Ana Laura Magaloni Kerpel
El servicio de impartición de justicia es quizá el servicio público más personal que existe: su calidad, su impacto y su utilidad social dependen centralmente de los argumentos que viertan los jueces en sus sentencias. Muchos servicios públicos, además de cuadros capaces, requieren insumos costosos e indispensables. Un médico, por ejemplo, por más competente que sea, sin un quirófano para operar una apendicitis no podrá curar a ese enfermo. Tampoco habría movilidad con choferes dispuestos a transportar a las personas, pero sin calles y autobuses. Una fiscalía no puede judicializar un caso de homicidio sin contar con laboratorios forenses. La impartición de justicia, en cambio, necesita sobre todo de buenos jueces. Es cierto, también necesita una infraestructura básica. Sin embargo, en el supuesto extremo, aun sin esa infraestructura, un buen juez podría impartir justicia, porque la justicia es sobre todo un gran ejercicio argumentativo vertido en papel.
Los jueces pacifican conflictos a través de sus sentencias. En dichas sentencias, los jueces les dan vida a los razonamientos jurídicos y axiológicos con los que se determina quién gana y quién pierde, quién tiene derecho a reclamar a otro una prestación, quién debe a quién qué, qué pueden y qué no pueden hacer las autoridades. Los jueces definen los límites jurídicos y los márgenes de acción de una colectividad, incluidas las autoridades. En un contexto de altísima polarización e insertos en un proceso de cambio profundo de correlación de fuerzas sociales, los buenos jueces son imprescindibles. La posibilidad de que un proceso de cambio no se desborde pasa por razonar de forma sólida y persuasiva los límites y los márgenes de acción de todos nosotros.
La reforma judicial recientemente aprobada en el Senado tiene como uno de sus ejes más importantes el capital humano del Poder Judicial. Las y los ministros y consejeros de la Judicatura decidieron amarrarse al mástil para resistir la tentación de interferir en la carrera judicial como históricamente ha sucedido. La iniciativa aprobada propone que se legisle en la materia. Es decir, que las reglas de la carrera judicial sean indisponibles para las y los ministros y consejeros de la Judicatura. Dichas reglas las determinará el Congreso y, en este sentido, serán públicas y conocidas por todos. Con esta iniciativa se busca romper con una inercia histórica que no pudo vencer por completo la reforma de 1994. Hasta hoy, el acceso al cargo de juez y magistrado, de distintas maneras y en diferentes grados, ha pasado, en algún punto, por la aduana de alguna o varias de las cabezas del Poder Judicial federal. Así se construyó el Poder Judicial del régimen autoritario. Ello explica por qué, hasta antes de que llegara Zaldívar a la presidencia del Consejo de la Judicatura, aproximadamente una tercera parte de las personas que ingresaban a la carrera judicial eran amigos y familiares de algún ministro, consejero o magistrado. Por primera vez, el Poder Legislativo va a definir las reglas generales que deben regir el ingreso, permanencia, ascenso de cada uno de los escalones que conforman la carrera judicial. Los jueces y magistrados ya no podrán contratar sin más al sobrino del ministro o la hermana de la magistrada. Todos ingresarán por la misma puerta: la de los conocimientos y la experiencia.
¿Por qué mover las piezas de la carrera judicial en este momento? Porque es un momento de cambio y este proceso requiere de un Poder Judicial en donde sea posible que las y los jueces tengan libertad para impartir justicia. Frente a las amenazas de someter al Poder Judicial y colocar en la hoguera de la Inquisición a los tribunales federales, Arturo Zaldívar logró cambiar la conversación con el Presidente y blindar al Poder Judicial de lo que más lo puede fracturar: no reconocer que la burocracia judicial no puede ser tratada como si fuese parte de la administración pública. Gracias al ministro Arturo Zaldívar la reforma judicial se movió en la dirección correcta.
