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/ Ricardo Homs /
En cualquier país del mundo los niños representan el futuro. Sin embargo, en México no hay una política gubernamental de protección a la niñez realmente eficiente, para alejarla de los riesgos y peligros que continuamente la vulneran.
México es uno de los países con mayor número de abusos sexuales en contra de niñas y niños, lo cual es un problema tolerado socialmente desde siempre. Las cifras son contundentes. En 2024 la OCDE estimó que en México 5.4 millones de niños son abusados sexualmente cada año, poniendo a nuestro país a la cabeza de este grave problema social. Sin embargo, son delitos que tienen una tasa muy baja de denuncias pues sólo cien de cada mil se presentan ante la autoridad.
Ahora los cárteles, -sabiendo que la niñez es un segmento de edad protegido, que no puede ser castigado por actos delictivos con el rigor de un adulto-, ha convertido a niñas y niños en un objetivo de reclutamiento. Así se convierten en “carne de cañón”.
Es grave la denuncia publicada por El Universal, -a través de un reportaje de Luis Carlos Rodríguez- respecto al desinterés de muchas legislaturas que han dejado en el aire proyectos legislativos ya desarrollados, para castigar con severidad a quienes recluten niños para actividades delictivas.
Desde el año 2012 el senador Arturo Zamora presentó un proyecto para castigar severamente el reclutamiento, el cual ha hibernado en todas las legislaturas posteriores, mientras otros más se han ido integrando en el mismo sentido, sin tener continuidad.
En este 2025 ha habido propuestas de ley de los diputados Rubén Moreira (PRI), y Héctor Saúl Téllez, (PAN), así como de la senadora Laura Esquivel (PAN), que aún no han sido aprobadas.
REDIM, -la Red por los Derechos de la Infancia-, estima que cada año son reclutados 30 mil niños y niñas por la delincuencia organizada.
Desde 2011 el Comité de los Derechos de los Niños, -de la ONU-, pidió al gobierno de México atendiera esta problemática, que desde entonces, -y hasta hoy-, ha sido ignorada.
Como sociedad nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que nos hemos vuelto insensibles frente a los dramas que esto significa.
Evidentemente castigar el reclutamiento no va a tener consecuencias inmediatas. Sin embargo, es un requisito que se debe cumplir para penalizar esta deleznable práctica y tener un punto de partida jurídico.
Además, se deben tener estrategias diseñadas por profesionales de las ciencias sociales para definir acciones que impidan el reclutamiento.
Es evidente que este grave problema está mayormente extendido en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad económica, donde la atención familiar está focalizada en la sobrevivencia diaria y en la salud, pues la educación para estas familias es un lujo.
La problemática del reclutamiento infantil y de la violencia es muy compleja, pero no se podrá resolver si se le ignora, y no puede ser delegada en gente improvisada en el tema.
Los diagnósticos deben ser muy puntuales y realizados por especialistas, de forma regionalizada.
Las entrevistas realizadas a niños sicarios muestran la complejidad psicosocial que está detrás.
Es un tema que no se debe posponer y no sólo quedar en el ámbito legislativo. Debe instrumentarse un gran proyecto multisectorial para proteger a la niñez.
Hospital Infantil de México
Los médicos del Hospital Infantil Federico Gómez han alertado el gran problema de falta de presupuesto para operar debido a la burocracia administrativa en la Secretaría de Hacienda. Este hospital del sector público atiende mayormente a los niños de los sectores más vulnerables del país, donde se realizan cirugías complejas desde hace muchos años habiendo salvado muchas vidas.
Sin embargo, hoy carecen de lo básico para realizar cirugías y por ello se han dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum presentando un oficio, del cual ya dieron acuse de recibido en las oficinas de la presidencia, así como al Congreso y otras dependencias.
En este régimen que se precia de humanista, desde que llegó a gobernar López Obrador se han privilegiado los temas económicos y los ahorros por encima de las necesidades de los ciudadanos y los riesgos.
