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/Eduardo Sadot/
De pronto, al gobierno le nació una extraordinaria preocupación por los derechos de las audiencias. Nos dicen que buscan empoderar a la ciudadanía, mejorar la información y fortalecer la democracia. En principio, ¿quién podría estar en contra? Se busca garantizar información veraz y oportuna, distinguir noticia de opinión y reconocer el derecho de réplica. Todo parece impecable, hasta preguntar quién tendrá la última palabra. Una cosa es garantizar el derecho ciudadano a recibir información y otra muy diferente otorgar a una autoridad la facultad de determinar qué es verdadero, qué es falso, qué opinión es aceptable o qué contenido es contrario al interés de la audiencia. Ahí está el verdadero problema: ¿quién va a decidir qué es verdad? ¿El gobierno?
Audiencia proviene del latín audientia, relacionada con audire, escuchar. De eso debería tratarse: que la ciudadanía escuche distintas voces y forme libremente su criterio, no que una autoridad sustituya su discernimiento.
Por eso resulta difícil creer que, de manera espontánea y repentina, el gobierno haya descubierto una preocupación tan profunda por las audiencias. Si esa facultad termina en manos del poder público, el supuesto derecho podría convertirse en un mecanismo de control de contenidos.
¿Quién protege a las audiencias del poder cuando el poder pretende convertirse en árbitro de la verdad? ¿Cómo creer en una autoridad jurídica como garante de las audiencias cuando existe silencio frente al debilitamiento del Estado de Derecho y del Poder Judicial? Si verdaderamente la preocupación fueran las audiencias, deberían existir mecanismos independientes, con rigor técnico y autoridad ética, capaces de proteger al ciudadano de los abusos de medios y poder. Las audiencias no necesitan un gobierno que piense por ellas.
Necesitan libertad para escuchar, comparar, cuestionar y decidir por sí mismas, protegidas por un organismo autónomo, independiente del gobierno y de los medios. Esa autonomía tendría que alcanzar también a la propaganda política gubernamental y cumplir con el articulo 134 de la Constitución. Si se protege a las audiencias frente a los medios, ¿quién las protege cuando la información proviene del gobierno?
La mañanera es el mejor ejemplo: no puede vigilarse lo que dicen los medios y dejar fuera lo que dice el poder. Si de verdad se quiere proteger a las audiencias, protejamos también al ciudadano frente al poder. El artículo 87 constitucional establece que el Presidente, al protestar su cargo, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y que, si así no lo hiciere, “la Nación me lo demande”. Hagamos que esa expresión deje de ser fórmula constitucional y se convierta en un derecho efectivo: la ley secundaria del 87 que establezca cómo la Nación puede exigir responsabilidad a sus malos gobernantes. Si la Constitución lo dice, pero no existe un mecanismo para hacerlo efectivo, la advertencia corre el riesgo de ser letra muerta. Si el Presidente protesta que la Nación se lo demande, hagamos posible que la Nación pueda hacerlo. Porque si se trata de proteger a las audiencias de las mentiras y abusos, también debemos proteger al pueblo de México de las mentiras y abusos desde el poder.
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