HORA LIBRE.
Álvaro Belin Andrade.
Con la elección de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado por los próximos nueve años, y la de Clementina Salazar Cruz, como Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Veracruz prácticamente ha puesto en manos de mujeres tanto la persecución de los delitos como la impartición de la justica, si recordamos que el 2 de diciembre pasado se eligió a la abogada Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Si a las tres citadas añadimos a Delia González Cobos como auditora general del órgano de Fiscalización Superior (Orfis), ya podremos ver en Veracruz cuál es el trato desde el gobierno morenista a los tema de corrupción, pues en la Contraloría General despacha Mercedes Santoyo Domínguez, quien por cierto es Ingeniera por el Tec de Monterrey (campus Querétaro) y maestra en Control de Calidad y Administración de la Producción por la Universidad Chu-San-Ren en Osaka, Japón. Nada relacionado con su encargo (aparentemente provisional), si bien es cosa del pasado tener a los más preparados e idóneos en los cargos públicos.
No es, por supuesto, una garantía para lograr que desaparezca la corrupción, aunque sería lo recomendable y hasta lo exigible para que las mujeres que pueden ser (y vaya que tienen madera para ello) mejores que los hombres en el manejo y cuidado de los recursos públicos.
Tampoco es garantía en temas relacionados con la violencia de género, donde Veracruz destaca a nivel nacional, tanto por la violencia doméstica como en número de feminicidios. Con la actual Fiscal Verónica Hernández Giadáns ha habido una fuerte polémica protagonizada por grupos feministas porque la Fiscal ha dispuesto que los homicidios de mujeres no se cataloguen como feminicidios hasta que concluyan las investigaciones y se definan las hipótesis que definen a este último delito.
Aunque no aparezca Veracruz en los primeros lugares nacionales por número de feminicidios por cada 100 mil habitantes, es claro que han crecido las cifras de mujeres víctimas de homicidio doloso y que, en su momento, desde la Fiscalía se tendrá que hacer un ajuste conforme las investigaciones ministeriales apunten a si son o no feminicidios.
Por otra parte, la Contraloría no ha tenido mucha audacia para investigar los casos de corrupción de los que se ha acusado al gobierno morenista, como los contratos con empresas fantasmas de los que se señala con dedo flamígero al titular de la SEV, Zenyazen Escobar.
Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido a todos sus colaboradores de cualquier acusación de corrupción, señalando que son producto de mera politiquería. Así ha defendido a Cuitláhuac García Jiménez, a quien sigue señalando de hombre bueno y honesto, e incluso a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, acusada de pedir moches a un empresario veracruzano. De la misma manera ha sido (y será) la tónica en el ámbito estatal.
Ojalá que el sello femenino sea garantía en Veracruz de un cambio en la forma de llevar las riendas de la impartición de justicia, la lucha contra la impunidad y el combate a la corrupción.
Primera mujer como Fiscal General de Veracruz
En su primer mensaje tras resultar electa y rendir la protesta de ley como Fiscal General, ´la primera mujer en asumir ese cargo, Verónica Hernández Giadáns, se comprometió no solo a cumplir las constituciones federal y estatal y las leyes que de ellas emanan, también a “actuar con autonomía, honestidad, profesionalismo, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, con respeto irrestricto a los derechos humanos, procurando justicia siempre con perspectiva de género en los asuntos que corresponda”.
Exhortó a los integrantes de la Fiscalía, tanto operativos como administrativos, a dar su mejor esfuerzo por el bien de la sociedad veracruzana, que es lo que se espera de quienes tenemos el privilegio de procurar justica, “para lo cual buscaré dotar de todos los insumos a fin de que cumplan con su función y seguir mejorando sus condiciones laborales, evaluando permanentemente su desempeño”.
Y añadió: “Estoy consciente de que todo delito debe ser investigado y que todo responsable sea llevado ante la autoridad judicial, buscando siempre proteger al inocente y que el responsable no quede impune”.
Anunció que, para ello, se coordinará con los poderes públicos del Estado, las fuerzas armadas y el Gobierno Federal que apoyan en esta función, y considerará fundamental la participación de los diversos sectores productivos y la sociedad en general, lo que consideró fundamental “para obtener los resultados que nos devuelvan la tranquilidad y paz social que todos queremos”.
Dijo que en los 9 meses en que actuó como Encargada de Despacho, pudo observar y analizar las carencias y necesidades de la Institución, así como detectar diversas problemáticas en su funcionamiento. “En esta nueva etapa de procuración de justicia se iniciará con un nuevo modelo de procuración de justicia, innovador, ágil y eficaz, siempre bajo una premisa fundamental: al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie”.
Ya veremos si de verdad nos cumple.
Un acierto y un error en mi quiniela
En mi anterior colaboración señalé que, pese a la postura generalizada de que la terna para Fiscal General encabezada por Verónica Hernández Giadáns, se completaría con Tomás Mundo Arriasa y Alejandro Williams Mendoza, “desde mi punto de vista, ninguno de los dos irá”. Y así ocurrió.
Anticipé como posible “que la terna la completen un abogado y una abogada”, lo que finalmente sucedió, y señalé que entre los primeros podía decidirse entre Fernando Herrera Escobar y Ramiro Ramírez Reyes; este último fue considerado por la Junta de Coordinación Política.
Donde no le atiné fue en anticipar qué abogada haría compañía a la más segura para el cargo, porque quien entró en la terna fue Anel Retana Jácome, y no Yuriria Torres Páez, quien ha desarrollado su carrera jurídica en la Fiscalía General de la República y en 2016 participó en la instalación de la Red de Información Criminal en Veracruz, como lo había considerado.