Los médicos de este hospital, -de gran experiencia y mucho sentido de responsabilidad-, dan la voz de alerta y no debemos dejar de respaldarlos, pues los niños deben ser la primera prioridad nacional.
Simón Levy
Toda la operación policiaca internacional en contra de Simón Levy, -como si fuera un gran criminal-, muestra una “operación de estado” contra un opositor que abiertamente ha criticado actos de corrupción de gente cercana al expresidente López Obrador. Quizá de ahí se deriva el interés por desacreditarlo, convirtiéndolo en delincuente frente a la opinión pública, para que sus acusaciones pierdan credibilidad pública y sean ignoradas por la ciudadanía.
Los hechos demandados por los que se le persigue como peligroso delincuente son dos: la construcción de un edificio en la que supuestamente se incumplieron algunas regulaciones ambientales y un conflicto con una vecina.
En este país con tantos delitos graves cometidos por políticos poderosos, -que aún están en funciones legislativas-, a los que no se les ha abierto siquiera investigación, utilizar estos dos argumentos en contra de Simón Levy describe como opera nuestro sistema de justicia: es tolerante y encubridor con los de casa e implacable con los opositores.
Respecto a la construcción del edificio, en una entrevista que se le realizó, Levy afirma que nunca ha sido propietario de ese bien raíz, lo cual es lo primero que debiese investigarse.
Omar García Harfuch
El atentado contra Omar García Harfuch de hace unos días evidencia que la lucha contra la delincuencia, -por parte de este gobierno-, va en serio.
Sin embargo, el enemigo no sólo está afuera, sino dentro de las mismas instituciones vinculadas con la procuración de justicia. Gente que obstruye los operativos o que alerta a los delincuentes para que se escondan cuando va a haber alguna detención. Debe haber mucha gente comprometida con los delincuentes, ubicada en áreas estratégicas. Así es como se han infiltrado, comprando conciencias repartiendo dinero.
Mientras no se empiecen a limpiar las fiscalías y los cuerpos policiacos de gente comprometida con la delincuencia, esta lucha será de gran riesgo, pero no debe haber marcha para atrás, pues conforme pase el tiempo será más difícil combatir a los cárteles.
La delincuencia ha infiltrado todo… hasta la política y el entramado del caso Tabasco lo confirma.
De víctima a denunciada
El caso de la policía de investigación Rosalinda Ávalos, -quien trabajaba en la fiscalía de San Luís Potosí-, ejemplifica ésto. Después de haber descubierto en 2020 a dos de sus compañeros policías conduciendo un auto robado y habiéndolo denunciado a sus superiores, -sin que estos tomasen las acciones pertinentes en contra de los policías acusados-, y además le exigieran cerrar la investigación, ella, -con sentido de responsabilidad-, decidió por su cuenta continuar sus indagatorias, pues había una investigación en contra del denominado “cartel de la ministerial” formado por policías en activo, sus compañeros.
A cambio de ello recibió amenazas que subieron de tono hasta que dos sus hijos fueron asesinados en su propia casa en un ataque directo, del que ella y uno de sus hijos logró salvarse.
Su sorpresa fue que en las pasadas elecciones judiciales uno de los policías a los que ella acusa del asesinato de sus hijos estaba contendiendo con muchas posibilidades para ser juez penal de su estado.
Con las pruebas en la mano se presentó en la sesión en la que el Congreso de San Luís Potosí armaba las listas de candidatos y logró convencerlos de eliminarlo.
Sin embargo, este expolicía ministerial decidió vengarse de ella y la demandó penalmente por daños, y puso de testigos a miembros de un poderoso cártel, con el evidente objetivo de infundirle miedo, pues la amenazó de quitarle judicialmente el patrimonio que en muchos años de trabajo ha construido.
¿Y la Fiscalía de San Luís Potosí de qué lado se pondrá? ¿La protregerán?
Esto sólo pasa en México.
¿A usted qué le parece?
