SERPIENTES Y ESCALERAS
/Salvador García Soto /
Empiezan a surgir evidencias y huellas de cómo y por qué se armó toda esta trama en la que muchos ven un “experimento reeleccionista” de López Obrador.
La madrugada de ayer viernes, a las 4:35 am, cuando el país estaba aún a oscuras, los diputados de Morena y sus aliados consumaron la virtual reelección del ministro Arturo Zaldívar por dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La aprobación de la mayoría, que consumó una orden del presidente López Obrador, desata un debate nacional y anticipa otra guerra jurídica para combatir el artículo 13 transitorio de la reforma judicial que contraviene al artículo 97 de la Constitución General: “
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
La votación de la aplanadora morenista —260 a favor y 175 en contra de la oposición— no sorprendió a nadie, acostumbrados ya al servilismo y sometimiento de las bancadas oficialistas que tampoco le quitaron “ni una coma” a esta iniciativa defendida y celebrada por el Presidente.
Pero lo que sí despertaba ayer gran expectación, con una mezcla de urgencia y morbo en la opinión pública, era saber qué posición tomaría el beneficiado de esta ampliación de mandato, el ministro Zaldívar, quien, con el argumento de que era “respetuoso del trabajo y el proceso legislativo”, guardó un silencio sepulcral de varios días en que no tuvo apariciones públicas y desató toda clase de comentarios, opiniones y especulaciones sobre si aceptaría o no el “regalazo” que le mandó a confeccionar López Obrador.
Zaldívar rompió el silencio cinco horas después con un comunicado que subió a sus redes sociales en el que, con un lenguaje farragoso y cantinflesco, reconoció que el artículo 13 transitorio “se subió de último momento” y no estaba contemplado en las propuestas originales que realizó el Poder Judicial para su reforma.
Y sin responder puntualmente si él está o no de acuerdo con la ampliación de dos años y si la acepta, el ministro se salió por peteneras diciendo que esperaría a que se presenten las controversias constitucionales sobre este artículo y sea la misma Corte la que las resuelva, en una discusión que llevaría por lo menos un año y en la que, por cierto, él no podría participar y tendría que excusarse por conflicto de interés.
En la tan esperada como anticlimática respuesta de Zaldívar, quedaron muy claras dos cosas: que el ministro supo antes del contenido de ese artículo controvertido, nunca defendió a los jueces atacados con violencia verbal por el Presidente y su gabinete; y que no quiso fijar su posición personal ni decir si sólo se quedaría los 4 años para los que fue electo o si aceptaría la reeleción de facto, abonando así a una incertidumbre que se extendería por un año más y que no abona a la imagen de una Corte y un Poder Judicial totalmente independientes y autónomos.
Porque al final, él sabe bien que la reforma va a ser declarada inconstitucional por la mayoría de ministros —porque de lo contrario la Suprema Corte estaría perdida para los mexicanos y controlada por la 4T— pero está claro que Arturo Zaldívar no quiso contrariar ni contradecir al presidente López Obrador y eludió una definición recurriendo a la máxima echeverrista de: “la ampliación de mandato ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario”.
Pero más allá de la elusiva y pusilánime respuesta del ministro Zaldívar, y cuando ya partidos y bancadas de oposición en el Congreso preparan y redactan sus controversias y acciones de inconstitucionalidad para combatir ante la misma Suprema Corte esa ampliación de mandato que consideran inconstitucional, empiezan a surgir evidencias y huellas de cómo y por qué se armó toda esta trama en la que muchos ven un “experimento reeleccionista” de López Obrador pero que, sin dudar que exista, también tiene otros trasfondos relacionados con las luchas y disputas internas por la sucesión en la Corte.
EL “ESTATE QUIETO” A MINISTROS Y SECRETARIOS
Una versión que nos dan directamente de Palacio Nacional un funcionario allegado, es que la idea de alargar el mandato de Zaldívar, que operó el Presidente con Ricardo Monreal y éste a su vez con el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, llevaba, además de la intención de levantar polémica y polarizar con un tema que jugaba a “interpretar” la Constitución, un mensaje directo de López Obrador para varios ministros de la Corte, sobre todo los que él ha propuesto para el cargo y también para un par de integrantes de su gabinete que se disputan, desde el arranque de este gobierno, el papel de operadores con el Poder Judicial federal.
