*Palabra de Malinche
/ Escrito por Cirenia Celestino Ortega * /
*Aunque la lista contiene nombres de mujeres y hombres, para las periodistas el ataque tiene marca de género.
Los embates contra la libertad de expresión en México no cesan y provienen de la institución menos esperada: la Consejería Jurídica.
La Consejería Jurídica es un cargo creado en 1996 por el ex presidente Ernesto Zedillo. En cada sexenio, hasta cuatro hombres ocuparon este puesto. En lo que va de este sexenio, dos años, ya lo han ocupado tres mujeres: Ernestina Godoy Ramos, Esthela Damián Peralta y ahora Luisa María Alcalde, ex dirigente de Morena.
La Consejería es la instancia encargada de “brindar asesoría y apoyo técnico-jurídico a la Presidencia de la República en todos aquellos asuntos que esta le encomiende; en particular, sobre proyectos de iniciativas de reformas constitucionales, de leyes, decretos, tratados internacionales, reglamentos, acuerdos, nombramientos y demás instrumentos normativos de competencia de dicha persona”.
Lejos de cumplir con su misión, la semana pasada, Luisa María Alcalde, consejera política de la presidenta, mostró en la conferencia mañanera una lista de periodistas para, en sus palabras, “explicar cómo funciona el ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”.
Presidencia lo hizo de nuevo: señalar quién sí es periodista, quién no, quién dice mentiras y quién dice la verdad. La verdad, claramente, la construye el gobierno federal a través de la Mañanera y cualquier cuestionamiento forma parte de las mentiras.
Como en el sexenio anterior, mostrar esta lista en cadena nacional es dar permiso a la agresión. La Mañanera es un espacio a través del cual la Presidencia nos dice a los medios que no nos necesita para informar y que puede controlar a su conveniencia la información que llega a la ciudadanía.
Sin embargo, la Mañanera también es un foro que manda mensajes políticos: a las secretarías de gobierno, los gobiernos estatales y, por supuesto, a los militantes de Morena. Una mención en Mañanera es una indicación para actuar, vigilar o bien, dar permiso para agredir.
Las periodistas asistentes a la Mañanera han narrado en más de una ocasión los impactos de ser nombradas por la Presidencia. El mensaje rápidamente se traslada a las calles y a las redes. De tal manera que esa lista es básicamente una indicación de no consumo y ataque.
Aunque la lista contiene nombres de mujeres y hombres, para las periodistas el ataque tiene marca de género. A raíz de la publicación de la lista, los periodistas han mostrado en sus redes sociales las formas en que son cuestionados como “mentirosos”, “vendidos”, entre otros insultos centrados en su labor informativa.
En el caso de ellas, las agresiones van acompañadas de insultos sobre su vida sexual, su apariencia, así como amenazas de ataques sexuales físicos. Sí, la virtualidad, el anonimato y la exposición duplican el riesgo de ellas.
La lista contiene nombres de medios, periodistas y opinadores con quienes podemos coincidir o no, pero es precisamente parte del derecho de las audiencias disponer de una oferta de contenidos y tener el poder de decidir cuáles consumir.
La labor de las y los periodistas no es ser un megáfono de las acciones gubernamentales, sino cuestionar, interpelar y exigir rendición de cuentas.
No es necesario ir a los setentas al caso Watergate para observar lo que el periodismo crítico y de investigación ha logrado y entender por qué los gobiernos pretenden censurar la libertad de expresión. En México, las investigaciones que han puesto en evidencia la corrupción gubernamental muestran la importancia de esta labor.
Recientemente, como muestra del uso de los contenidos noticiosos en investigaciones judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR), al solicitar la orden de aprehensión contraÁngel Aguirre por el caso Ayotzinapa, presentó ante el juez una serie de notas periodísticas sobre presuntos vínculos del exgobernador de Guerrero con el narcotráfico. De acuerdo con El Financiero, en la orden de aprehensión se citan notas periodísticas que refieren que el grupo Guerreros Unidos financió la segunda campaña de Aguirre a la gubernatura de Guerrero.
En 2017, la investigación de Animal Político, en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “Mexicanos a favor de la corrupción”, como los nombró la consejera al incluirlos en su lista, la Estafa Maestra evidenció el desvío de recursos públicos por más de 7,000 millones de pesos por parte de secretarías de Estado a universidades públicas mediante supuestas licitaciones a través de las cuales contrataban a empresas fantasma.
En 2014, Aristegui presentó la investigación por conflicto de interés de Enrique Peña Nieto por la adquisición de la conocida como la Casa Blanca. En 2009, Proceso publicó Corrupción Azul sobre el despilfarro económico y la falta de rendición de cuentas durante las transiciones presidenciales en la administración del PAN.
En 2004, Cimacnoticias y otras organizaciones evidenciamos la corrupción encabezada por Jorge Serrano Limón, líder del grupo Provida, investigado y denunciado por desvío de recursos federales destinados a equipar centros de atención a la mujer, pero los usó en gastos personales.
Limitar la investigación periodística es cerrar la democracia, la libre circulación de ideas y la posibilidad de que la ciudadanía escuche, observe y lea más allá de una versión de los hechos, la de la 4T.
La lista sucede luego de que, el 28 de julio pasado, la consejera presentara el inicio de la consulta pública para definir los lineamientos de regulación de los contenidos de radio y televisión.
Ambas acciones centradas en los medios no provienen de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adscrita al gobierno federal, que hasta 2021 correspondía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. No, no vienen de esta institución que dejó de ser autónoma; vienen de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
¿Qué estará haciendo CRT? ¿Cuál es el límite de la Consejería?