DESDE A JANELA
FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
“Dura lex, sed lex” es un viejo proverbio romano que retrata fielmente el papel que las normas jurídicas desempeñan en la convivencia social y su significado en castellano es con el que está intitulado este texto.
Y la importancia que ya desde la antigüedad se le daba a la norma jurídica se deriva del hecho de que debe de existir un sistema normativo que esté diseñado precisamente para permitir la convivencia entre diversas personas con intereses igual de diversos, pero para que ese sistema de normas funcione, las leyes que lo conforman deben de estar por encima todas, absolutamente todas las personas que se encuentren sometidas a él y de la misma manera se les deben de aplicar a todas por igual.
Con el paso del tiempo y el progreso humano se fue descubriendo que los gobernantes eran los que más abusaban de su fuerza, ya que tenían todo el peso del Estado a su disposición, y por ello ha sido precisamente al Estado al que más se ha regulado por medio de normas jurídicas y por ello se creó el llamado “Principio de Legalidad”, el cual establece que el Estado sólo puede actuar si una norma jurídica se lo permite, es decir, si no hay una ley que establezca una facultad para el Estado o cualquiera de sus miembros, este no puede intervenir.
A la par del desarrollo del Principio de Legalidad, se fueron delimitando las funciones de cada miembro del Estado y así fue como se creó el sistema constitucional, el cual está basado en un cuerpo normativo que se denomina constitución y que, entre otros, contiene los principios de supremacía de la ley y de legalidad.
Ahora bien, ¿Qué sucede cuando la ley no se aplica a todos por igual o simplemente se deja de aplicar? Sucede que la barbarie regresa y con ella la ley del más fuerte, generando la incertidumbre que vivir bajo los caprichos de los más poderosos trae aparejada.
Siendo consecuencias de ello que los derechos humanos empiezan a desaparecer y que el Estado se empieza a conducir sin ton ni son, destruyendo todo lo que sus dirigentes decidan a su libre voluntad.
Lo hasta aquí explicado en México lleva ya mucho tiempo plasmado en los libros jurídicos y siendo ampliamente enseñado tanto en las facultades de derecho como en muchas otras escuelas; sin embargo, en la vida diaria no se ha visto realmente aplicado, ya que por una parte el ejercer la arbitrariedad (que prácticamente es lo mismo que el capricho del poderoso) es deseado y por la otra es tolerado.
Generalmente se ha buscado colocar a la constitución y a las diversas leyes que conforman el sistema jurídico mexicano, en un estante tan alto en el cual todo el mundo las pueda ver (mucho se ha presumido acerca de la calidad de varias leyes mexicanas), pero que a la vez nadie las pueda alcanzar y mucho menos observar.
Por ello no es extraño que uno de tantos tiranuelos que hemos tenido, el famoso Benito Juárez, quien supuestamente defendió a ultranza la constitución liberal de 1857, la cual entre otras cosas disponía la igualdad de todos ante la ley; haya pronunciado la muy malamente famosa frase: “a mis amigos, justicia y gracia; a mis enemigos, la ley a secas”, la cual aplicó fielmente a lo largo de su vida.
Y por la misma razón, hoy en día a mucha gente se le hace muy normal e incluso hasta chistoso que cualquier sujeto se siente en la silla presidencial y desde ahí viole cuanta ley se le ocurra, a pesar de haber jurado respetar y hacer respetar el orden jurídico mexicano; como también es intrascendente para mucha gente que ese sujeto atente en contra de la división de poderes o que haga su voluntad, aún en contra de la misma constitución.
Siendo aún peor que muchos no solo estén de acuerdo con esas actitudes, sino que hasta se sientan orgullosos del “presidente” que las lleva a cabo.
Pero a pesar de que eso ha pasado mucho en la historia y sigue sucediendo en el presente; ya es tiempo de despertar y exigir el cumplimiento pleno de la constitución, que la ley se aplique parejo a tirios y a troyanos, que los amparos concedidos se respeten y que se cumplan las sentencias que lo conceden independientemente de a quien favorezcan, que el Estado se limite a actuar en lo que está facultado, que el presidente solo actúe conforme a las facultades expresas que tiene conferidas por la constitución y no pretenda hacer decretos por encima de la misma.
Y sí, ya es tempo de cambiar, de olvidar de una vez por todas que nadie puede burlarse de la ley ni estar por encima de ella, pero para lograrlo lo más urgente no es un cambio de partido en el poder ejecutivo; lo más urgente es que el poder judicial haga su trabajo bien y que, ante una flagrante violación al orden constitucional despierte de su letargo y con urgencia atienda las controversias que le sean planteadas para restituir de inmediato el orden legal vulnerado y que aplique todo el rigor de la ley a quienes no acaten sus sentencias.
Porque mientras no exista un poder judicial activo, eficiente y sobre todo que se haga respetar; no habrá quien le diga al presidente en turno que: “La ley es dura, pero es la ley”.
Twitter: @FelipeFBasilio
