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/ Mónica Garza /
Cada día se extiende más la pregunta: ¿En qué momento a la justicia mexicana le dejaron de importar los derechos de una víctima, siendo el nuestro un país tan lastimado por la impunidad? Y a los hechos me remito.
El pasado 18 de noviembre de 2025 quedará marcado como el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe histórico a los derechos de quienes han sido víctimas en México.
Se decidió avalar una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas, que elimina la garantía de un presupuesto mínimo, exclusivo e irreductible para la atención, ayuda y reparación integral de víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos.
Posiblemente la modalidad que hace siete años estrenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su versión más vulgar al quedar al servicio del Estado, fue el primer aviso, pero un fallo de esa naturaleza, en el máximo tribunal, es”mucho limón en la herida”…
Antes de la reforma de 2020, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contaba con la obligación constitucional de recibir un mínimo de 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, para dar ayuda, asistencia y reparación integral.
Una cifra muy modesta para un México que enfrenta una crisis de violencia de gran magnitud, pero funcionaba como piso mínimo de protección.Imaginemos el escenario en el que una madre buscadora que ha recorrido fosas, carreteras y fiscalías para localizar a su hijo desaparecido, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para pedir ayuda con transporte, alojamiento, consultas psicológicas, alimentos para menores y en su caso, gastos funerarios.
Ese apoyo que antes era ley y que ahora será prácticamente una caridad que podría llegar tarde, incompleta o simplemente no llegar.
Según cálculos de organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), para cubrir las necesidades básicas se requerirían para 2026 al menos 913 millones de pesos destinados exclusivamente a víctimas.
Pero con la nueva decisión de la Corte, el presupuesto aprobado para el siguiente año es de sólo 692 millones de pesos.
Hace cinco años el Congreso derogó ese mecanismo: eliminó el fideicomiso y dejó a la discreción presupuestal el monto destinado a víctimas. Por ello, organizaciones de derechos humanos promovieron un amparo y en marzo de 2024, la antigua Primera Sala de la Corte resolvió, por unanimidad, que la reforma era inconstitucional, pues violaba el principio de progresividad de los derechos. Pero ahora el nuevo Pleno de la SCJN —la que algunos llaman “la corte del acordeón”— rechazó declarar inconstitucional de forma general la reforma.
Cuatro ministras y ministros frenaron la restauración del mecanismo y dejaron vigente la eliminación del fondo mínimo, dando así la espalda no sólo a familias de desaparecidos, asesinados o agredidos, sino también a un principio básico: el Estado debe proteger a quienes han sido dañados.
Hoy las víctimas ya no pueden esperar con certeza apoyo del Gobierno. Ahora su reparación y acceso a la justicia dependerán de decisiones presupuestales en el Congreso, no de sus derechos.
Más de 200 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas se han pronunciado calificando la decisión como un enorme retroceso en materia de derechos humanos.
Porque la determinación se dio “vulnerando el principio de cosa juzgada y la garantía de seguridad jurídica”, al reabrir una discusión que previamente había sido resuelta, sobre la constitucionalidad de las reformas regresivas.
Las consecuencias irán más allá del dinero, porque se trata de un debilitamiento institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que sin presupuesto fijo queda sujeta a demoras o recortes a apoyos esenciales.
En este escenario muchos se preguntarán ahora, ¿qué sentido tiene presentar una denuncia? ¿Cómo se podrá confiar en la atención, seguimiento o reparación?
En un país con miles de desaparecidos, con decenas de miles de víctimas de feminicidio, tortura, desplazamiento forzado y miles de familias esperando reparación, la eliminación de este fondo es otro regalo para la impunidad.
¿Qué ha hecho México para merecer semejante abandono institucional? Y me vuelvo a preguntar: ¿por qué casi nadie está hablando de esto?…
Porque este episodio puede ser un peligroso antecedente, si el órgano encargado de proteger y dar justicia revoca de un plumazo una garantía básica, entonces cualquier otro derecho puede ser eliminado así de fácil cuando convenga…
