*Seminario analiza políticas en torno al tema.
/ María Guadalupe Lugo García/
Los niveles de pobreza y desigualdad son mayores en hogares donde viven personas con discapacidad; esta situación conlleva considerables carencias y brechas sociales, como ingresos más bajos e inestables, insuficiencia de cuidados, así como falta de apoyo y asistencia para la autonomía de esta población, señaló Daniela González Ollino, especialista del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) División de Población CEPAL.
La experta en políticas públicas sobre envejecimiento, personas mayores y sus derechos, entre otros temas, subrayó que al menos 6.5 % de la población de América Latina y el Caribe presenta algún tipo de discapacidad. “Según datos de los censos más recientes, Chile presenta una de las cifras más altas, con 11 %”.
Al dictar la conferencia “Importancia de la medición de la discapacidad”, como parte del primer día de actividades del Segundo Seminario de Procesos Institucionales con Perspectiva de Discapacidad, expuso que es importante considerar que cada uno de los países de la región atraviesa una transición demográfica distinta; por ello, aquellas naciones con una mayor población envejecida presentan una más alta proporción de personas con discapacidad.
Conforme aumenta la edad, es más probable que las personas desarrollen alguna discapacidad, “con predominio femenino, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres y, en consecuencia, mayores necesidades de asistencia y cuidados de largo plazo”, puntualizó en el encuentro organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria.
De igual forma, indicó que existen brechas de desigualdad interseccionales entre la discapacidad y el territorio de residencia; es decir, “en algunos casos se concentra una mayor población con discapacidad en zonas rurales, como sucede en Colombia, Ecuador, México y Panamá, por ejemplo”.
En el ámbito educativo, advirtió que las personas con discapacidad alcanzan niveles de escolaridad más bajos. “Se observan brechas entre hombres y mujeres no siempre claramente definidas, así como un menor nivel educativo asociado a la condición de discapacidad”.
González Ollino observó que en el mercado laboral se advierte una desigualdad ligada a la discapacidad y se cruza con la de género. “Menos del 40 % de las personas con discapacidad forman parte de la fuerza laboral; además son mayores las tazas de desempleo y los salarios, más bajos”.
Igualmente, remarcó que las mujeres con discapacidad tienen menor probabilidad de estar empleadas que los hombres con esa misma condición y que las personas sin discapacidad. “Este tema constituye un eje prioritario de la política pública”.
En el encuentro, dirigido a enlaces de atención y oficinas jurídicas de la UNAM, explicó que los censos de población y vivienda, así como las encuestas de hogares realizadas en la región, constituyen la mayor fuente de información para medir discapacidad en América Latina, “ante la ausencia de registros sectoriales de educación y salud”.
Por ejemplo, “aún no se dispone de información robusta y masiva relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres con discapacidad. Este tema no está incorporado en las encuestas que realizan nuestros países, y es algo en lo que debemos avanzar, ya que se trata de un derecho del cual desconocemos si está garantizado”.
En su participación virtual, enfatizó la necesidad de avanzar en erradicar todas las formas de discriminación, estigmatización, violencia y barreras en el ámbito comunitario.
En el tema educativo, detalló, persisten distintas barreras: “los datos muestran que las personas con discapacidad ingresan a la educación formal, pero hay altas tasas de deserción. Lo mismo ocurre con la educación superior: muchas acceden, pero no todas pueden culminar esta etapa”.
Una situación similar se presenta en el terreno laboral, donde la inserción de estas personas, incluso de quienes han concluido estudios superiores, no es igual al de quienes no tienen discapacidad. En este contexto, el reto recae en el Estado, que debe implementar políticas y programas específicos, mientras que las instituciones públicas y privadas deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar condiciones laborales inclusivas.
Destacó que en esta población existen altos niveles de dependencia, los cuales se traducen en necesidades de apoyo, asistencia y cuidados; pero también deben considerarse estos servicios garantizando su autonomía y vida independiente.
“Es crucial adoptar un enfoque social y de derechos de las políticas públicas, los marcos jurídicos y normativos, así como en los sistemas de protección social en la región, ya que en muchos casos las personas con discapacidad quedan excluidas de dichos sistemas al estar fuera del ámbito laboral, sector que en muchas naciones funciona como vía de acceso a la protección social”.
El Segundo Seminario de Procesos Institucionales con Perspectiva de Discapacidad en la UNAM, celebrado en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fue inaugurado por Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Personas con Discapacidad de la UNAM y Joshimar Mendivil Luna, jefe del Departamento de Protección Civil y Seguridad, de la Facultad de Ingeniería.
Gaceta UNAM
