente, no se presentan a trabajar.
En audiencias han soltado frases como: “no sé, tú dime”, o han dictado sentencias cuando ni el Ministerio Público ni la defensa han planteado todos sus alegatos. Es un espectáculo de horror, donde lo esencial (pruebas, procedimiento, motivaciones legales) parece secundario frente al espectáculo.
Lo que vivimos es una tragedia de institucionalidad. El Estado de Derecho se resiente. Las leyes corren el riesgo de convertirse en adornos mientras el juez estrella no aplica el derecho, sino que busca “verse bien”. Las sesiones públicas prometían transparencia; lo que nos dan muchas veces es teatro grotesco. No es necesario que la oposición critique o haga escándalos: basta con ver a los jueces en acción.
Un ejemplo reciente: el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, detenido el 26 de agosto bajo acusaciones de encabezar una red de huachicol fiscal. Él promovió el 29 de agosto un recurso de amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
Dicha instancia le otorgó una suspensión provisional para frenar la orden de aprehensión en su contra, condicionada a que pague una garantía (49 mil pesos) y comparezca físicamente cada 72 horas ante la autoridad correspondiente. Además, el amparo también faculta al contralmirante a exigir que se le otorgue acceso a la carpeta de investigación, pues denuncia que dicha carpeta le ha sido negada repetidamente.
¿Y qué nos muestra este caso? Que un juez puede —durante su poco tiempo en el cargo— frenar procesos de detención sobre acusaciones graves, con argumentos técnicos dudosos, pero que a la vez exponen las deficiencias de un sistema que aún no está preparado: en la selección, formación, supervisión, responsabilidad. Hace menos de cuatro meses los candidatos juzgadores prometían no hacer precisamente eso.
También conviene recordar: el sistema fraudulento (las boletas múltiples que votaban varios cargos judiciales al mismo tiempo) fue aprobado como parte de la reforma judicial y el nuevo procedimiento para elegir jueces, magistrados y ministros. El de junio fue un proceso inédito para México: alrededor de más de 800 cargos federales, muchos jueces distritales y estatales asumieron funciones apenas el 1 de septiembre. Pero la participación ciudadana en esas elecciones fue baja: alrededor de un 12-13 % de los electores, lo que ya de entonces generaba cuestionamientos sobre legitimidad y capacidad de supervisión ciudadana.
Todo esto pone en evidencia varios vacíos:
1. Formación técnica. No basta nominar; hacía falta capacitación especializada, tutores, estándares mínimos, procesos de evaluación.
2. Supervisión y rendición de cuentas. A estas alturas, ¿quién corregirá estos errores? ¿Qué sanción hay si se dictan resoluciones contrarias a la ley por desconocimiento?
3. Transparencia y participación ciudadana más allá de votar: acceso real a expedientes, publicaciones de criterios, motivaciones legales claras brillantes por su ausencia y no se ve que eso vaya a cambiar.
4. Estructura institucional que respalde al nuevo personal: juzgados, secretarías, soporte técnico, diseño de turnos, protocolo de audiencias. Nada. Cero.
Las muestras de incompetencia siguen y en todos los niveles. ¿La cereza en el pastel? El ministro presidente de la SCJN mostrando parcialidad en sus mensajes de redes sociales; cero objetividad e independencia. El aparato de justicia en México ya deja ver un completo desastre operativo.
Lo que está ocurriendo con y en el aparto judicial es sumamente grave.
