*Linotipia
/ Peniley Ramírez /
El verano pasado, un informe de FinCEN, OFAC y el FBI alertó que en México se estaba cometiendo un fraude multimillonario: desde call centers en Jalisco, operados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estafaban a ancianos en EU, vendiéndoles tiempos compartidos falsos. Entre 2019 y 2023, dicen las autoridades, esta red estafó a casi 6 mil personas, quienes perdieron unos 300 millones de dólares. Las autoridades de EU pidieron a los bancos en México que no permitieran que el dinero de este fraude pasara por sus arcas, pues se usan empresas legales para lavarlo.
En el informe de 2024 no figuraba el nombre de Lilliana ni el de su familia. Así que, en marzo pasado, ella apareció otra vez como “proveedora de alimentos” del municipio de Vallarta. Pero Lilliana tiene otros negocios más lucrativos. En otra empresa, ella es socia mayoritaria de Michael Ibarra, quien asumo que es su hermano. Ambos Ibarra Díaz son socios en Akali Realtors, que se fundó en 2022. Ahora, esa empresa está sancionada por EU como parte de una red de al menos 13 compañías que lavan ganancias de los tiempos compartidos falsos para el CJNG.
Esta semana, las autoridades de EU anunciaron que el epicentro empresarial de este esquema es Michael Ibarra, el hermano de Lilliana, un contador de Vallarta nacido en 1980. En Jalisco, una fuente oficial me aseguró que la fiscalía estatal lleva meses colaborando de manera extraoficial con EU, entregándoles información sobre call centers en Jalisco relacionados con este fraude.
En registros públicos de comercio revisé más de 60 documentos de todas las empresas relacionadas por el gobierno de EU con la red Ibarra. Encontré que, en efecto, todas tienen como socio a Michael. Los documentos permiten reconstruir cómo él pasó de vivir en una casa pequeña y popular, a un lujoso departamento en Marina Vallarta, un complejo de marina y club de golf.
En 2006, Ibarra fundó Corporativo Integral de la Costa, una empresa donde tuvo como socio a otro empresario que vivía en un departamento modesto. Un año después, Ibarra creó Inmobiliaria Integral del Puerto. Tres años más tarde se integró otro hombre con los mismos apellidos, Ibarra Díaz, a una tercera empresa: Corporativo Costa Norte. Allí fueron socios Michael y quien asumo que es otro hermano, Daniel Fabián, quien tampoco aparece en los documentos de EU.
Años después, Daniel fue jefe del rastro municipal en Vallarta y, en 2024, dejó su cargo y pidió licencia para ir como candidato municipal de Morena. Poco después, el partido lo integró en su lista de aspirantes, aunque no consiguió la candidatura. Hace unos días, cuando ya se conocía el informe de EU, Daniel estuvo en un evento local de Movimiento Ciudadano.
En los años siguientes, Michael comenzó a administrar otras sociedades y se volvió el socio mayoritario de Akali Expeditions, empresa clave en el fraude. En esa compañía, la socia minoritaria era la otra hermana, Lilliana. Llamé a una dirección que ella tenía como suya en varios registros públicos. Quería preguntarle por qué, si ella es socia de Michael en varias empresas del esquema ilegal, el gobierno de EU no la menciona. La dirección de Lilliana está en un centro comercial. Allí me dijeron que el local 27, el suyo, albergaba un negocio de comida brasileña. Ahora está vacío. Nadie sabía cómo contactarla. Ni a ella ni a Michael.
Para 2023, Michael ya tenía otras empresas señaladas en el esquema ilegal. Una era un taller mecánico. La dirección de este sitio era el domicilio oficial de Lilliana en otros documentos de su proveeduría al gobierno.
Las autoridades buscan entender cómo pudo operar durante años un esquema ilegal, fincado en empresas legales, proveedores del gobierno y funcionarios públicos, con aspiraciones políticas apoyadas por el partido que gobierna México. Si la investigación avanza, debería buscarse también este ángulo político, no solo más escándalo y crónica del narco.
