*
/ Bibiana Belsasso /
La Presidenta Claudia Sheinbaum envió una ley contra el nepotismo y la no reelección para ser aprobada en el Congreso. Esto quiere decir que familiares directos o parejas no puedan acceder inmediatamente al cargo de su familiar.
En el Senado de la República ya se aprobó, pero con una modificación: que se aplique hasta el 2030. O sea, para muchos es importante dejar a un familiar en el cargo en la próxima elección.
Particularmente, en el Partido Verde no estaban nada contentos con la aprobación de esta nueva ley, y razones tienen. Lo planteado en la ley en contra del nepotismo comenzaría a aplicarse a partir de 2027, según se había dicho, pero esto afecta a la actual senadora Ruth Miriam González, quien ese año buscará relevar a su esposo como gobernadora de San Luis Potosí. Por eso se ha buscado que esta ley sea efectiva a partir del 2030.
A raíz de esto, algunos sectores del Partido Verde habían amenazado con votar en contra de la iniciativa de la Jefa de Estado. Esto hubiera sido muy mal visto por la Presidenta Sheinbaum.
Finalmente, se llegó a un acuerdo por medio del senador Manuel Velasco, quien negoció con el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López, que esta ley se implemente a partir del 2030. O sea, veremos a muchos familiares ocupar distintos cargos. Y como dijo el panista Marko Cortés: “El nepotismo no está mal de aquí hasta dentro de cinco años”.
Para el Partido Verde, la próxima elección en San Luis Potosí es fundamental, ya que es el único estado que gobiernan hoy en día. Pero cupo la prudencia en la actual senadora Ruth Miriam González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, y dijo que ella no va a participar en esa elección.
Pero hay muchos otros casos para las elecciones de 2027, cuando se renovará el Congreso de la Unión y diversos cargos en el país. Muchos aspirantes buscan repetir cargo u ocupar uno luego de que su familiar ya lo hizo.
Con los acuerdos de Morena, el Verde Ecologista y el PT, ahora podrán repetir la fórmula, como también ocurre en Zacatecas con la familia Monreal, en la que 10 hermanos han ocupado un cargo público en el estado.
Y así sucederá con Saúl Monreal, quien actualmente es senador y podría suceder a su hermano David Monreal, gobernador actual de esa entidad. Otra familia que ha logrado expandir su red de influencia en los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— son los Batres. Mientras Martí Batres es el actual director del ISSSTE y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, su hermana Lenia Batres es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Valentina Batres es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México.
Las hermanas Alcalde Luján también tienen cargos estratégicos. Luisa María Alcalde es la actual líder nacional del partido y anteriormente ocupó las secretarías de Gobernación y del Trabajo durante la administración de López Obrador. Su hermana, Bertha, acaba de ser nombrada fiscal general de la Ciudad de México. En tanto, la madre, Bertha Luján Uranga, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena de 2015 a 2022.
Se tiene registro de que siete familiares Luján han sido colocados en diversos cargos. Así ocurre con su prima Tania Tiscareño Luján, quien era jefa del Departamento del Comité Nacional de Profesionalización de la Asistencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y que ahora ha alcanzado el nivel de subdirectora.
El esposo de ésta, Óscar Sandoval Salas, hasta ahora se encuentra en la Dirección de Evaluación y Archivo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Dos parientes de Óscar, Gloria y Daniela Sandoval Salas, también han tenido puestos públicos.
La primera todavía es directora general en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que la segunda trabajó en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Otra prima de las Alcalde Luján, Karina Luján Luján, es directora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública.
A pesar de los acuerdos a los que se buscan llegar en lo legislativo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contestó a una pregunta en su conferencia mañanera diciendo que, para ella, “la fecha adecuada sigue siendo 2027, cuando el país tendrá elecciones”.
Según la propuesta, los funcionarios deberán abstenerse de designar a cónyuges, hijos, padres o cualquier otro familiar cercano en cargos dentro de su administración, incluso si se trata de instituciones autónomas o descentralizadas.
La modificación constitucional plantea como un requisito de idoneidad que las personas que pretendan participar para un cargo de elección popular —senador, presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal— “no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que ocupa el cargo por el cual participará”.
En cuanto a la reelección, la ley también establece restricciones para evitar que los servidores públicos busquen perpetuarse en el poder por medio de mecanismos como la reelección continua.
Y es que, en muchas ocasiones, la posibilidad de reelegirse durante varios periodos ha sido vista como una herramienta para consolidar el control político de ciertos grupos o partidos.
