*Para hacer frente a la crisis de las desapariciones, las familias de personas desaparecidas han impulsado la adopción y reforma de leyes, así como la creación de instituciones en las que se deposita la exigencia de que el Estado Mexicano asuma —por fin— su responsabilidad de encontrar a quienes nos faltan. Desafortunadamente, instituciones como las extintas FEMOSPP y Províctima, la CEAV, la CNB y la propia CNDH se han convertido en “elefantes blancos”, instituciones distorsionadas para la simulación y el desdén gubernamental.
Te prometo luchar no sólo por cambiar la vida,
sino también por preservar la muerte, la nuestra,
que es matriz y nacimiento, morir donde se quiere,
como exigen hasta los elefantes.
(Hasta los elefantes, Mario Benedetti)
César Contreras León*/Columnista invitado de GIASF
En el antiguo Reino de Siam, hoy Tailandia, los elefantes blancos se consideraban sagrados y simbolizaban el poder de la realeza: entre más elefantes blancos tuviera un soberano, mayor era la grandeza de su imperio. Sin embargo, cuenta la leyenda que el rey solía regalar elefantes blancos a enemigos y súbditos traidores. Así, su belleza perdía todo su brillo, cuando los aparentes beneficiarios se percataban de los costos estratosféricos de su manutención y los nulos réditos del preciado regalo. Los elefantes no servían para las labores del campo, tampoco eran eficientes medios de transporte ni eran comestibles; sólo gigantes consumidores de toneladas de alimentos que requerían toda clase de cuidados y cuidadores: un regalo maldito que llevaba a sus inesperados dueños a la ruina.
Por ello, en la actualidad, los proyectos o instituciones de enorme presupuesto, pero nulos resultados son llamados como estos inocentes paquidermos; el uso de este concepto se ha convertido en parte del lenguaje cotidiano de noticieros y comentaristas, académicos y de la sociedad en general, por su precisión para describir la simulación institucional contrastada con el despilfarro sinvergüenza. Aunque se ha empleado principalmente para referirse a obras faraónicas, del mismo modo sirve para calificar instituciones malogradas.
Esta categoría es indispensable para caracterizar, cuestionar y contrastar la institucionalidad creada para la búsqueda de personas desaparecidas. No se puede dejar de subrayar que las instituciones y leyes han sido arrancadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas al Estado en un ejercicio de exigencia de sus derechos.
No obstante, la deficiente implementación de estas instituciones, atribuible a la falta de voluntad política o los intereses de quienes se encuentran en posiciones de poder público, ha devenido en entidades con resultados decepcionantes.
El desfile de aletargados elefantes blancos, anquilosados e impasibles frente a cualquier intento de moverlos, comienza con la Fiscalía General de la República y sigue con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y sus respectivas homólogas locales, que han sido blanco de protestas y críticas desde su creación.
También elefantes pasajeros han marchado, trayendo y llevando consigo a cuestas las esperanzas de verdad y justicia. Tal es el caso de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, creada para investigar los crímenes y perpetradores relacionados con las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la mal llamada “Guerra Sucia”), con su notable fracaso para llevar a la justicia a los responsables y su polémico informe final; el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), paulatinamente desmantelado en el ocaso del sexenio anterior; o la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990, cuyos informes y hallazgos quedaron en el abandono por parte la Secretaría de Gobernación.
Las honrosas salvedades de instituciones y funcionarios comprometidos, merecen su lugar como la excepción que confirma la regla, pero el énfasis necesario se encuentra en el paisaje de configuraciones burocráticas aberrantes. Es identificable un patrón sistemático de simulación con procesos interminables, revictimización y negligencia; falta de coordinación, de personal capacitado y de recursos mínimos indispensables; nula o deficiente proactividad, planificación, rendición de cuentas y transparencia.
Todo lo anterior solamente es posible gracias a una red interinstitucional de complicidades. Un ejemplo de ello fue la decisión adoptada por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana, en la que una minoría de ministras y ministros se alinearon a los intereses del partido en el poder para convalidar que se eliminara la obligación de dotar a la CEAV con un presupuesto mínimo para gastos de traslado, funerarios y de alimentación para las víctimas.
Dicho presupuesto obligatorio apenas representaba el 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación, un grano de arena del presupuesto. Aun así, la ministra Lenia Batres señaló que “no hay víctimas quejándose” de la falta de recursos. La ministra omitió deliberadamente señalar que la CEAV apenas hace un año informó que tenía en trámite 799 juicios de amparo en su contra, en gran medida por incumplimiento en el otorgamiento de recursos para medidas de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas.