Según la versión que nos dan, el Presidente se molestó al enterarse de que en la Suprema Corte había ya una serie de movimientos y grillas internas para buscar la sucesión de la presidencia de Arturo Zaldívar, que termina oficialmente en enero del próximo año. Varios ministros interesados en buscar la presidencia comenzaron a moverse y a operar para ir midiendo fuerzas y votos, anticipando así, en los hechos, la sucesión interna y debilitando la figura del actual presidente Zaldívar.
Se formaron, con miras a la elección de 2022, dos bloques de ministros en busca de la presidencia de la Corte: de un lado se mueven el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, ambos aspirantes que contendieron y perdieron con Zaldívar en 2018 y buscarían por segunda ocasión la presidencia, y del otro lado de ministros afines a la 4T, dos ministras expresaron intenciones de buscar la presidencia: la ministra Jazmín Esquível Mossa y la ministra Margarita Ríos Farjat.
Hasta ahí el tema no pasa de ser parte de la dinámica natural de la SCJN, pero lo que molestó al Presidente fueron dos cosas: la primera, que ministros que él considera cercanos a su proyecto no le hubieran avisado antes de empezar a moverse en pos de la presidencia, y la segunda, que dos miembros de su gabinete se involucraran en las grillas y golpeteos por una sucesión anticipada en la Corte.
Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, reavivaron el enfrentamiento que sostienen desde que empezó el sexenio y se metieron a impulsar cada uno a sus posibles candidatos a presidente de la Corte.
Eso fue lo que más le incomodó al Presidente, que nunca autorizó el involucramiento de sus operadores en la sucesión de la Corte y por eso decidió, en uno de sus acostumbrados manotazos, mandarles un mensaje con el artículo que propuso la continuidad, por dos años más, de la presidencia de Arturo Zaldívar.
La intención del transitorio que le pidió a Monreal y que presentó el senador del PVEM, Raúl Bolaños, era una especie de “estate quieto” no sólo para los ministros acelerados por suceder a Zaldívar, sino por su secretaria y consejero que sostienen un pleito de antología que trasladaron a la sucesión de la Suprema Corte.
ZALDÍVAR, ¿EL ÚNICO CAPAZ Y HONRADO?
La confirmación sobre la verdadera paternidad del “regalazo” la dio el propio Presidente cuando, en dos ocasiones en esta semana, mientras el asunto se aprobaba por mayoría del Senado y pasaba a la Cámara de Diputados, defendía y ensalzaba la Reforma Judicial y su controvertido transitorio: “
Yo entiendo que no es inconstitucional…mi opinión es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho a la renovación del Poder Judicial, porque urge la Reforma al Poder Judicial”, argumentó López Obrador el pasado lunes.
El argumento presidencial para avalar el transitorio y sus dos años de reelección para Zaldívar –curiosamente el mismo que manejó el senador Bolaños, autor del articulo, quien argumentó que el ministro presidente era “el único” que podía llevar a cabo la Reforma Judicial— cayó como patada de mula en la Suprema Corte de Justicia.
Varios ministros, afines y antagónicos a la 4T, se dijeron molestos por las palabras del Presidente, de las que se infería que ninguno de los otros 10 ministros tenía ni la capacidad ni la honestidad para presidir el Poder Judicial y encabezar las reformas aprobadas.
“O sea que yo soy tonto e incapaz y que no podría dirigir las reformas y a la Corte”, se escuchó preguntarse a varios ministros que tomaron el mensaje de López Obrador no sólo como una afrenta y una descalificación personal, sino como toda una intromisión al Poder Judicial y una confirmación de que el Presidente intentaba, con su propuesta de reelegir virtualmente y por orden del Congreso de la Unión a Arturo Zaldívar, controlar y terminar de someter a la Corte, al Consejo de la Judicatura y decidir así los nombramientos y despidos de jueces que hoy son criticados y atacados por sus fallos en contra de la 4T.
Así que haya sido por calmar las grillas entre ministros y miembros de su gabinete o por avanzar en su gobierno autoritario para acabar de dominar al único de los 3 Poderes constitucionales que hoy se le rebela, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en hacer de todo una polarización constante, como su única y principal estrategia de gobierno.
