*
/ Yamiri Rodríguez Madrid /
Pese al escándalo internacional que vive el líder de la iglesia La Luz del Mundo y otras cinco personas, al estar recluidas en Estados Unidos por crimen organizado y explotación infantil, del 24 al 26 de octubre feligreses se reunieron en el estadio Beto Ávila para un evento masivo con asistentes de Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
La fecha y el lugar no son un detalle menor. Primero, por la crisis social que se vive por las inundaciones en la zona norte del estado. Segundo, que se arriende a una organización bajo fuertes cuestionamientos internacionales manda un mensaje político y ético difícil de justificar.
Trascendió, además, que desde palacio les habrían recomendado a los responsables del estadio, a Bernardo Pasquel, no realizar el evento religioso por las implicaciones legales y reputacionales de sus pastores. Si, pese a ello, se permitió porque había tres millones de pesos de por medio” como se comenta en pasillos, el problema es mayor, pues no les importó que vinculen al gobierno con los líderes criminales.
El estadio Beto Ávila no es un salón privado: pertenece a las y los veracruzanos. Arrendarlo a un grupo cuyos altos mandos cargan con acusaciones de explotación sexual infantil compromete la reputación institucional y expone a cómplices silencios. Y lo hace, para colmo, en plena emergencia humanitaria.
Quedan preguntas elementales: quién firmó la autorización, con qué fundamento y bajo qué condiciones; cuál fue el monto, la fianza, las pólizas y las cláusulas de cancelación por riesgo reputacional; si hubo dictamen de riesgos jurídicos y de seguridad; qué alternativas se propusieron si la instrucción política fue “no lo hagan”; y, si ya se cobró, a qué se destinará exactamente ese ingreso.
Se dirá que el estadio necesita recursos. De acuerdo. Pero “necesitamos dinero” no es licencia para todo. El golpe debe recaer en la administración del estadio por falta de criterio, por no prever el costo ético y por no honrar el estándar que exige el uso de bienes públicos. Renta sí, pero con filtros: listas de exclusión, verificación de antecedentes de dirigentes y cláusulas de moralidad que permitan cancelar sin costo cuando haya elementos objetivos que comprometan.
No se trata de fe: se trata de decencia pública. Y esa, a diferencia de un estadio, no se alquila.
@YamiriRodriguez
