*También notificará a 21 empresas de API por mal manejo de desechos en basurero de Veracruz.
*Advierten “que se buscará informar” al Presidente de la República los incumplimientos en materia ambiental encontrados a la API.
/Redacción/
Veracruz, Ver., 24 de septiembre de 2020.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz dio a conocer que va a proceder en contra de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) y las cesionarias que operan al interior de la misma, por el manejo inadecuado de sus residuos durante los últimos 20 años, el cual ha causado desequilibro ecológico y riesgos en la salud de los ciudadanos.
Anunciaron que no se descarta llamar a cuentas a los exalcaldes de Veracruz y ex directores de la Apiver, quienes habrían autorizado el depósito inadecuado de desechos tóxicos en tiradero a cielo abierto ubicado en la zona norte de la ciudad.
A juicio de la PMA se pudo constatar el impacto ambiental que las malas prácticas en el uso de los desechos han generado, toda vez que fueron depositados en el tiradero a cielo abierto ubicado al margen de la autopista Veracruz – Cardel Km. 9.5, conocido como ex hacienda Santa Fe.
“Hay estudios de laboratorio que se realizaron a fondo, en los cuales se demuestra que estas empresas ubicadas en el puerto ponen en riesgo no solo al Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), sino también a la salud pública”, aseguran
De acuerdo a los resultados del dictamen técnico ambiental, el actual sitio se encuentra en riesgo de explosión severa en cualquier punto de su estructura, además de que los lixiviados tienen metales pesados de efecto cancerígeno para el ser humano y tóxico para la flora y la fauna de los ecosistemas.
“También se ha contaminado de manera severa el suelo, subsuelo, aguas subterráneas y cuerpos de agua que se encuentran en colindancia con este sitio, además del detrimento de la calidad de agua del Sistema Arrecifal y de los ecosistemas que alberga como arrecifes de coral y pastos marinos”, sostiene la PMA.
Sentenciaron que la Procuraduría tiene la responsabilidad de investigar más a fondo y ejercer sus facultades bajo el principio de la Ley General del Equilibrio Ecológico del Medio Ambiente, el cual dice que “el que contamina, paga”.
“En este caso hay responsabilidad directa de la Apiver y sus cesionarias por haber incurrido en estas malas prácticas en el manejo de los residuos, ya que la Ley de Puertos les obliga a contar con un sitio de disposición final dentro del puerto, a fin de garantizar un cerco sanitario, tal como debe ocurrir en la actualidad por los tiempos de contingencia (COVID-19), lo cual no ha ocurrido”, señalan.
Asimismo, se adelantó que se buscará el apoyo del gobierno federal para dar seguimiento al impacto en el PNSAV.
“Es importante el tema del origen de toda la piedra que se utilizó para la construcción de los muelles de la ampliación. Fueron ocho millones de toneladas de piedra y esto ha generado desequilibrios ecológicos y lo más preocupante es el impacto que este desarrollo tiene en el Sistema Arrecifal”, manifestó.
