*
22.06.2025 Tiflis, Georgia.- Ante la noticia de que un tribunal del pais de Georgia ha ordenado a cinco organizaciones independientes de la sociedad civil que entreguen a la Oficina Anticorrupción datos sumamente delicados sobre personas beneficiarias protegidas mediante su trabajo de derechos humanos, así como información sobre sus actividades y subvenciones, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
“Esta orden es otro ejemplo más de la escalada de la represión, por parte de las autoridades, del derecho a la libertad de expresión y de asociación en Georgia, y del uso del sistema de justicia del país y de la Oficina Anticorrupción como arma para atacar y reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y organizaciones independientes de la sociedad civil. Atacar a quienes luchan por la justicia y combaten la corrupción es contrario a las obligaciones contraídas por Georgia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los relativos a la libertad de expresión y de asociación”.
Atacar a quienes luchan por la justicia y combaten la corrupción es contrario a las obligaciones contraídas por Georgia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los relativos a la libertad de expresión y de asociación.
Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
“Obligar a unas organizaciones no gubernamentales a entregar información delicada —como nombres, fotografías, historial bancario y datos de salud— de las personas beneficiarias limita la independencia y autonomía de estas organizaciones, y confiere un control gubernamental desproporcionado sobre sus operaciones. Atenta contra la crucial labor de la vibrante sociedad civil de Georgia y de quienes defienden los derechos humanos y protegen a las víctimas de torturas, violencia sexual, corrupción y otras violaciones de derechos humanos. Esta flagrante violación de los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión y de asociación debe parar”.
“Las autoridades deben anular la orden inmediatamente, derogar la represiva legislación que ataca la independencia y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, y garantizar y asegurarse de que quienes defienden los derechos humanos y quienes se dedican al activismo pueden trabajar sin temor a sufrir represalias”.
Información complementaria
El 12 de junio de 2025, el Tribunal Municipal de Tiflis dictó una orden que concedía a la Oficina Anticorrupción el derecho a exigir a cinco organizaciones de la sociedad civil —Transparencia Internacional Georgia, Sapari, Fundación de la Sociedad Civil, Centro de Investigación de Política Económica y Academia Futuro de Georgia— la entrega de una cantidad ingente de datos programáticos, administrativos, económicos y personales, también de todos sus contratistas y personas beneficiarias individuales, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 10 de junio de 2025.
La orden invoca la Ley de Subvenciones, la Ley de Asociaciones Políticas de la Ciudadanía y la Ley de Lucha contra la Corrupción, todas ellas reformadas recientemente por el partido gobernante Sueño Georgiano en su campaña para recortar los derechos a la libertad de asociación y de expresión, y otros derechos humanos.
Las ONG han condenado la iniciativa y manifestado su intención de recurrir contra ella ante los tribunales.