Julio Franco Corzo, en su libro El país de los elefantes blancos hace un recuento, desde los estudios de políticas públicas, sobre la literatura que ha intentado dilucidar las características esenciales de los elefantes blancos. Según Franco Corzo, se deben cumplir tres criterios taxonómicos para saber si nos enfrentamos a un elefante blanco: 1) mayores costos que beneficios sociales; 2) incapacidad de resolver el problema público para el que fue creado; y 3) se encuentra en desuso, subutilizado o inconcluso.
Es interesante mencionar otra nota adicional que recupera Franco Corzo, de Jorge Linheira, Joaquim Rius-Ulldemolins y Gil-Manuel Hernàndez: “los ‘elefantes blancos’ son producto de una estrategia que pretende fascinar al público (en este caso a los ciudadanos locales y globales), generando una euforia que distrae […]”. El efecto distractor por fascinación y espectacularidad de los “elefantes blancos” es perceptible. El espejismo. Los brillos cegadores del regalo precioso son una cualidad que, si no esencial, es al menos una señal típica de alerta del trasfondo perverso, una pisada estruendosa que nos advierte cuando viene el elefante blanco.
Conviene hacer un recuento de algunos momentos —tan interesantes como indignantes– del pasado reciente, comenzando con la toma de protesta de Vicente Fox como presidente de la República, cuando anunció la creación de la FEMOSPP: “Me propongo abrir lo que ha permanecido cerrado en episodios sensibles de nuestra historia reciente e investigar lo que no ha sido resuelto, mediante una instancia que atienda los reclamos por la verdad de la mayoría de los mexicanos”. La traición a las víctimas de la contrainsurgencia, como se ha señalado, se vio reflejada en un informe final censurado y apenas una sola sentencia condenatoria que Javier Yankelevich bien ha descrito como el canto del cisne.
Años después, hacia el fin del sexenio de Felipe Calderón, el otrora mandatario celebró el arranque de la extinta Províctima al pronunciar un discurso frente a Genaro García Luna (Secretario de Seguridad Pública), Guillermo Galván Galván (Secretario de la Defensa Nacional), Francisco Blake Mora (Secretario de Gobernación), Marisela Morales (Procuradora General de la República), Isabel Miranda de Wallace (integrante del Consejo de la Junta de Gobierno de Províctima) y Sara Irene Herrerías Guerra (Titular de Províctima):
Señoras y señores, este es un evento muy importante para todos. Hoy estamos inaugurando la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la violencia. Una institución que está llamada a ser un pilar fundamental en la construcción de un México con paz y con justicia. […] Todos compartimos el dolor que viven esas familias que han sido lastimadas por la violencia, que han sufrido por el delito, que han sufrido o fallecido en manos de los delincuentes. […] Buscamos ser un gobierno que trabaje por y para los ciudadanos. Y por eso, también en un ejercicio complejo, riesgoso, pero al final de cuentas un ejercicio democrático, inédito en cierta parte, hemos organizado y tenido encuentros para establecer un diálogo abierto, directo, franco, con la sociedad en múltiples instancias. Eso también nos ha permitido acercarnos directamente a las víctimas, hablar con ellas. Conocer de viva voz los casos, desgarradores, de mamás y de papás que han perdido a sus hijos en manos de los delincuentes. […] que la gente que llegue a estas oficinas sepa que se le tomará de la mano y la acompañaremos a todo lo que sea humana y legalmente posible. Quien venga aquí deberá encontrar un médico, un psicólogo, un abogado, un trabajador social. Todo lo que la víctima necesite para aliviar, así sea en parte, porque no puede ser totalmente su sufrimiento. […] Que sepan que la prioridad del gobierno federal en esta materia va a estar claramente enfatizada a través de Províctima y que vamos a estar directamente desde la Presidencia de la República y yo personalmente viendo el avance de esta Procuraduría Social que no debe y no va a fracasar.
