Azul Etcheverry
El regreso mediante extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, trae consigo una serie de dudas y expectativas sobre su destino judicial en México y, sobre todo, las repercusiones que su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) puede traer para funcionarios públicos de alto nivel de la administración pasada.
Si bien la búsqueda de la justicia debe ser un fin por sí mismo y los responsables de violar la ley estar sujetos a ésta, la llegada del exfuncionario se ha convertido más en un espectáculo mediático al que la actual administración busca sacar un beneficio político, abriendo la caja de Pandora sobre los actos de corrupción pasados.
Vemos como el presidente López Obrador habla sin miramientos durante sus conferencias diarias sobre su lucha contra la corrupción y la búsqueda de la justicia, sin embargo, poco ha declarado sobre los acuerdos a los la FGR llegó con el equipo legal de Lozoya para que se diera su extradición y se aminoraran las consecuencias jurídicas sobre él y su familia.
De un día a otro, Emilio Lozoya pasó de ser una de las mentes criminales encargadas de la trama de Odebrecht en México a ser uno de los principales colaboradores de la justicia nacional. Es un ejemplo más del uso discrecional que la 4T le da a la ley, a tal punto en el que, el hoy presunto responsable podría incluso quedar en libertad.
No se tienen claros los alcances del acuerdo al que llegaron ambas partes, pero al parecer Lozoya accedió a participar con las autoridades delatando a otros funcionarios cercanos a la presidencia durante su cargo en el sexenio anterior a cambio de beneficios en su proceso. Esto se da a partir de figuras legales como el criterio de oportunidad, procedimiento abreviado y penas reducidas, a partir de los cuales obtendría beneficios y concesiones legales.
No obstante, para que esto ocurra debe haber consideraciones importantes. Lozoya tendría que acusar a los que fueron sus superiores, que en este caso son Pedro Joaquín Coldwell, Luis Videgaray y Enrique Peña cuando Lozoya dirigió Pemex entre 2012 y 2016. Además, estaría obligado a resarcir el daño de los delitos que se le imputan, es decir, a devolver el dinero y aún no está claro el cargo o cargos sobre los que se basaría ese pacto.
En este proceso completamente mediático, la colaboración entre las partes parece sencilla, pero realmente enarbola varias posibilidades legales, al combinar una o varias figuras y esto no suele ser sencillo ni rápido. En todo esto, las miradas están fijas en quienes sean señalados y en si la justicia logrará sentencias que justifiquen estos acuerdos de los que no se sabe mucho. Lo que esta administración busca no es justicia, sino un pretexto para no atender los problemas más urgentes y profundos como las consecuencias multisectoriales de la pandemia, el aumento sostenido del desempleo y la violencia.
