/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Hace unos meses, en el Hay Festival de Querétaro, tuve la oportunidad de entrevistar a Anne Applebaum sobre su libro El ocaso de la democracia. En dicho texto, la autora analiza la fragilidad de las democracias contemporáneas e intenta destacar algunos elementos que explican por qué los electores de países con una extendida clase media (es decir, sin altas tasas de pobreza y desigualdad como los de América Latina) están apoyando opciones políticas autoritarias. En específico, Applebaum analiza los casos de Brexit, Polonia, Hungría y Trump.
Después de la presentación, durante la cena, le pregunté en qué momento específico se dio cuenta de que el régimen político de Polonia había cambiado. Ella vive en Polonia y le tocó la llegada de Ley y Justicia al poder. Esta pregunta dio lugar a una larga conversación que resumiría en lo siguiente. Según Applebaum, entre todo el ruido, el conflicto y la polarización que caracterizan la llegada al poder de un líder populista o autoritario, no hay que perder de vista tres pilares centrales: 1) la independencia judicial; 2) la libertad de expresión y 3) que existan las condiciones para que los opositores puedan criticar y aspirar a llegar al poder a través de las urnas.
Yo creo que esos tres pilares están interconectados entre sí. La independencia judicial es fundamental para garantizar judicialmente la no violación a los otros dos componentes. En caso de que los detentadores del poder violen el marco jurídico que protege la libertad de expresión y las condiciones que hacen posible que exista crítica y oposición al gobierno, los jueces deben poder obligarlos a cumplirlo. Sin esa garantía, la democracia puede estar herida de muerte en determinados contextos.
Como todo principio constitucional, la independencia judicial no es una categoría blanco o negro. La independencia judicial se conquista todos los días a base de decisiones judiciales y se puede perder en un descuido. Es bien importante percatarnos de que dicha independencia está asentada, entre otros elementos, en un conjunto de percepciones colectivas e históricas sobre nuestros jueces.
El presidente Lopez Obrador y muchos de los nuevos detentadores del poder no confían cabalmente en los tribunales, ni les gustan los procesos judiciales ni el gremio de abogados. Saben de los vasos comunicantes entre el sistema político y el aparato de justicia. El desafuero de AMLO es un buen ejemplo de ello. En este sentido, con la llegada de López Obrador a la Presidencia, el Poder Judicial ha estado bajo la mira y la sospecha. ¿Cómo crear las condiciones adecuadas para que las y los jueces del país puedan hacer valer su independencia frente a un Presidente tan poderoso?
Este desafío lo ha liderado en términos políticos el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Es difícil imaginar una conversación política más complicada que la de AMLO y Zaldívar. El primero ha estirado las ligas de lo permitido por el marco constitucional y el segundo ha tenido que respaldar las sentencias de las y los jueces que no le dan la razón al Presidente sin que ello lastime la relación entre los dos poderes.
Esta semana, Zaldívar, al dar su informe de labores frente al presidente López Obrador y la plana mayor de Morena, articuló un mensaje político que a mí me parece central en este momento: el Poder Judicial federal ya está en orden y por ello está en condiciones de ejercer con vigor sus funciones y su independencia. Me parece que, es cierto, en estos tres años se ha ido gestando una nueva cultura judicial con relación al nepotismo y la corrupción. Pero lo relevante, en el contexto del informe de labores, es el mensaje político: un Poder Judicial “sin cola que le pisen” es, sin duda, un Poder Judicial más independiente.