“No va a fracasar”, aseguró el presidente. El discurso entero no tiene desperdicio. Tras haber escuchado a las víctimas en los Diálogos de Chapultepec[1], el autor de la estrategia de seguridad militarizada que disparó los índices de violencia, tenía perfectamente identificado el martirio que atravesaban las víctimas: peloteo de responsabilidades, fragmentación entre fuero común y federal, revictimización, canalizaciones interminables. Aunque habló del combate frontal al crimen organizado, también habló del fortalecimiento de las instituciones de justicia y mencionó la necesidad de brindar oportunidades a los jóvenes y reestablecer el tejido social (lo que a la postre el presidente Andrés Manuel López Obrador llamaría “atender las causas estructurales de la inseguridad”). Es decir, Felipe Calderón conocía perfectamente la dimensión del reto y que Províctima no tendría ninguna posibilidad o intención genuina de éxito de cara a esa realidad aplastante.
El siguiente sexenio, a cargo de Enrique Peña Nieto, amerita ser revisado en dos momentos. Primero, su llegada triunfal al poder. Uno de sus primeros actos fue la ceremonia de publicación de la Ley General de Víctimas:
Quiero que sepan que encontrarán en este gobierno un oído que escuche y un brazo que apoye.[…] Quiero decirles que estableceré los mecanismos de un diálogo permanente y que para tal propósito instruyo al Secretario de Gobernación para establecer las mesas de diálogo permanentes que nos permita darle seguimiento a la materialización de todos estos instrumentos de justicia que el ordenamiento que hoy se publica prevé. […] Y que permita acreditar más allá de la retórica, de la palabra, del discurso, que este gobierno quiere estar invariablemente cerca de las víctimas del delito, y que quiere ser parte de una nueva era dentro del sistema jurídico mexicano que vele por una sociedad de derechos. Hago votos porque así sea.
El mecanismo estrella previsto en la Ley General de Víctimas fue la CEAV; sin embargo, lo cierto es que la CEAV jamás alcanzó un momento de esplendor. Aunque está en su momento más crítico, el colapso, el déficit de recursos, los malos tratos, la pérdida de información y los retrasos burocráticos han sido la constante. El presidente prometió diálogo y no retórica, pero la realidad demostró resultados opuestos.[2] Pronto, los anhelos plasmados en la ley naufragaron junto con su sexenio. La crisis de legitimidad que sobrevino tras el caso Ayotzinapa en septiembre de 2014, implicó un renovado discurso con medidas y propuestas de reformas en noviembre de ese mismo año:
Asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad. […] En cuanto al respeto y protección de los derechos humanos, México cuenta con uno de los sistemas normativos más robustos del mundo. Sin embargo, aún prevalecen retos importantes en esta materia. Se llevarán a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y pondrán al día los instrumentos para proteger los derechos humanos.
En este segundo momento de ímpetu reformista, Peña Nieto propuso la creación de la Ley General en Materia de Desaparición, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, protocolos y un Sistema Nacional de Información Genética. Hay que detenerse en este último. Cuando en 2011 llegó CODIS a México –el software de procesamiento de perfiles para la identificación genética del FBI–,en el marco de la Iniciativa Mérida, se anunció como la gran terminación del rezago forense. Al fin los cuerpos de las personas desaparecidas que llevaban años en los servicios médicos forenses volverían a casa. Más de una década después, se dio a conocer que la Base Nacional de Información Genética apenas iniciaría su primera fase de implementación con CODIS. Todos estos años CODIS y las múltiples bases de información genética han sido ese gran elefante blanco informático, subutilizado pero ampliamente presumido por las instancias de procuración de justicia.
Por cierto, en ese mismo evento, Enrique Peña Nieto también incentivó la “Clave Única de Identidad” para “ayudar en las tareas de seguridad”. La propuesta es idéntica a la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad que encontró oportunidad política este año. No obstante, desde el sexenio calderonista se había planteado esa propuesta, sólo que Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación en ese momento, le llamaba “cédula de identidad”. Desde entonces, la idea –independientemente del partido político que la enarboló–, generó profundas preocupaciones en torno a la protección de datos y la falta de confianza en las instituciones que tendrían acceso a esa información. Como con CODIS, seguramente pasarán décadas para que se escriba la historia de la CURP biométrica. La suspicacia no es gratuita.
