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/ Darío Pale /
01.12.2023. Xalapa Ver – La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matsumoto Benítez, dio a conocer que hay avances en materia de derechos humanos, pero servidores públicos siguen violándolos en la entidad Veracruzana.
En entrevista señaló que, en materia de derechos humanos, en Veracruz, en la presente administración, ha habido avances, sin embargo, las violaciones a estos o las desapariciones forzadas de personas, siguen ocurriendo.
Por lo que opinó que si sigue habiendo falta de coordinación entre las instituciones encargadas de atender este flagelo, difícilmente las víctimas podrán percibir un avance.
Reconoció que anteriormente no existía un marco normativo “idóneo” que sancionara la desaparición forzada de personas ni la cometida por particulares.
Ponderó que en la presente gestión de Cuitláhuac García Jiménez, también se crearon una serie de dependencias encargadas de atender a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos que, aunque existían en el papel, eran inoperantes.
De suerte que al día de hoy hay un un fondo de ayuda y reparación del daño para las víctimas, que cuenta de recursos, “Entonces sí hay avances, por lo menos en el entramado institucional y legal, pero sigue habiendo retos”.
Fue ahí donde señaló que lamentablemente siguen ocurriendo las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones de personas, por lo que recalcó que si los esfuerzos se siguen haciendo de manera aislada no se lograrán avances significativos.
La titular de la CEDH, mencionó que desde el ámbito de la competencia del organismo autónomo, buscan aminorar los efectos que pudiera tener una persona en materia de derechos humanos, “pero no podemos evitarlos”.
“Y el mecanismo para evitarlo, que nos da margen la Ley, es un mecanismo muy acotado, pero que además, lo hacemos permanente, como la capacitación a servidores públicos y a la sociedad civil”, señaló.
Finalmente comentó que, “Formamos promotores dentro del servicio público, promotores dentro de la sociedad civil, pensando que un servidor público tiene claridad de cuáles son sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos”.