De todas maneras, quedó quien ya se había anticipado que quedaría.
La pandemia crece a gran velocidad, pero AMLO quiere “nueva normalidad”
De nueva cuenta, la población del país está en una grave circunstancia de confrontación, generada por el gobierno federal, que está dando señales equívocas sobre una supuesta baja en el avance de la pandemia, lo que alienta a quienes están urgidos de regresar a las actividades económicas y a quienes nunca vieron la emergencia, a regresar a la cotidianeidad, a salir a las calles, a generar aglomeraciones humanas que tendrán su correlato en el crecimiento de la población afectada por el Covid-19.
De nada ayuda el viajecito de Andrés Manuel López Obrador por carretera al Caribe mexicano y en los próximos días al sur de Veracruz (prefirió hacerlo por tierra ante su negativa de usar tapabocas en el vuelo México-Cancún), cuando en Veracruz se toman medidas más restrictivas porque acá el semáforo está en rojo, sin visos de una pronta contención en el número de contagios y fallecimientos.
Si de por sí estaba en chino mantener a los veracruzanos (y a los mexicanos, en general) en sus viviendas por propia voluntad, en la mayoría de los casos por no poder obtener recursos para su sobrevivencia, ahora, con la angustiosa salida a sus giras por parte de López Obrador, que ve con preocupación su caída en la aceptación ciudadana, va a ser prácticamente imposible detener una situación epidemiológica que amenaza con salir del control de las instancias gubernamentales.
Mientras en otros países que enfrentaron antes la emergencia y habían decretado el regreso a una “nueva normalidad” se está viendo cómo ha habido rebrotes más virulentos, el gobierno morenista ha dictado ese regreso para el próximo lunes 1 de junio, cuando todavía no llegamos siquiera al tope en el número de contagios y muertes por el coronavirus.
Andrés Manuel López Obrador está que se le queman las habas porque México regrese a tope en actividades económicas, turismo, manufactura y comercio, porque la economía se está yendo al peor hoyo de la historia, y no le importa que en ello se lleve entre las patas a miles de mexicanos que serán expuestos al Covid-19. Tal irresponsabilidad es inaudita, cuando todos los datos apuntan a que estamos lejos de “domar la curva” como él ya está afirmando.
Según su visión mitómana, México ni siquiera llegó a la saturación de los hospitales, cuando sabemos que hay una verdadera crisis sanitaria en la mayoría de las regiones del país; si le dicen que el Sector Salud ha expuesto a miles de médicos, enfermeros, químicos y administrativos de hospitales, muchos de los cuales se han infectado y muerto, con toda desvergüenza señala que se ha repartido equipo y material médico suficiente para proteger a quienes antes ya calificó de mercantilistas y sinvergüenzas, y que investigará a los directivos para detectar si los tienen guardados en bodegas.
Viene una situación difícil para el país en materia de salud. En el caso de Veracruz, ya lo hemos dicho, será sumamente grave porque el Covid-19 ha incrementado sus cifras, el dengue no ha sido contenido y quienes están afectados por enfermedades diferentes al Covid-19, prácticamente no tienen a dónde ir para ser atendidos, lo que generará una mayor emergencia sanitaria.
Por desgracia, muchos piensan que estos riesgos son imaginarios, o simplemente tienen las condiciones para, mientras siguen cobrando, mantenerse en sus refugios mientras el común de la gente sufre las consecuencias.
El PRI propondrá un nuevo modelo para elegir Fiscal
Por supuesto que, en caso de que realmente elaboren la propuesta y esta encuentre eco y aprobación en el Congreso local, no será sino hasta 2029 (si algo no sucede antes) cuando pueda aplicarse lo que el PRI, en voz de su dirigente estatal Marlon Ramírez, considera necesario: que la Fiscalía logre su autonomía financiera y el Fiscal sea elegido por la gente.
En los últimos tres proceso de elección de Fiscal, a partir de la reforma hecha en la administración de Javier Duarte de Ochoa, los gobiernos de tres partidos distintos (PRI, PAN y Morena) han operado, señala, “para tener fiscales identificados con sus gobiernos, así que este proceso no dista de ser parte de lo que ha sido la tradición”.
Durante el reciente proceso, consumado este jueves con la elección de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General, un candidato al cargo actuó como si el proceso fuera de elección popular; ahora, Marlon Ramírez, identificado con la propuesta del abogado Alejandro Williams Mendoza, quien actuó como si buscara la nominación priista, buscará que el proceso de elección sea una adaptación a un modelo como el del estado de Nueva York en Estados Unidos, en donde los fiscales son elegidos por el voto popular.
Según un comunicado de prensa, el líder priista dijo que en el caso de Veracruz, ha quedado demostrado que sería importante dar paso a este tipo de propuestas en donde la gente elija a personas con una serie de requisitos perfectamente bien definidos, con perfiles académicos, administrativos, técnicos, de investigación, de conocimiento de las áreas de Derecho y del nuevo Sistema de Justicia.
No solo eso. También propondrá dotar de autonomía financiera a la Fiscalía y a otros organismos, con un nuevo sistema de recaudación, sin nuevos impuestos, porque mientras los órganos autónomos sigan dependiendo del mismo presupuesto, de la misma bolsa del estado, van a depender del Ejecutivo y Legislativo en su operación.
“En esa medida nosotros lograremos que el rendimiento, los resultados, y las cuentas que se le rinden al Congreso o al Poder Ejecutivo, se le rindan al pueblo, y con esto aminorar la falta de credibilidad, la falta de legitimidad y los señalamientos de justicias a modo”.
Frases sin disfraces
“Ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema”. James Joyce
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