El siguiente sexenio tiene que ser revisado también en dos momentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su gobierno con una arrolladora victoria electoral. La naciente y empequeñecida Comisión Nacional de Búsqueda, fue relanzada junto con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en un evento que congregó a autoridades de alto nivel, al igual que a familiares de personas desaparecidas, en un momento histórico porque el presidente de la República nombró la crisis de desaparición como “la prioridad número uno” de su gobierno:
Este es un acto trascendente, importante, porque se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos. Y lo estamos haciendo con absoluta conciencia y responsabilidad. Es muy triste, muy doloroso, este tema, este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares. Es la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno. […] Vamos a terminar con la corrupción y vamos a terminar también con la impunidad, y desde luego vamos a apoyar a familiares para encontrar a los desaparecidos. Los queremos vivos, ese es el deseo. Y vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado Mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos, no sólo es asunto de una Comisión que ya se integró, que estoy seguro de que lo van a hacer muy bien, sino que es una responsabilidad de Estado. Es decir, todas las instituciones, todo el gobierno. Ese es el compromiso. Que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero. […] Hay que identificar los 26 mil cuerpos que están en instalaciones forenses. Eso urge. Lo tenemos que resolver lo más pronto posible. Que nos fijemos una fecha para la presentación de un programa con la participación de familiares, gobernadores, de las distintas organizaciones de derechos humanos, pedir la cooperación de organismos internacionales especializados y pedir un programa específico con este propósito. […] Con ustedes, vamos a estar informando. En tres meses nos vamos a volver a reunir. En tres meses yo voy a estar aquí, para evaluar.
“En tres meses nos vemos”, pero la realidad es que López Obrador no se volvió a reunir con las familias. El presidente hizo el compromiso de que se identificaría a los entonces 26 mil cuerpos que se encontraban en instalaciones forenses. La última cifra que se tiene es de más de 72 mil cuerpos. Sin embargo, en principio esto implicaría priorizar iniciativas como el MEIF o el CNIH,[3] que luego serían abandonadas para ser sustituidas con estrategias como el del censo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuyo propósito fue la reducción de cifras en la materia:
No es cierto que haya 126,000 desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado y de manera muy responsable de mala fe salían a decir de que habían 120,000 desaparecidos
El viraje narrativo de la segunda mitad del sexenio fue inaudito. No se puede dejar de resaltar que, al inicio del sexenio, el ejecutivo federal mencionara el respaldo a la comisionada nacional de búsqueda, a organismos internacionales y a organizaciones de derechos humanos, así como que se contaría con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El sexenio concluyó con el respaldo irrestricto al Ejército en casos de graves violaciones a derechos humanos, la animadversión a organizaciones de derechos humanos y la oposición al escrutinio internacional.
Rebobinar los discursos del pasado evidencia que las promesas a las víctimas que oímos ayer, las escuchamos también hace veinte años con una seguridad y contundencia que hoy sólo se puede leer como cinismo. Las autoridades hoy en cargos de relevancia y trascendencia para las víctimas del país tienen que saber reconocer con humildad que la desconfianza con la que reciben el encargo no es necedad, sino presunción fundada en una experiencia añeja de maltrato, mentiras y verdades históricas.
Acabar con los elefantes blancos no es meramente un tema de diseño de políticas públicas y retórica, sino de voluntad política persistente. Esa que se arrebata, que se encuentra en un permanente campo en disputa. Para definir horizontes estratégicos de organización y defensa de derechos humanos, para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas y para develar las lógicas de simulación del Estado Mexicano, lo primero es hacer memoria. Como dijo Benedetti: […] eso no quiere decir de ningún modo que hayamos empezado a perdonar, la militancia también es una memoria de elefante.
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Foto de portada: Plantón en el Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CAI-CEAV). Crédito: Rebeca Herrera/Obturador MX
* César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización dedicada al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Las responsables de la misma son Erika Liliana López y Sandra Gerardo (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias:
[1] Los diálogos de Chapultepec de 2011 fueron una serie de reuniones entre el presidente Felipe Calderón y víctimas de la violencia, particularmente con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
[2] Como se ha visto, las reformas y los diálogos son métodos de manejo de crisis de legitimidad. El manejo del hallazgo del Rancho Izaguirre siguió esos métodos con mucho mayor éxito y menos costos que en otros momentos de la historia reciente.
[3] Ahora bien, recordar este discurso permite aclarar que el reclamo no es la inversión en la materia o el destino de recursos extraordinarios. Desde luego que no se resuelve la problemática con un discurso de austeridad o precarización de las condiciones laborales del servicio público. Desde la tribuna presidencial, en reiteradas ocasiones, se hizo mención a que no existiría “techo presupuestal” para la búsqueda de las personas desaparecidas. Por el contrario, la reflexión urgente es cómo dotar de sentido a la existencia del aparato gubernamental para que sea eficiente y humano. Una tragedia humanitaria no se resuelve con discursos triunfalistas de una transformación que, como Godot, se anuncia pero no llega.