Ahora, esa estrategia ya no es sólo con sus conferencias mañaneras y sus alocuciones provocadoras y agresivas, sino también una guerra jurídica y constitucional con una batería de leyes controvertidas y controvertibles que está mandando a aprobar a sus mayorías con dos objetivos: el primero, garantizar que si no gana de nuevo la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias del 6 de junio, ya haya sacado la mayoría de sus iniciativas, y el segundo, que en el debate y la alharaca que provocan sus propuestas autoritarias e inconstitucionales, él gana tiempo y fortalece su narrativa de ser un “presidente atacado” y al que no dejan gobernar ni realizar su “transformación” los neoliberales, los conservadores, los medios y los grupos de interés.
Y mientras el griterío sube de tono en la República, los graves problemas reales: desempleo, crisis, inseguridad, migración, violencia feminicida, narcotráfico, siguen sin atención ni solución de su gobierno.
NOTAS INDISCRETAS…
Todo está listo para que el lunes en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, se dé a conocer el fallo sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El grupo encabezado por el diputado Pablo Gómez tiene lista la resolución, que apunta claramente al desafuero del gobernador, lo que permitiría que la Fiscalía General de la República pudiera proceder y solicitar una orden de aprehensión en su contra por los tres delitos graves que le imputa.
Tan claro está el resultado que se conocerá el lunes, que ya en Ciudad Victoria hay movimientos y cabildeos para ver quién podría ser nombrado por el Congreso local como gobernador o gobernadora sustituto, en el entendido de que será un panista quien termine el periodo de Cabeza de Vaca.
La lista de nombres que ya barajan y analizan en el Congreso local de Tamaulipas la encabeza la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, que no es mal vista por la 4T; Gerardo Peña, líder del Congreso local y cercano a Cabeza de Vaca pero no incondicional; Jesús Nader, alcalde de Tampico y socio inmobiliario del gobernador en el estado de Texas, en el complejo Woodland del condado de Brownsville; y finalmente Carlos Cantú Rosas, exalcalde de Nuevo Laredo, perseguido por Cabeza y con fuertes vínculos con la 4T.
De hecho, el martes por la noche, según periodistas tamaulipecos, Maki Ortiz y Cantú Rosas sostuvieron una reunión sobre el tema de la sustitución en la ciudad de Brownsville, Texas.
Así que en cuestión de horas se definirá la situación legal del gobernador Cabeza de Vaca y lo único que falta por saber es qué actitud tomará el panista: si se allana y acepta la procedencia de la FGR y se defiende de las acusaciones pidiendo licencia a la gubernatura o si se rebela y resiste a aceptar la facultad federal para procesarlo y convoca a sus seguidores a rebelarse a la Federación…
Al nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, le mandó un citatorio la FGR debido a que existen varias denuncias en contra de Banca Mifel por dos importantes delitos que cometió ese banco en dos negocios irregulares: tanto por cobrar a los clientes por dejarlos retirar fondos congelados por autoridades judiciales como por desviar dinero de sus clientes en transferencias internacionales. Existen más de diez denuncias por esos presuntos negocios ilegales en la Fiscalía, sobre las cuales los abogados del banco de Becker deberán rendir cuentas…
La abogada Cecilia Calderón, quien dice representar al menor de edad que fue atacado sexualmente por el diputado de Morena, Saúl Huerta, nos adelantó ayer por la noche, en Las Noticias de la Noche, de HeraldoTV, lo que hoy hará público en una conferencia de prensa donde presentará a la víctima de este caso: que el audio y la voz que se difundieron en varios medios de comunicación como exclusiva, no son del menor que violó el legislador morenista y que es un testimonio falso; que el niño de menos de 15 años no ha hablado aún con ningún medio y lo hará hoy por primera vez en su conferencia, y que el menor está hospitalizado y con daños severos por el ataque sexual; también afirma que el diputado Huerta sí le ofreció 200 mil pesos a la madre del niño para que “se callara la boca” y retirara su denuncia, y que el legislador federal conocía a la madre y al padre de su víctima y que los ayudó durante un tiempo con intenciones de acercarse al niño al que por varios meses planeó abusar.
Veremos si la abogada Calderón presenta pruebas y al testimonio real del menor agredido, luego de que, según ella, medios como Radio Fórmula y Grupo Imagen fueron engañados con una entrevista falsa y que nunca ocurrió…Los dados mandan Serpiente doble. Dura la semana.
