- Astrolabio Político .
/ Por: Luis Ramírez Baqueiro /
“Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad”. – Confucio.
La entrada en vigor de la llamada “Ley Silla” representa, en términos laborales, un avance civilizatorio para la protección de la salud y dignidad de los trabajadores. Esta legislación, que obliga a empleadores públicos y privados a garantizar que el personal cuente con sillas y la posibilidad de descansar durante su jornada, ha sido vista con beneplácito por muchos sectores, aunque también con escepticismo frente a su aplicación real, particularmente en áreas de vigilancia y seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Tránsito del Estado de Veracruz.
¿Quién debe garantizar que la ley se cumpla? A nivel federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) serán los entes de vigilancia. Sin embargo, a nivel local, la responsabilidad recae sobre la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, instancia que no solo deberá velar por el cumplimiento normativo, sino asumir la tarea titánica de fiscalizar centros laborales donde históricamente ha imperado la simulación.
La duda es válida: ¿está preparado el gobierno estatal para hacer cumplir esta norma dentro de sus propias dependencias? ¿Se aplicará con el mismo rigor a los agentes de Tránsito que a los cajeros de un supermercado? En cuerpos como la Policía Estatal, la Policía Vial y el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, la vigilancia continua, el orden público y la atención a emergencias imponen jornadas prolongadas de pie, muchas veces en condiciones climáticas extremas y sin acceso a servicios básicos como sombra, agua o pausas.
La ley no está sujeta a interpretaciones voluntaristas: las multas por incumplimiento van de 250 a 2,500 UMAs, es decir, entre $28,000 y $280,000 pesos, lo que coloca al Estado en una posición incómoda si decide omitir su cumplimiento.
En escenarios extremos, podría incluso enfrentar la suspensión temporal de actividades, lo cual sería un escándalo administrativo y político si proviene de una dependencia pública.
Más allá de la sanción económica, lo preocupante es la señal de doble moral: un gobierno que impulsa leyes justas, pero no las aplica en casa.
La Ley Silla no debe quedar como anécdota mediática. Se requiere una política de implementación con manuales operativos, personal capacitado, evaluaciones periódicas y participación sindical. De lo contrario, será letra muerta para los agentes de tránsito que, con el sol a plomo, seguirán de pie, inmóviles, mientras el discurso oficial descansa cómodamente… sentado.
Al tiempo.
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